El 1 de agosto, el Día de la Pachamama, el Tercer Malón de la Paz llegó a la Ciudad de Buenos Aires después de viajar una semana desde La Quiaca. Recorrieron 1.800 kilómetros y pasaron por Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba para llegar hasta el Palacio de Tribunales y denunciar la reforma de la Constitución de Jujuy. Todavía permanecen en el lugar.
Después de siete días de viaje, las columnas encabezadas por mujeres de pueblos originarios caminaron por la Capital Federal para mostrar el reclamo. Entre whipalas (la bandera con los colores de las comunidades), diez mujeres abrieron el paso sobre el asfalto porteño. Todas integrantes de distintas comunidades de la quebrada, el valle, la puna y la yunga jujeña. Una de ellas es Gertrudis Martínez, del paraje Negra Muerta, cerca de Humahuaca, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. “Todos hemos dejado a nuestros hijos. Muchos de los hermanos dejaron a su familia. No hemos trabajado para estar en esta lucha. Tenemos un objetivo claro: no vamos a permitir que nos vengan a avasallar. Sabemos que esta lucha es por una causa justa y la seguimos manteniendo firme”, dice mientras camina y sostiene un cartel.
Gertrudis Martínez dejó su casa a mediados de junio cuando bajó a Purmamarca, donde se hizo el corte de ruta más fuerte en contra de la reforma impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Estuvo ahí 36 días, en la unión de las rutas 9 y 52, en un campamento improvisado en medio de la inmensidad de la Quebrada de Humahuaca que fue desalojado este lunes violentamente por la policía jujeña. Estuvo durante la represión y también las semanas siguientes. Solo se fue del lugar para seguir al Tercer Malón hasta Buenos Aires. “Estamos pidiendo la intervención de la provincia, es la única manera que vamos a tener justicia por nuestros derechos, por nuestros hermanitos que fueron reprimidos y perdieron los ojitos, ese es nuestro dolor más grande. No hay reparación por el daño que Morales nos hizo al pueblo de Jujuy”, dice la mujer que vende lo que cosecha de los terrenos que heredó de sus abuelos. “La mayoría vivimos de lo sembrado, de las haciendas, de los tejidos artesanales, de la cerámica. Pero no nos importa tener el dinero, lo que sí nos importa es saber qué vamos a dejar a nuestras generaciones, cómo van a quedar nuestros hijos”, agrega.
En otra de las columnas, un cartel azul que se extiende a lo ancho de la calle enuncia: “Nación Kolla”. La encabezan ocho mujeres que llevan banderas pequeñas con los nombres de sus comunidades: Huancar, Casa Grande, Vizcarra, El Portillo. En uno de los extremos camina Mariela Gutierrez. Empuja el cochecito de Fernando, su bebé de un 14 meses. Lo trajo a cuestas todo el camino hasta Buenos Aires, donde le prestaron el carrito. “Estoy re cansada, porque así estoy. Pero, ¿qué le voy a hacer? Voy a resistir. Vine por todas las provincias a la espalda con mi guaguita. Voy a resistir hasta el último. Vengo a dar mi vida por mis hijos y por toda mi provincia que está sufriendo mucho”, dice la mujer de 28 años que tiene otros tres hijos en Jujuy.
Llegó desde Cochinoca, al norte de la provincia, a 25 kilómetros de Abra Pampa. Allí siembra y cría animales. “Toda nuestra riqueza se la quiere vender a las multinacionales y ya lo está haciendo. ¿Y nosotros? Que hemos vivido en la puna jujeña de la Pachamama. ¿Qué pasa con nosotros? Sembramos, tenemos hacienda, aramos, tejemos, esquilamos las lanas. Y si él ahora quiere explotar todo eso, ¿qué va a hacer de nosotros?”, se pregunta mientras sigue marchando con su bebé.
“Todas estamos hermanados en esta lucha. Mi descendencia, abuela, madre, todas las mujeres indígenas que salieron adelante, que lucharon por sus tierras, agricultoras, trabajadoras con los animales, todas”, explica Cristina Pérez, que camina en el mismo frente. Es docente en Salta, pero oriunda de Tilcara. “El pueblo andino, si bien es dualidad, en la lucha las que salen primero son las mujeres, porque somos las que llevamos la vida adelante. Somos las que tenemos fuerza, somos las que contagiamos a los demás. Esta dualidad es la energía viva que llevamos las mujeres, y las unimos y practicamos. No solamente estamos hoy al lado una a la otra, sino que en nuestras propias vidas también, comunitariamente cuidamos a nuestros niños, a nuestras guaguas, cuidamos a las ovejas, a las llamas, es una vida comunitaria. Esto no es fingido, no es un show, es la vida real que cada una vive en su comunidad, y es la que simplemente venimos y traemos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de existir”, agrega Cristina Pérez. Dice que está ahí por sus nietas, para que tengan una Pachamama libre, soberana y en igualdad.
