Por orden de la Justicia, fuerzas de seguridad desalojaron a una comunidad mapuche en el Parque Nacional Los Alerces

El Ministerio de Seguridad de la Nación, en colaboración con la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Administración de Parques Nacionales, procedió este jueves al desalojo del grupo mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde 2020, de acuerdo a lo que dictaminó el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, “ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces”, en la provincia de Chubut.

De acuerdo a los medios locales, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, estuvieron presentes en el lugar y el juzgado federal informó que no había ninguna persona de la comunidad mapuche “Lof Pailako” en el predio a desalojar en el Parque Los Alerces cuando se presentaron con las fuerzas policiales.

“Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020. Continúa el operativo. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, publicó en su cuenta de X el director de parques nacionales, Cristian Larsen.

El funcionario aludió de ese modo a la ocupación que mantenía la comunidad mapuche “Lof Paillako”, encabezada por Cruz Cárdenas, y cuyo desalojo fue ordenado por el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, quien interviene en la causa por tratarse de un parque nacional cuyas tierras son federales.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó que el predio fue desalojado por las fuerzas federales manera pacífica y cuestionó a los ocupantes ilegales, de quienes dijo se “autoperciben originarios”.

Desde la gobernación se señaló que “la ocupación de estas tierras generó múltiples inconvenientes, entre ellos ataques físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales y un grave perjuicio al derecho de la propiedad del Estado Nacional”.

Desde Parques Nacionales, Larsen, destacó en su cuenta de X que “cuando asumimos nuestra gestión dijimos que ninguna otra bandera más que la argentina iba a flamear en los Parques Nacionales. Hoy lo cumplimos”.

Qué decía el comunicado de Parques Nacionales

Según indicaba el comunicado que anunciaba la medida, el operativo se llevaba a cabo por las Fuerzas Federales con el objetivo de “restablecer el orden y garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley”. El comunicado detalla que la “ocupación incluye una seccional de Guardaparques y ha generado conflictos en la zona, con ataques verbales y físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales, además de un grave perjuicio al derecho de propiedad del Estado Nacional”.

“El Gobierno Nacional ha decidido no prorrogar la Ley N.º 26.160 de emergencia territorial indígena, una legislación impulsada y respaldada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos”, sostuvo el texto oficial.

A partir de esta decisión, el Gobierno retoma la facultad de actuar en defensa de la propiedad y el orden legal, siempre que existan sentencias firmes dictadas por la Justicia. El operativo se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad, con el fin de proteger tanto la integridad de las personas como la preservación del entorno natural.

“Este procedimiento tiene como objetivo poner fin a una situación que ha alterado la tranquilidad de la comunidad local y perjudicado, de manera directa o indirecta, los intereses de todos los argentinos”, agregaba el comunicado.

Qué habían dicho los abogados de Cruz Cárdenas

Los integrantes de la Asociación Gremial de Abogados que representan a la comunidad mapuche “Lof Pailako” que se encuentra instalada en la seccional de guardaparques El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces, denunciaron días atrás una “cacería interminable contra los pueblos originarios” por parte de la Administración de Parques Nacionales, organismo al que calificaron como “Parques Nacionales SA”, de acuerdo a lo que informó El Cordillerano el pasado 30 de diciembre.

Al referirse al caso, los letrados explicaron que la causa “llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación tratando de parar el arbitrario desalojo que ordenó el juez Otranto, de Esquel, y que los jueces Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra, de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, convalidaron sin ningún miramiento”.

Según los abogados, “cuando se recurre en queja a la Corte, en principio las sentencias deben ejecutarse igual, pero existen varios antecedentes en los que la Corte suspendió la ejecución por considerar que se podía producir un daño irreparable, como lo sería en este caso”, al tiempo que recordaron que el juez Otranto, “en un rapto de lucidez, entonces, suspendió el desalojo hasta que la Corte decidiera”, pero que, ante la intervención de Parques, los jueces de la Cámara “revocaron la resolución”.

