“Los agrotóxicos enferman y matan; la impunidad, también”, la frase la dice una vecina del colectivo Exaltación Salud sentada bajo la sombra de un árbol en la plaza principal de Los Cardales, Partido de Exaltación de la Cruz, un municipio situado al noreste de la Provincia de Buenos Aires cuya actividad principal es la agrícola.
Desde 2019 el municipio cuenta con una ordenanza municipal que impide las fumigaciones aéreas y una medida cautelar que establece una distancia mínima de 1.000 metros de casas y escuelas para las fumigaciones terrestres. Sin embargo, desde Exaltación Salud señalan que estas normas son violadas una y otra vez sin que los funcionarios realicen intervenciones eficaces y ante la quietud de la Justicia que no investiga y, por tanto, no condena.
La fumigación del 16 de septiembre pasado marcó un punto de inflexión en esas denuncias: por un lado, el campo es explotado por un gigante agroindustrial como Adecoagro –Las Tres Niñas, Molinos Ala, entre otras marcas– mientras que en las otras denuncias los campos eran de productores más pequeños.
Por el otro, las vecinas y vecinos aseguran que los funcionarios no sólo no frenaron la fumigación ilegal sino que luego mintieron respecto a lo sucedido en las actas y ante la Fiscalía que, por su parte, tiene al menos 10 causas desde 2019 sin investigar.
La última denuncia
El 16 de septiembre pasado Verónica Garri se encontraba tomando mate en su patio cuando –cuenta– vio un mosquito esparciendo agroquímicos a una distancia menor de 1.000 metros de la Escuela N°5 de La Lata. Mientras su compañero le pedía permiso al dueño del campo lindante a la escuela para pasar a filmar, ella llamaba al Centro de Vigilancia Urbana, también llamado Centro de Apoyo Vecinal (CAV) o Guardia Urbana. Eran cerca de las 18. Media hora después llegaba Magdalena Ramos, supervisora general del CAV.
“Magdalena Ramos llegó a las 18.30. Estábamos juntas cuando hicimos el cálculo de unos 740 metros que había de distancia entre el mosquito fumigando y la escuela”, cuenta a elDiarioAR Verónica, integrante de Exaltación Salud. Y continúa: “Cerca de las 19 llegaron dos oficiales del Comando de la Patrulla Rural (dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense), Cristian Suárez y Daiana Britez, quienes también vieron al mosquito fumigando a menos de mil metros de la escuela. En ese momento les dije que me tomaran la denuncia, pero me dijeron que iban a hablar con el conductor del mosquito. Hablaron unos 40 minutos, tras lo cual el mosquito siguió fumigando. Cuando regresaron me dijeron que el aplicador ‘tenía la receta’. Le dije lo de los mil metros y que, además, ya eran las 21 por lo que tampoco estaban cumpliendo con las 12 horas de distancia que tiene que haber entre la aplicación y el comienzo de clases, pero tampoco les importó”.
La policía le dijo que fuera a realizar la denuncia a la Dependencia Policial al día siguiente. Verónica insistió con que se la tomaran en el momento pero se volvieron a negar. “Casi a la medianoche estaba en casa con mis hijas y me llamaron para decirme que me iban a mandar un patrullero para tomarme la denuncia. Me negué pero lo enviaron igual y no declaré”, relata.
Tras idas y vueltas, Verónica declaró ante la Fiscalía el 3 de octubre. Ese día también lo hizo el propietario del campo lindante con la escuela –que permitió pasar al marido de Verónica a filmar–, quien ratificó que el mosquito estaba fumigando a menos de 1.000 metros de distancia del colegio.
Sin embargo, el acta que hizo de Magdalena Ramos, de la Guardia Urbana, no coincide con la declaración de Verónica. Si bien menciona que “la vecina” dice que el mosquito estaba a 800 metros, ella sitúa las coordenadas a más de 1.000 metros y deja en claro que “al momento de ser interceptada la maquinaria no incumple con la cautelar”. Además indica que por la lejanía a la que se encontraba no puede determinar si estaba o no aplicando productos. La funcionaria ratificó esa postura en su declaración frente a la fiscalía, también el 3 de octubre.
