La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA) solicitó a la Justicia federal de Bahía Blanca que amplíe la investigación contra la petrolera alemana Oiltanking Ebytem SA debido a un segundo derrame ocurrido este miércoles en el estuario de la Bahía Blanca, también conocido como ría de Bahía Blanca. También solicitó que dicte una medida cautelar para la clausura preventiva de la petrolera, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.
Se trata del segundo accidente de este tipo en los últimos 22 días que protagoniza la misma empresa y en la misma zona. La UFIMA, a cargo del fiscal Ramiro González, estableció en los últimos días que las denuncias estaban en lo cierto: la petrolera no comunicó a tiempo a las autoridades sobre el primer derrame. Además, sostuvo que en esta segunda ocasión habría ocurrido lo mismo, ya que la compañía demoró casi dos horas en comunicar el incidente a la Prefectura Naval Argentina para activar el protocolo para estos casos y comenzar a tiempo con las tareas de remediación.
La expansión de las manchas afectarían a la Reserva Natural Provincial Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, un humedal de importancia internacional y área clave en la conservación de la biodiversidad marina, que protege uno de los sistemas de islas, canales de marea, intermareales fangosos y marismas más importantes del litoral argentino.
Los daños llegarían a los Islotes de la Gaviota Cangrejera, el Área Natural Arroyo Pareja, la Isla Cantarelli y los humedales de Villa del Mar. También a otras reservas aledañas, como la Reserva Natural Costera de Bahía Blanca y la reserva costera humedal Cuatreros y humedales de la desembocadura del río Sauce Chico, de acuerdo al último dictamen del fiscal a cargo de la unidad.
El Ministerio de Ambiente de la provincia Buenos Aires ya suspendió preventivamente la operatoria de la petrolera alemana Oiltanking y solicitó de manera urgente que la Secretaría de Energía de Nación, el organismo habilitante de la actividad de la empresa, revise la operatoria para determinar si la compañía está en condiciones de seguir operando, de acuerdo con un comunicado oficial.
La fiscalía también solicitó que se cite a declarar como testigo a Hugo Mallimacci, práctico del buque Cabo Sounión, quien reportó a la Prefectura Naval Argentina el primer derrame del 26 de diciembre último. La comunicación fue a las 19:35, cuando el operario dijo divisar una mancha oleosa de 300 metros por 100 metros. A partir de entonces, las autoridades pudieron ver que la mancha era mayor y se extendía a otras áreas de la ría, un cuerpo de agua semiabierto que se forma cuando las aguas dulces provenientes de cursos de agua dulce continentales hacia el océano se mezclan con el agua salada del mar.
El Observatorio de Sismicidad Inducida, a cargo de los científicos Javier Grosso Heredia y Guillermo Tamburini Beliveau, utilizó datos satelitales para analizar el derrame y detectó que la extensión de la mancha de petróleo alcanzaría al menos 21 kilómetros cuadrados. Esa era la extensión mínima del derrame el 27 de diciembre a las 6:24 de la mañana.
Sin embargo, la empresa activó el protocolo recién a las 15:30 del día siguiente, cuando el gerente general de Oiltanking lo comunicó por teléfono a Prefectura. La zona afectada terminó siendo de al menos 3.000 metros de longitud y dentro del área natural protegida.
La causa
El expediente está a cargo del juez federal número 1 de Bahía Blanca, Walter López Da Silva, pero el fiscal federal de la jurisdicción dictaminó que la causa debe pasar a la justicia provincial. Por ese motivo, la UFIMA dictaminó a favor de que la causa siga tramitando en la Justicia federal de Bahía Blanca.
El fiscal Gonzláez también requirió que se lleve adelante un amplio estudio de impacto ambiental en la zona afectada por los dos derrames, que constate los daños a la fauna marina y a la vegetación marina.
La fiscalía de Medio Ambiente también solicitó al juez federal López Da Silva que ordene un peritaje para corroborar el correcto funcionamiento de las monoboyas y sus instalaciones conexas y de los dos buques que protagonizaron los incidentes, el Cabo Sounión y el San Matías para establecer además si las maniobras de descarga de crudo que terminaron en dos derrames se realizaron de acuerdo al protocolo que establece la ley.
A diferencia del fiscal de la causa, González dictaminó para que continúe interviniendo la Justicia federal, ya que el crudo derramado es considerado un residuo que era transportado desde afuera de la provincia, al estar involucrada más de una jurisdicción estatal y al pretender con la causa perseguir la recomposición y el resarcimiento del daño, como lo estableció la Corte Suprema.
El fiscal determinó que al tratarse de un Área Natural Protegida y parte integral de una cuenca hídrica, se debe considerar la aplicación del principio in dubio pro natura, que establece que “en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisiones deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales”.
Además, citó el principio In Dubio Pro Aqua, según el cual las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales y las leyes de aplicación deberán ser interpretadas de modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos.
Dos derrames
El 26 de diciembre último por la tarde, la monoboya de Oiltanking denominada “Punta Ancla” produjo un primer derrame en la ría, pero la empresa y las autoridades no actuaron hasta pasadas las 15 horas del día siguiente, lo que agravó las consecuencias y extensión de la mancha de petróleo, de acuerdo a la información reunida por elDiarioAR de fuentes directas del caso.
Entonces, la petrolera sostuvo que durante el amarre del buque Cabo Sounión, sin haber iniciado operaciones (el buque no tenía sus mangueras de bombeo conectadas), detectó una “oleosidad”. “Esto motivó la suspensión del amarre, previo barrido de la línea marítima y posterior inspección de las instalaciones”, dijo Oiltanking.
“Estas contingencias ponen en grave peligro al medio ambiente por el impacto que causan por las alteraciones físicas, biológicas o químicas”, dictaminó el fiscal González. Las penas por este tipo de delitos ambientales pueden ir de un mes a diez años de prisión.
El segundo derrame se produjo durante la madrugada de este miércoles y alrededor de las 5:30 de la mañana la empresa activó el Plan de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos en el Agua (Planacon) dando aviso a la Prefectura Naval Argentina (PNA). La compañía aseguró que el derrame se habría logrado contener, ya que esta vez, dio aviso a tiempo a las autoridades a tiempo, a diferencia del derrame ocurrido a finales de diciembre. Sin embargo, la UFIMA investiga lo contrario.
La petrolera informó a las autoridades que durante la operación de descarga del buque tanque San Matías, “un elemento de medición de presión presentó una falla, lo que generó un derrame de hidrocarburo” en la ría, según un comunicado de la compañía. “Percibida la fuga, la que fue observada por personal de Oiltanking a bordo, se dispuso la inmediata interrupción de la operación”, agregó.
La empresa sostuvo que “se realizaron trabajos de contención y control de la mancha por medio de barreras y booms absorbentes, a cargo de la empresa contratista CINTRA, lo que contuvo todo el derrame registrado”. Además, se dispuso que embarcaciones verifiquen la existencia de pequeños rastros de material eventualmente desprendido de la mancha principal.
ED/JJD