De acuerdo a la recopilación de las instancias que hicieron los letrados, “luego desde Parques Nacionales se presentaron ante Otranto para solicitar que el desalojo se concretara, ante lo que el magistrado dio la orden para que la medida se efectivice en en cinco días hábiles, habilitando la feria para que se pueda llevar a cabo”, algo que finalmente ocurrió este jueves 9 de enero con intervención de fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y locales.

Para los representantes legales, “ni este ni otros conflictos territoriales son temas exclusivamente jurídicos. De jurídico tienen poco o nada. Son causas y temas esencialmente políticos y por ende la solución también es política”, sostuvieron.

El decreto que abrió la puerta para los desalojos de las comunidades indígenas y la llegada de los negocios mineros

Mediante el Decreto 1083/24, publicado a comienzos de diciembre pasado en Boletín Oficial, quedó sin efecto la ley 26.160. Esta norma, vigente desde hace 18 años, declaraba la emergencia territorial, ordenaba el relevamiento de comunidades indígenas y prohibía los desalojos hasta que completarse el relevamiento de las tierras ancestrales.

Como informara elDiarioAR en su momento, en una nota de la periodista Jazmín Bazán, el decreto dio por “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para derogar la norma, aparence las sucesivas prórrogas a la situación de emergencia que terminaron generando “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios”, “un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas”.

“Desde 1492, los pueblos originarios, sujetos preexistentes a los Estados, venimos sufriendo un atropello sistemático de genocidio y etnocidio por parte de la empresa colonizadora e imperialista. Hoy, el Gobierno retoma ese camino de persecución, odio y racismo”, aseguran desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

“Derogar derechos por decreto es propio de un gobierno autoritario. Negar la registración comunitaria y la delimitación territorial es violentar los derechos adquiridos, contradiciendo la Constitución Nacional y los derechos internacionales”, agregan.

La Constitución reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Asimismo, establece la obligación de garantizar “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan” y “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. 

El Convenio 169 de la OIT, incorporado mediante la ley 24.071, es considerado el marco más completo para el reconocimiento de los derechos indígenas. Argentina, además, ha adherido a múltiples declaraciones de la ONU y la Organización de Estados Americanos en esta materia.

ENOTPO denuncia que el país busca “congraciarse con las élites del poder concentrado mundial, poniendo al país en un estado de inseguridad jurídica muy peligrosa”. Y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se ha convertido en “una oficina libertaria que convalida los atropellos, saqueos y usurpaciones”. 

Uno de los conflictos más resonantes fue el que la comunidad mapuche Paicil Antriao de Bariloche mantuvo con el ex basquetbolista Emanuel Ginóbil por 12 hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX. Ginóbili había denuniciado por usurpación a la comunidad, pero la justicia acabó dándole la razón a los mapuches cuyas tierras habían sido relevadas en el marco de la ley 26.160.

Impacto en los derechos indígenas

María José Venancio, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que la ley 26.160, de 2006, venía siendo “vaciada en su contenido y vulnerada en sus principios de protección de los territorios indígenas”. Muchos relevamientos territoriales habían sido suspendidos y se emitieron decenas de órdenes de desalojo, incluso contra comunidades con relevamientos concluidos y aprobados.

El CELS va a informar de la reciente derogación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de pueblos indígenas y al Alto Comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.

La letrada destaca que la mayoría de las disputas actuales se concentran en la Patagonia –con fuerte presencia mapuche– y en el norte. Ambas regiones fueron las primeras en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que favorece las industrias extractivas.

En estas provincias se vulnera el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Se han promovido protocolos y modificaciones legislativas, como en Jujuy, para simular procesos de consulta, sin respetar los órganos de representación histórica. Esto ocurre especialmente en territorios vinculados a la minería, hidrocarburos, litio y negocios inmobiliarios“, señaló la letrada. Además, afirma: ”Los derechos humanos se convierten en un obstáculo para el desarrollo de estos modelos productivos, sustentados en discursos racistas y discriminatorios“.

