El pasado 4 de septiembre, Enrique Acosta, Consejero de Pueblos Indígenas y miembro de la comunidad Sentimiento de mi Tierra, del pueblo originario sanavirón, esperaba ansioso en la puerta de una escribanía de Añatuya, en Santiago del Estero. Ese mismo día, a 900 kilómetros de ahí, Javier Milei ordenaba reprimir con palos y gases lacrimógenos a los jubilados que se manifestaban frente al Congreso de la Nación contra el veto a la Ley de aumento jubilatorio. Pero esa no era la preocupación principal de Acosta, sino que nada modificara lo acordado días antes con Norberto “Beto” Milei, padre del Presidente: la firma de un acuerdo transaccional que pondría fin a un conflicto territorial de 30 años con su comunidad.
Al entrar a la oficina junto a compañeros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y otros referentes indígenas, Acosta vio que “Beto” Milei ya estaba allí. Milei anunció: “Yo les dí mi palabra hace 60 días de que iba a firmar y aquí estoy”. Al volver a su comunidad de Pampa Atun, en el Departamento de Mitre, el dirigente indígena descargó las lágrimas que había contenido durante la jornada, se abrazó con su familia y organizó una reunión con la comunidad para festejar: “Por fin, después de treinta años, ahora estamos pisando nuestra tierra”.
Si bien el paraje de Pampa Atun es habitado por las familias de la comunidad sanavirona Sentimiento de mi Tierra desde antes de la conformación del Estado Argentino, fue adquirido en 1995 por la empresa agropecuaria La Ponderosa SA, cuyo principal dueño es Norberto Milei. Durante 30 años mantuvieron un conflicto legal que se tradujo en sucesivas denuncias, notificaciones judiciales y una sentencia de desalojo. Mediante el acuerdo firmado la empresa finalmente reconoció a la comunidad aproximadamente el 50% de las 5.800 hectáreas que poseía en la zona.
La situación territorial de las comunidades indígenas y campesinas de Santiago del Estero históricamente se ha caracterizado por la inseguridad jurídica: si bien son poseedores de las tierras ancestrales que ocupan, en la mayoría de los casos no han podido acceder a los títulos o escrituras.
En 1996 se sanciona en La Ley Catastral de la Provincia (N° 6.339) que regulariza el registro, ordenamiento y control de los títulos de propiedad o de la posesión ejercida. Pero la empresa La Ponderosa SA adquirió las tierras un año antes en el marco de una situación de anomalía registral, especificaron referentes del MOCASE a elDiarioAR. Durante aquella época, muchos títulos se generaban por adjudicaciones a personas que no ejercían posesión en las tierras, que eran objeto de la adjudicación a través de un sinnúmero de escrituras circulando por el registro de la propiedad, escribanías, cafetines, o remates en entidades financieras y bancos.
Un documento aportado por la organización detalla que en estos remates había quienes invertían dinero y compraban campos a sabiendas de que existen personas viviendo en el lugar. “Al llegar se encontraban con la realidad de que esas personas eran familias de varias generaciones de vida y posesión continuada en esas tierras”, detalla.
Así fue que La Pondersa SA adquirió las tierras de Pampa Atun y otros campos de la zona sur de la provincia, más cercanas a la ciudad de Pinto (cabecera del Departamento Aguirre), a pocos kilómetros de la localidad conocida como Casares.
La Ponderosa SA se dedica a la producción de maíz, algodón, trigo y a la ganadería vacuna. En las tierras de Pampa Atun nunca entró en actividad, lo va a hacer próximamente una vez que se hagan las limitaciones acordadas. La zona, sin embargo, no es muy adecuada para la agricultura: se conecta con los pueblos más cercanos de Villa Unión y Pinto por caminos de tierra rodeados de sectores poco aptos para el cultivo, donde las precipitaciones forman acumulaciones de agua conocidas como bañados. Por eso, cuando la comunidad tuvo que elegir un nombre para registrarse ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), fue fácil decidirse: Pampa, porque en su lengua significa limpio, y Atun, por grande. En ese territorio grande y limpio habitan hoy 17 familias que viven de la producción: crían ganado, aves de corral y hacen apicultura.
Acosta todavía era chico cuando comenzó el conflicto con la empresa. Un día de 1995, su abuelo y su papá amanecieron raros, distintos. Al ir a los corrales, vieron que estaban intentando entrar con topadoras a las tierras de la comunidad. Todas las familias se organizaron rápidamente para impedirlo.
En esos días, llegó a la comunidad una carta del dueño de la empresa, aún desconocido, con una propuesta: donarles veinte hectáreas a la comunidad y venderles treinta. “Imagínese, las familias querían enloquecer, sólo veinte hectáreas, teniendo vacas, cabras, ovejas y todo. No”, dice Acosta. Se organizaron entonces en el MOCASE a principios de 1996, lo cual no impidió nuevos intentos de desalojo en Pampa Atun, pero le garantizó a la comunidad una estructura política mayor para resistir y negociar.
En el año 2007 llegó la última orden de desalojo. Montaron en la comunidad una carpa de nylon negro y allí resistieron durante 45 días hasta que llegó un grupo de 60 policías a desalojarlos. Sin embargo, gracias a la intervención del MOCASE, quienes se hicieron presentes en el lugar, lograron impedir el desalojo.
“Investigando nos enteramos que la empresa es del padre de Milei. Y nosotros como comunidad indígena, viendo la situación del país después de que asumió este año, y sabiendo que tenemos órdenes de desalojo, que hemos peleado ya casi 30 años, tuvimos una reunión con la ministra de seguridad y el gobernador para ver qué es lo que quería de la comunidad”, explica Acosta.
El gobierno provincial confirmó a elDiarioAR que el acuerdo se logró a través de la intervención de la mesa de diálogo que suele convocar a solucionar los conflictos de tierras. Las negociaciones llevaron casi tres meses de trabajo, cuenta Adolfo Farías, de ir con el equipo técnico al territorio a hacer los mapas y tomar los puntos GPS para establecer las mediciones. Desde el principio, dice el dirigente, “fuimos muy claritos de que lo que queríamos era el territorio relevado en el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas hace años”.
Tal relevamiento se llevó a cabo en el marco de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena sancionada a fines del año 2006, que el actual gobierno de Javier Milei pretende derogar. La normativa prohíbe los desalojos y avanza en la regulación y registro de las tierras indígenas ancestrales. Si bien no garantiza la entrega de títulos a las comunidades, establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras, importante paso para su posible consecución.
En el año 2009, la Comunidad Sentimiento de mi Tierra adquirió su personería jurídica y en el año 2012 culminó el proceso de relevamiento de sus territorios ancestrales por el INAI.
El trámite en Añatuya terminó rápido, pero para los representantes del MOCASE, fue un hecho histórico: significa que la comunidad no tendrá que vivir con miedo de volver a enfrentar un desalojo. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei sigue tomando medidas contrarias a los derechos indígenas, como el desfinanciamiento del INAI tras sus anuncios de disolución, la derogación de la Ley de Tierras y la reciente creación de un Comando Unificado de fuerzas para reprimir conflictos ambientales. Por eso, para Acosta y la comunidad de Pampa Atun, la consigna de lucha no ha cambiado: “Aunque ya no nos volteen las casas, seguiremos resistiendo”.
LB/DTC