Por su parte, el acta de procedimiento policial del Comando de la Patrulla Rural también señala que cuando llegó el mosquito estaba a más de 1.000 metros de la escuela. Lo interesante de ese documento es que mencionan que asistieron al lugar tras haber sido llamados por el Centro de Apoyo Vecinal; es decir, por la dependencia en la que trabaja Magdalena Ramos. Aquí podría surgir una duda: ¿Por qué llama Ramos al Comando Rural si el mosquito no estaba infringiendo la cautelar?.
“No tengo idea cuál es la razón por la que mienten tan descaradamente. A las mentiras de esta funcionaria y de los policías rurales se suma que nunca vino el fiscalizador municipal (César Muratori) que tiene que ver la receta y a cuánto fumigan. Hay mucho ocultamiento en este caso; pero no es la primera vez que pasa: en otras denuncias previas ha pasado lo mismo, tienen más derechos los que están incumpliendo que las víctimas. Te da bronca y te da pena también, porque viven acá, y las enfermedades que causan los agrotóxicos no son selectivas, a ellas y ellos también les puede pasar por más plata que hayan ganado”, dice Verónica.
La vecina describe, además, que en las causas los denunciantes siempre tienen que aportar pruebas como videos, fotos, testigos, pero los denunciados “no presentan nada”.
La receta que no aparece
Según consta en el acta que realizó Magdalena Ramos, la maquinaria estaba conducida por Javier Cignoli, quien habría presentado ante los oficiales que lo interceptaron la receta agronómica y tenía toda su documentación al día (vtv, cédula, etc.). Lo mismo figura en el acta de procedimiento realizado por la Policía Rural, donde incluso brindan detalles de la receta agronómica: lo que se esparcía (siempre según el acta) era “Azoxistrobina+Cypronozole y Esteres Metílicos de Ácidos Grasos de Aceites Vegetales” (fungicidas) y estaba firmada por el ingeniero agrónomo Fermín Sanin, empleado de Adecoagro.
Adecoagro es una empresa agrícola fundada en 2002 que tiene presencia en Argentina, Brasil y Uruguay. En la actualidad es dueña de marcas reconocidas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, Angelita, Monte Alegre y 53. En comunicación con elDiarioAR, de la empresa indicaron que son arrendatarios del campo donde se habría realizado la fumigación del 16 de septiembre y que actualmente se encuentra sembrado con trigo.
“Me entero de esta denuncia por su llamado. Cignoli (quien manejaba la maquinaria) no es empleado de Adecoagro sino contratista. Fermín Sanin (el ingeniero agrónomo que supuestamente habría firmado la receta) sí es empleado de nuestra firma pero no debería haber firmado ninguna receta”, señala en comunicación telefónica el ingeniero agrónomo Edmundo Nolan del equipo de Agricultura de Adecoagro.
Nolan explica que “en la actualidad, las recetas agronómicas se presentan y firman de manera digital y yo soy el responsable de hacerlo; por eso digo que Fermin Sanín no debería haber firmado ninguna receta”.
“Por otra parte –agrega– conocemos perfectamente la regulación de no fumigar a menos de mil metros de casas y escuela en Exaltación de la Cruz. Tenemos varios campos y nunca tuvimos problemas con la comunidad”.
César Muratori es el responsable de la fiscalización de la Dirección de Asuntos Agrarios municipal. Si bien la Guardia Urbana y la Patrulla Rural son las primeras en llegar al lugar y, en caso de que se esté incumpliendo con la medida cautelar, las que deben frenar la fumigación, Muratori debe controlar que la aplicación –esté a la distancia que esté– cumpla con los requisitos establecidos: que exista receta agronómica, que lo que se aplica esté permitido y en las proporciones correctas, etc.