Sin ir más lejos, en 2023, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo afirmó que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza”. En enero de este año, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó, sin pruebas, contra el pueblo mapuche por un incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”, cuestionando su identidad. Al enfrentamiento contra el pueblo mapuche se suma la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de frases como “basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina”.

Una ¿segunda “campaña al desierto”?

Gabriel Jofre, profesor de historia y autoridad de la organización Identidad Territorial Malalweche (perteneciente al pueblo mapuche en la provincia de Mendoza), enfatiza que no se debe hablar de “retroceso” como un hecho consumado. En cambio, sugiere que se vive un momento de enfrentamiento de modelos, con lugar para la resistencia.

Jofre señala que la sanción de la ahora derogada ley 26.160 había representado un punto cúlmine en el derecho indígena en Argentina. “El proceso de relevamiento visibilizó disputas en áreas donde las comunidades luchaban por permanecer en sus territorios ancestrales o recuperar aquellos de donde habían sido desplazadas. También mostró los intereses económicos en zonas ricas en bienes naturales”.

“El actual gobierno nacional ha profundizado esta tensión, avanzando en políticas que priorizan los intereses corporativos”, alega Jofre. En este contexto, enmarca la cada vez mayor convergencia de las demandas indígenas y ambientalistas. 

Para Jofre, el modelo impulsado por el gobierno nacional de desarrollo perpetúa las lógicas de “neocolonialismo”; una nueva “campaña al desierto”. “Históricamente, los pueblos indígenas han sido acusados de fragmentar los Estados nacionales o promover el separatismo. Sin embargo, no buscan dividir, sino replantear la relación entre las comunidades y los territorios, considerando una cosmovisión donde el vínculo espiritual y cultural con la tierra trasciende las divisiones geopolíticas modernas”, concluye.

La posición de La Libertad Avanza quedó evidenciada en noviembre, cuando Argentina votó en contra de una resolución de la ONU para fortalecer el marco normativo internacional de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Hay una campaña de estigmatización y persecución del gobierno, y tiene que ver con los recursos naturales. Solo en Mendoza, hay 34 proyectos mineros que no han sido consultados”, indica Sandra Silva. Ella es werkén del Lof mapuche Pewel Katuwe, de San Rafael Mendoza, y referente de la Organización Nacional Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio (MOEL).

De acuerdo con MOEL, los derechos conquistados peligran, de la mano del “cambio climático, la situación económica, el avasallamiento a los pueblos”. La cuestión de género se mezcla con la ambiental e indígena. “Creemos en la dualidad, pero nuestra cultura es matriarcal”. Insiste en que la presencia de las mujeres originarias es fundamental para defender el territorio. 

Derechos de la naturaleza y comunidades originarias

Diversos tratados vinculados a la protección del medioambiente también resguardan los derechos de los pueblos originarios. Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), detalla que el rol de los pueblos originarios como custodios de la biodiversidad fue reconocido hace más de dos décadas, en el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, ratificado en el país mediante la ley 24.375. 

Este año, durante la Conferencia sobre Biodiversidad (COP16) en Cali, se creó un órgano subsidiario para proteger los conocimiento tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales asociados a la biodiversidad. Sin embargo, hay una gran brecha entre el texto y la implementación.

Pía Marchegiani, también directora ejecutiva adjunta de FARN, destacó que el Acuerdo de Escazú exige proteger a quienes defienden el ecosistema. “El gobierno está ignorando estas obligaciones”, advirtió. La especialista enfatizó que el modelo extractivista actual promueve una explotación de recursos sin criterios responsables ni evaluaciones de impacto ambiental, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como el diálogo democrático e intercultural que el país debería consolidar.

Con información de agencias y de El Cordillerano.

IG