En un caso fue un piedrazo contra la ventanilla de un ómnibus que transportaba policías. En otro, la discusión entre el conductor de un colectivo y un automovilista por cuestiones de tránsito. En un tercero, otro chofer escuchó un disparo que en realidad no se produjo. Hechos que en cualquier contexto pasarían como incidentes menores en Rosario conmocionan a la población, trastornan la vida cotidiana de la ciudad y realimentan el miedo a la violencia narco.
El miedo tiene una razón inmediata: los asesinatos de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, el colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich. “Pero la construcción de un sentido de crisis, no ahora sino desde hace una década, ha contribuido a generar ese sentido de hartazgo, temor e inseguridad en gran parte de la población”, afirma el criminólogo Máximo Sozzo, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral.
Sozzo manifiesta su desconcierto ante la violencia narco: “No se entiende cuál es la lógica de los que producen esos hechos ni qué resultados pretenden alcanzar. La serie de ataques contra trabajadores son una excusa perfecta para escalar en una respuesta de carácter punitivo”.
Desde la constitución de un comité de crisis entre el gobierno de la Nación y el de Santa Fe, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich parece encontrar en la situación de Rosario la oportunidad para concretar promesas de la campaña electoral: el proyecto de una ley antimafia, la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión del narcomenudeo y ahora “la ley de imputabilidad” para menores, a partir de la detención de un adolescente de 15 años como sospechoso del crimen de Bruno Bussanich.
La ministra anunció anteayer en la red X que la ley de imputabilidad “ya está entrando en el Congreso”. La “deriva militarizada de la seguridad”, como la define el investigador de la UNL, tiene también su expresión en Santa Fe, donde la Legislatura provincial aprobó el miércoles una reforma del Código Procesal Penal que concede más poderes a una policía cuestionada por su complicidad con el delito y el gobernador Maximiliano Pullaro dijo que estudia un indulto para policías condenados por la Justicia.
Tanto Bullrich como la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic recomendaron en 2023 que se retirara a la policía de Santa Fe del patrullaje en la calle. Pullaro argumenta que los indultos –entre ellos a Luciano Novelli, “el Chocobar rosarino”, condenado por rematar a dos personas que estaban en el piso– serían un respaldo para la alicaída fuerza provincial. Mientras tanto, el gobierno de Santa Fe no hace comentarios sobre el hecho de que los crímenes de los taxistas y los tiroteos contra un colectivo del transporte urbano y la comisaría 19 fueron perpetrados con balas de la propia policía.
El endurecimiento de la política de seguridad en Santa Fe parece correlativo con las versiones sobre una alianza entre bandas para desestabilizar al gobierno de Pullaro. “De acuerdo a la información que se maneja en organizaciones sociales de los barrios y en fiscalías”, según dice el diputado provincial Carlos Del Frade, “hay diez bandas narcopoliciales que se pusieron momentáneamente de acuerdo para no seguir disputando el dominio territorial y que decidieron matar a jóvenes trabajadores a partir de las condiciones de detención en las cárceles provinciales”.
Máximo Sozzo no suscribe la hipótesis de la alianza entre bandas, a falta de certezas en las investigaciones judiciales. “Lo que está claro –afirma– son los resultados de los hechos: por un lado efectos de temor y de angustia que se difunden socialmente y producen las dinámicas negativas que vemos en la relación de los ciudadanos con el espacio público, y por otro efectos de carácter político, los discursos acerca de la presencia del terrorismo y las propuestas que creíamos conjuradas desde la transición hacia la democracia, como recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir el delito”.
Sozzo relaciona la anhelada reforma de la ley de Seguridad Interior con la actualización de la teoría de los dos demonios: “Para un sector extraordinariamente conservador que forma parte del Gobierno nacional hay una reivindicación de las Fuerzas Armadas, como acabamos de ver con la lectura de los excesos en la lucha contra la subversión. Se busca recrear una imagen de las Fuerzas Armadas como salvadoras de la patria, ahora frente al delito en Rosario. La propuesta es romper con un consenso de la transición hacia la democracia”.
Hay además una idea simplista de que la multiplicación de la presencia armada en el espacio público va a generar por sí misma un efecto positivo en la reducción de la criminalidad
Los helicópteros del Ejército que comprometió el ministro de Defensa Luis Petri sobrevuelan periódicamente el cielo sobre Rosario, pero el aporte parece insuficiente para la intendencia local que quisiera al personal armado en la calle. “Hay además una idea simplista de que la multiplicación de la presencia armada en el espacio público va a generar por sí misma un efecto positivo en la reducción de la criminalidad”, agrega Sozzo, también integrante del programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral.
Los factores del miedo
La nota con amenazas a Ángel Di María activó en la madrugada del lunes una nueva oleada del miedo a la violencia narco en Rosario. En el lapso de veinticuatro horas se sucedieron cuatro atentados con piedras y amenazas contra colectiveros, el hallazgo de casquillos de bala y de un explosivo en escuelas de Villa Gobernador Gálvez, una nota con amenazas múltiples en un supermercado y, como coronación de la saga, una intimidación en una estación de servicio YPF frente a la Jefatura de Policía de Rosario, donde dos motociclistas hicieron escuchar un mensaje grabado a través de un parlante: “Esta noche pasamos y vamos a tirotearlos”.