En defensa del agua
Los pueblos originarios de Jujuy denuncian que la nueva carta magna no respeta la legislación internacional sobre derecho indígena, incluyendo la Constitucional Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos sobre proyectos a desarrollarse en los territorios que habitan ancestralmente. En ese sentido, denuncian que el avance sin control de proyectos de minería de litio en la provincia profundizará aún más la crisis hídrica que se vive en la Puna y sostienen que el gobierno “les está regalando” el agua a las mineras. Una vez más, son las mujeres quienes encabezan la lucha en defensa del agua. El dato no es casual: según cifras oficiales, en Argentina hay 5,3 millones de personas que no tienen acceso al agua potable dentro de su vivienda y cerca de 1 millón no lo tiene en el perímetro de su terreno. Esto significa que más del 13% de los argentinos no accede al agua en sus hogares.
En zonas rurales esto implica grandes riesgos para la salud, la alimentación y la autonomía económica de las familias que dependen de ese recurso vital para subsistir. Para acceder al agua, pagan hasta ocho veces más que en las zonas urbanas y, cuando no disponen de los recursos económicos, deben caminar hasta 6 horas diarias para conseguir el agua para consumo de fuentes no seguras. Las mujeres suelen ser las principales responsables de la administración y acarreo del agua en zonas rurales, por lo que la falta de acceso al agua potable se convierte también en una sobrecarga de las tareas de cuidado y del hogar.
Las docentes en el inicio de todo
La movilización popular en Jujuy empezó con los gremios docentes, que iniciaron medidas de fuerza (con paros incluidos) a principios de junio. Jujuy es una de las tres provincias con peores salarios después de Santiago del Estero y Formosa. Según el Informe Educativo del Salario Docente realizado por el Ministerio de Educación de la Nación en diciembre del 2022, un maestro o maestra jujeña de grado con 10 años de antigüedad ganaba $110.037. El reclamo salarial se mantuvo firme durante semanas y transmutó, continuó con el rechazo a la reforma constitucional que criminaliza la protesta. El artículo 67 de la nueva Constitución se refiere al “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”. Sostiene que el Estado debe asegurar “que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras”, a prohibir el corte de calles y rutas, entre otras restricciones.
“La presencia de los docentes fue inmanejable: una cantidad de personas, un torrente como no se veía hace años en la provincia. Tengo 49 años y no recuerdo algo así en mi vida laboral que arranqué a los 23. Esto estaba explotado, explotado totalmente. Ya venía sucediendo que se aplicaba el código contravencional y nos dimos cuenta de que en realidad ese código iba a adquirir una envergadura constitucional. Que la ‘paz social’ era un concepto que implicaba lo que está efectivamente sucediendo: aplicación de un Código Contravencional para restringir la movilización y para disciplinar con cifras exorbitantes”, indica Mercedes Sosa, secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems). Este dato tampoco es casual: la docencia es una de las profesiones más feminizadas en nuestro país y, como en la gran mayoría de casos, los sueldos son bajos.
A eso se sumaron otros gremios privados y públicos que conformaron la Intergremial, donde también las mujeres tienen lugares destacados. “Ya hace muchos años que venimos sufriendo lo que son las contravenciones. O sea, a muchos dirigentes que se movilizan les llega una contravención. Nos ha pasado incluso en el movimiento de mujeres”, explica Miriam Morales, secretaria de Género de la CTA Autónoma, a quién le prendieron fuego el auto durante la represión en la Legislatura.
“Incluso, nos pasó este 8 de marzo cuando nos movilizamos con la sectorial de mujeres de distintas organizaciones y con las familias del dolor por el alto índice de femicidios. La calle estaba obstruida por la policía, no nos dejaban movilizar y ese día ya sufrimos una represión. Por esto, nosotras dijimos que no vamos a abandonar la calle, que es el lugar donde cada una de las conquistas que tenemos como mujeres y como trabajadoras la tuvimos gracias a organizarnos y estar en la calle”, agrega Morales.
La resistencia en las rutas
En medio de un desierto de sal, a 3.450 metros sobre el nivel del mar, las 33 comunidades originarias de la Cuenca Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc se movilizan en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy. Permanecen al costado de la Ruta Nacional 52, a 130 kilómetros de la capital provincial, cerca del límite con Salta. “No somos territorio de sacrificio”, se lee en una pintada. Hay banderas argentinas y también whipalas. “La Pacha no se vende, se defiende” o “Jujuy es Argentina. No te enojes, esta lucha también es tuya”, son algunos de los carteles clavados en la banquina. Bajo el sol limpio, los manifestantes frenan a los autos que llegan desde la Cuesta de Lipán, un camino zigzagueante en medio de la quebrada. Les dan un folleto y en dos o tres minutos les resumen el reclamo.
