“¿Qué pretenden? no voy a desaparecer porque a ellos se les ocurra que los pobres tenemos que desaparecer. A los jubilados nos quieren muertos, pero tampoco me voy a morir porque se les ocurra al señor jefe de Gobierno de la Ciudad y al Presidente”. La que habla es Ana Montenegro, jubilada de 68 años, que hasta hace pocas semanas estiraba su manta en el Parque Centenario. Entona la frase como si estuviera leyendo un manifiesto de resistencia. Es una de los 2000 manteras y manteros desalojados en Caballito a mediados de este mes.
Ana vendía ropa usada para sumar ingresos a la jubilación mínima, que no llega a los 250.000 pesos. Es discapacitada visual y hace unos meses tuvo que dar de baja la prepaga después de 30 años porque ya no la pudo pagar. Antes trabajó en la feria de Parque Patricios, de donde también la expulsaron: “Me parece muy injusto. A esta edad, ¿a dónde querés que vaya a trabajar? Yo pensé que para los 70 iba a tener la cosa más o menos arreglada”, agrega.
Ana Montenegro y su marido, Fernando Latenza, también jubilado después de trabajar toda su vida como carpintero y portero, ya no usan la estufa en invierno. También redujeron gastos en las compras cotidianas y ,cuando el mes está por terminar, le piden ayuda a los hijos de ella. En agosto recibió la factura de luz: 50.000 pesos, el 20% de la jubilación. No quiere apagar las luces, eso le genera angustia porque no ve y la oscuridad le da miedo, escucha ruidos por todos lados. Dice que a esta altura de la vida, tendría que vivir un poco más tranquila.
Luego de la desregulación del precio de las prepagas que impuso el gobierno de Javier Milei, tuvo que cancelar su cobertura médica. Estuvo asociada al Hospital Británico durante 30 años pero a principios del 2024 la cuota pasó de 80.000 a 160.000 pesos, con el correr de los meses ya no la pudo sostener. “Ahora me quieren cobrar 400.000 pesos y no lo puedo pagar, a los 68 años y con discapacidad no puedo atenderme pero tampoco puedo ganarme la vida, no jodo a nadie”, agrega.
Este año Ana y Fernando decidieron vender ropa usada y elementos de bazar en la Feria de Parque Patricios. Primero fueron pertenencias de la madre de Fernando que falleció un tiempo antes. Después ropa de los hijos de Ana y ahora, ante la angustia creciente, algunas prendas que consiguen en diversos lugares. El 2 de junio fueron expulsados con otros cientos de manteros y se fueron a Parque Centenario, donde se quedaron poco más de dos meses hasta que en la madrugada del 17 de agosto el gobierno de Jorge Macri hizo un operativo en el que despejaron la zona de manteros.
En ese universo de pasillos bordeados de mantas y gente caminando lento que era el Parque Centenario los fines de semana, las realidades eran diversas: jubilados o trabajadores que para llegar a fin de mes completaban los ingresos en la feria vendiendo cosas usadas y también otras personas que vendían ropa nueva o imitaciones que competían con los comerciantes del barrio. “Compartía el tiempo con las señoras que hacían trabajos de reciclado a la noche y después venían para el Parque. La gente mantera arranca a las 4 de la mañana y se queda hasta las 8 de la noche, ¿te parece que eso no es ganas de trabajar?. Se creen que porque ponés una manta sos una persona despreciable, que vas a ir a sacarles el pan, no entienden la dignidad de ir a ganarse un mango”, agrega.
Ana ahora tiene PAMI pero no le cubre el suplemento antioxidante de vitaminas y minerales que necesita para que no empeore su enfermedad, padece “maculopatía”, una patología que afecta a la retina y que le puede producir ceguera parcial o total. “No nos dejan salir de este pozo, es muy injusto”, se lamenta Ana. Este mes, el gobierno de La Libertad Avanza redujo la cobertura del 100% en 44 medicamentos del vademécum de PAMI. Eso se suma al anuncio del presidente Milei de vetar la ley que modifica la fórmula previsional y a la represión que sufrieron los jubilados que rechazaban la medida. “Nos cuesta comer, pagar los impuestos y no tenemos defensa alguna. Tenemos dignidad y queremos trabajar, pero no nos dejan”, agrega la mujer.
El camino de la expulsión
El recorrido de supervivencia y expulsiones del espacio público que empezó en Parque Patricios y siguió en Parque Centenario, derivó en Parque Los Andes, en Chacarita, donde fueron expulsados por los mismos puesteros. “Ahí es más complicado, te echan y con otra actitud. Tocan un silbato y se vienen todos a sacar a la gente que es de otro lado, es heavy”, describe. Desde entonces, Ana y Fernando van cada fin de semana a Parque Patricios a tratar de alquilar alguno de los puestos. Tienen que estar a las 5.30 de la mañana y esperar, si alguno queda libre lo pueden usar, si no se vuelven a su casa. Una espera de casi cinco horas expuestos al frío sin saber si tendrán lugar y sin saber si vendiendo lo poco que pueden ofrecer juntarán algo de dinero para subsistir un día más.