La coincidencia de los hechos sería el indicio de una planificación, según el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia. No obstante, cualquier suceso parece susceptible de ser atribuido a las bandas: la discusión entre un automovilista y el chofer de un colectivo porque uno encerró a otro en la calle terminó el jueves en un fuerte operativo policial en el centro de Rosario ante la presunción de una amenaza mafiosa.
El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni admitió que los ataques contra el transporte urbano son difíciles de anticipar. La prevención resulta imposible ante una amenaza que parece capaz de concretarse en cualquier momento y en cualquier lugar. El miedo erosiona además la creencia de que ciertas zonas de Rosario pueden ser más seguras que otras.
Cualquier suceso parece susceptible de ser atribuido a las bandas: la discusión entre un automovilista y el chofer de un colectivo porque uno encerró a otro en la calle terminó en un fuerte operativo policial ante la presunción de una amenaza mafiosa
El martes, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su preocupación por la reiteración de amenazas contra el periodismo en Rosario y también advirtió sobre las prácticas que contribuyen a la propagación del miedo como “el afán de obtener una primicia” que puede resultar “funcional al crimen organizado” y la retransmisión de las amenazas: “Las fotos de las notas con amenazas que dejan los narcos no agregan información a la población y pueden en cambio ser mensajes que los delincuentes quieren hacer llegar más allá de su espacio cercano” (https://fopea.org/alarma-en-rosario-nuevas-amenazas-del-crimen-organizado-al-periodismo/).
El sustrato del miedo en Rosario aparece como un terreno consolidado por el incremento sostenido de los homicidios dolosos, la baja tasa de esclarecimiento de casos en la Justicia, los casos de corrupción policial y cierto sentido común sobre la impunidad del delito de guante blanco asociado a las bandas, como el lavado de dinero. “Es indispensable entender que la desconfianza de los ciudadanos en la policía provincial, por su participación en distintas prácticas delictivas, juega un rol central en el temor al delito. Y es difícil que se restablezca la confianza ante la ausencia actual de cualquier idea de transformación de esa policía”, advierte Sozzo, que subraya “el silenciamiento de la agenda de la reforma policial” en el gobierno y en el conjunto de los partidos mayoritarios en Santa Fe.
La detención de una pareja por las amenazas a Di María, una pista que en ese caso conduce a presos en cárceles provinciales y la captura del presunto homicida de Bruno Bussanich, por investigaciones y procedimientos de fiscales provinciales y federales y de la Policía Federal, conjuraron en el inicio de la Semana Santa lo que se configuraba como un nuevo estado de conmoción. La policía provincial, en cambio, volvió a mostrarse negligente: el fiscal Pablo Socca acusó a dos policías de la ciudad de Funes por entorpecer las investigaciones al filtrar imágenes del auto utilizado en la intimidación contra el jugador de la selección argentina.
El ministro Cococcioni dice y repite que los crímenes y balaceras se producen como respuesta al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil. Sin embargo, ese tipo de hechos como forma de presión sobre la Justicia y la política tiene un antecedentes en los atentados a domicilios de jueces y edificios del Poder Judicial de 2018 y se suceden de forma periódica desde los ataques contra escuelas y estaciones de servicio previos a las elecciones de noviembre de 2021. En esta saga, que replica la lógica del enfrentamiento entre bandas por el control de puntos de venta, fue imputada como instigadora Patricia Celestina Contreras, madre de Ariel “Guille” Cantero y referente de la banda Los Monos.
“Balear un edificio tiene una enorme gravedad, pero los últimos asesinatos son un salto cualitativo en la violencia –señala Sozzo– y eso también explica los altos niveles de temor en la población. Uno tiende a a pensar que en los que producen estos hechos crueles hacen el juego al incremento de la deriva punitiva y militarizada. Ahí hay un interrogante difícil de responder”.
Según Carlos Del Frade, “las bandas narcopoliciales existen en las principales ciudades de Santa Fe”. El diputado del Frente Social y Popular y su compañero de bancada Fabián Oliver fueron los únicos legisladores que votaron en contra de la reforma al Código Procesal Penal de la provincia, que entre otras disposiciones devuelve a la policía santafesina la autonomía respecto de los fiscales en las investigaciones. “En base a información judicial y de medios de comunicación de la provincia registramos a fines del año pasado 147 bandas en Santa Fe, de las cuales 46 están en el departamento Rosario. Una de las que ha tomado mayor relevancia es la llamada Banda de los Menores, en el barrio 7 de septiembre”, puntualiza Del Frade.
“Lo que está completamente ausente es el debate acerca de qué policía tenemos y cómo podemos modificarla –destaca Máximo Sozzo–. Cuando miramos el conjunto de iniciativas que el gobierno provincial ha producido desde diciembre, leyes sancionadas en tiempo récord con el consentimiento de casi todos los legisladores, no encontramos ninguna con respecto a la fuerza. Parecería que la policía santafesina no es un problema sino la solución”.
OA/MG