Llevan más de un mes de permanencia y los roles están definidos. Están quienes ofician de voceros, son las más caras visibles. Como Verónica Chávez, presidenta de la Comunidad Santuario de Tres Pozos. Es la referente del grupo y su palabra es garantía, seguridad para el resto. “Si lo dice Vero..”, “Si Vero firma, entonces si”, se escucha. Con frases pausadas, Verónica Chávez explica que van a defender el salar de 212 kilómetros cuadrados hasta la muerte. “Hace más de 36 días que estamos acá, pero esto no es un desgaste, esto es una inversión. Estamos acá por nuestros hijos y nuestros nietos, la Pacha nos da energía para levantarnos”, dice. A metros de ella, un grupo canta al costado de la ruta: “Cinco siglos resistiendo / Cinco siglos de coraje / manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre”. Alejo Jacinto toca la guitarra y un grupo de casi 20 jóvenes kollas lo acompaña en voces.
En ese grupo está Nilda Barconte, sigue el ritmo con una botella de plástico vacía que golpea contra su mano siguiendo la melodía. Su voz sobresale entre el resto que canta bajito y aplaude. Tiene 32 años y una hija de tres, que queda al cuidado de la abuela. Sabe la letra de todas las canciones, disfruta cantarlas. Mientras lo hace, sonríe y anima al resto. Cuando todo queda en silencio, ella propone otra: una versión de “Muchachos”, el hit de La Mosca que se popularizó en los festejos del Campeonato del Mundo. “Hermanos, vamos todos juntos a luchar por el agua y por la vida, que esa rata salga ya / Morales, este pueblo no se calla más. Luchamos por los derechos de nuestra comunidad”, dice esta versión creada por ella y su marido. Semanas atrás, mientras estaban en el corte de Purmamarca escribieron canciones. Fue su manera de pasar el tiempo y el miedo ante la posibilidad de nueva represión como la del 17 de junio en la que más 20 personas fueron detenidas, otras heridas y tres perdieron un ojo.
“Fue muy feo ese momento. Hoy todavía duermo y sueño con eso. Pienso que van a entrar a mi casa y reprimirnos”, cuenta Nilda Barconte. Cuando se quedó sin ahorros para mantenerse en el corte de Purmamarca, a 60 kilómetros de su casa, volvió a las Salinas y reabrió el puesto que tiene en la zona turística del salar. Un lugar precario en el que vende tortillas rellenas. Ahora, se turna con el resto de la comunidad para garantizar presencia a la vera de la ruta. Cuando le toca, habla con los turistas o cocina a la intemperie en ollas de hierro negras que se calientan con leña. Cuando vuelve a su pueblo, a más de 20 kilómetros de la manifestación, se encarga de conseguir carne o de preparar algún alimento para mandar a quienes se quedan de guardia. También les da hospedaje a personas de las comunidades más alejadas, que participan del corte y no tienen vehículos para llegar a sus casas cuando cae la noche.
Termina de cantar la nueva versión de “Muchachos ”y Nilda Barconte se mezcla entre sus compañeros, se pierde debajo de una capelina negra que la cubre del sol del salar.
En el acampe en Buenos Aires, en las calles de San Salvador de Jujuy o en las permanencias en las rutas, las mujeres son protagonistas de la resistencia popular a la reforma de la Constitución.
Desalojo violento y pedido al Congreso Nacional
La policía de Jujuy desalojó violentamente el corte de Purmamarca. En la madrugada del lunes, luego de las elecciones, alrededor de 200 efectivos de Infantería de la fuerza provincial destruyeron una carpa blanca erigida al costado de la intersección de las rutas 9 y 12 desde que se inició el reclamo. También rompieron sitios sagrados de las comunidades instalados en el lugar. El desalojo se hizo sin orden judicial y cuando no había corte de ruta, dado que desde el jueves pasado se levantó de manera temporal por las elecciones.
El Tercer Malón de la Paz denunció también represión en los cortes de San Roque, Abra Pampa y otras localidades. Este lunes, algunas de las personas que permanecen en el acampe frente a la Corte Suprema se movilizaron al Congreso de la Nación para denunciar lo sucedido y pedir la intervención de la provincia. Allí exigieron una audiencia con la Presidencia de la Cámara de Diputados y pedir una acción legislativa directa. Se espera que este martes sean recibidos por diputados y diputadas oficialistas y de izquierda. Al cierre de esta nota, una asamblea en Abra Pampa definía la continuidad del corte en Purmamarca.
CDB/DTC