La historia se repite
“Estoy en medio de este despelote otra vez cuando pensaba que iba a descansar”, dice con una mezcla de bronca y resignación. Ana Montenegro ya vivió el desamparo económico con la incertidumbre y la angustia que generaron los gobiernos neoliberales. Durante la presidencia de Carlos Menem, en la década del 90, su marido de ese momento y padre de sus hijos se deprimió tras ser despedido de la Junta Nacional de Granos, el organismo estatal que regulaba el mercado. En ese momento, Ana se convirtió en jefa de hogar como más del 30% de las mujeres que entre 1995 y 2006 ocuparon ese rol tras el desempleo de otros miembros de la familia. Tenía trabajos simultáneos, se desempeñó como empleada en un geriátrico y en un restaurante. Trabajaba en la cocina y con la carne que sobraba de las milanesas hacía guisos para sus hijos. “No me cuenten lo que es porque yo ya lo pasé: tenía tres laburos para mantener a mis hijos y otra vez estoy en este lío, no me parece justo”, repite.
Rosandy de la Cruz también es jefa de hogar, tiene 58 años y dos hijas, de 20 y 9. Su marido, Oscar, está desempleado desde el año pasado, era jefe de Recursos Humanos en una empresa de Villa del Parque y ahora atraviesa un proceso de diálisis. Hasta mediados de agosto, Rosandy iba cada fin de semana al Parque Centenario a vender ropa usada y antiguedades. De su manta podían salir las prendas más diversas: para bebés, adultos, adolescentes. Todo estaba ahí. Compraba la ropa por Facebook, según el dinero que tenía. A veces, hacía compras de 50.000 pesos, otras de 60.000, según la recaudación. Un fin de semana bueno podía conseguir alrededor de 30.000 pesos por día. Con eso tiraba para los gastos de la semana y para algún extra para sus hijas María Belén y Alexia.
“No sé cómo explicarle a la más chica que no puedo darle los gustitos. Ya no puedo comprarle un yogur o unas galletitas, el paquete está a 1500 o 2000 pesos”, cuenta Rosandy. La feria era su principal ingreso, lo completaba con algunas changas de limpieza. Ahora, solo le quedan tres casas a las que va a limpiar una vez a la semana entre dos y tres horas, le pagan 2500 pesos y no le reconocen los viáticos. Cuenta que en su familia redujeron el consumo de carne y que se ajustan cada vez más. “Como dice el refrán: estamos más pobres que siempre”, afirma mientras se ríe. Ahora ya no me puedo dar un gusto, ni siquiera ir a tomar un café.
“La semana pasada estuve en el Parque Centenario y entre los vecinos había un reclamo que se repetía: la usurpación del espacio público que hacen los manteros (...) Los que genuinamente quieran trabajar, tienen el lugar para hacerlo en las Ferias de la Ciudad. No vale todo ni da todo lo mismo”, escribió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la red social X tras el desalojo de los manteros. Sin embargo, Rosandy, Ana y varias más entregaron presentaciones formales ante el GCBA y no tuvieron respuesta. “Hicimos lo que él dice, pero nada de nada”, relatan. También se presentaron en la Defensoría del Pueblo, pero todo sigue igual, lejos de los parques.
“Todo esto me genera mucha angustia, yo tenía ahí mi trabajo, mis amigos, me divertía”, recuerda Rosandy. Entre los manteros la llamaban “La alegría del parque” porque siempre bailaba. Sin importar el ritmo, ella siempre bailaba. “Soy negra dominicana, la música que se escuchaba, yo la bailaba. Llevo la alegría en la sangre”, describe. Rosandy nació en República Dominicana, pero hace 40 años que vive en Argentina, estuvo un tiempo en España y volvió. “Yo ya soy argentina”, afirma mientras resalta la “y”.
Mientras tanto, evalúa qué hacer con el alquiler de su casa en Balvanera por la que paga 400.000 pesos. El propietario ya le avisó que le aumentará a 600.000, a lo que tiene que agregar 50.000 de expensas. También le preocupan sus hijas, la mayor que está estudiando Medicina y, la menor, a la que no le puede dar los gustos. También piensa en su salud, tiene diabetes y artritis y por ahora consigue los medicamentos en la salita del barrio, pero no sabe cuánto más va a durar eso. “No sé qué hacer, te sacan de todos lados”, comenta. Ella, igual que Ana Montenegro, también fue expulsada de Parque Patricios.
Ana y Rosandy, dos historias detrás de las mantas con ropa usada sobre el césped prolijo de un parque público en la ciudad capital de la Argentina, la más rica del país. A los 68 años, Ana Montenegro repite como un manifiesto: “Otra vez nos quieren descartar, pero yo no me voy a dar por descartada”.
CDB/MG