“Si bien no estuve físicamente el 16 de septiembre, estuve en contacto permanente en el procedimiento como figura en el acta”, dice a elDiarioAR. Consultado sobre si puede enviarnos una copia de la receta agronómica, el funcionario indica que no porque “existe una causa judicial”.
“Si bien es cierto que la ley permite denegar la información en caso de que exista una causa judicial para que esto aplique es necesario que la divulgación de esa información pueda causar perjuicio al normal desarrollo de la causa. En este caso, la receta no podría causar daño”, asegura por su parte Fabián Maggi, abogado de Exaltación Salud quien asegura que la “famosa” receta no se encuentra adjuntada a la causa.
Por su parte, la Fiscalía tampoco accedió a responder las consultas de este medio por lo que al cierre de esta nota no se ha podido ver la receta agronómica que el ingeniero agrónomo Nolan de Adecoagro asegura que no debería haber existido por ser él el único que firma.
Fiscales que no investigan
La denuncia de la fumigación del 16 de septiembre se realizó en la Unidad Fiscal 1, actualmente a cargo de Alejandro Irigoyen. Es la fiscalía donde se radicaron las últimas denuncias después de que el colectivo Exaltación Salud recusara por no investigar al fiscal de Exaltación de la Cruz, Juan Manuel Esperante.
“Irigoyen debe instruir y trabajar en causas que se acumulan en el Ministerio Público Fiscal, desde 2019 a la actualidad. Se tratan de varias denuncias de pulverizaciones terrestres en distintos puntos del municipio y la criminal pulverización aérea en la escuela técnica de Parada Robles, el 11 de marzo de 2019. Hay varias acumuladas de La Lata, cerca de la Escuela 5 donde se fumigó el 16 de septiembre pasado. El resto corresponden a hechos del Barrio Comarca del Sol, Etchegoyen, Capilla del Señor y Los Cardales”, detalla a elDiarioAR Anabel Pomar, integrante de Exaltación Salud.
Anabel, quien es denunciante en una de esas causas, recuerda que cuando Irigoyen asumió citó a varios integrantes del Exaltación Salud y les dijo que “si bien era difícil avanzar en causas viejas”, se comprometía a investigar. “Esa conversación ocurrió en octubre de 2022. No hizo nada –afirma Anabel– Tampoco con las tres denuncias posteriores a esa fecha donde toda la investigación estaba completamente a su cargo. La indignación que provoca esa inacción y la reincidencia en zona de la escuela de La Lata no nos dejan otra salida más que denunciarlo a él penalmente y pedir la recusación”.
El 5 de octubre el colectivo de vecinas y vecinos presentó formalmente el pedido de recusación de Irigoyen ante el Fiscal General del Departamento Zárate Campana, José Luis Castaño, y actualmente el juez de Garantías Julio Andrés Grassi deberá definir si la acepta o no. Esta última denuncia también incluía a funcionarios municipales y provinciales por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación de justicia, encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público”. En definitiva, se los acusa de haber mentido respecto a que no vieron el mosquito fumigando a menos de mil metros, así como de garantizar un circuito que permite la impunidad frente a la comisión de estos delitos.
El 15 de octubre, diez días después de haberse pedido su recusación, Irigoyen “movió” tres de esos expedientes que estaban quietos hacía meses: “Mandó a realizar diferentes acciones en denuncias de fumigaciones en Comarca del Sol (2019), La Lata-Capilla del Señor (2019-2020) y en Los Cardales (2022). Una de las cosas que mandó a hacer fue el análisis de muestras de suelo que tenía en su poder desde diciembre de 2022, o sea, con una demora de 20 meses con lo cual es probable que los agrotóxicos que se encuentren estén degradados”, describe Anabel.
Y concluye: “El circuito ‘fumigación ilegal–funcionarios que mienten o llegan tarde–justicia que no investiga’ se repite una y otra vez frente a nuestras denuncias. Es agotador, es triste; nos hace sentir una gran impotencia. Pero seguimos, porque es eso o resignarnos a vivir en un ambiente que nos enferma y nos mata.Y eso no es ni será una opción. Nuestra salud no se negocia”.
NC/MG