La asociación de familiares Memoria Activa presentó su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del atentado a la AMIA. El tribunal deberá resolver en un plazo mediato respecto de la responsabilidad del Estado argentino por no tomar medidas para prevenir ese ataque, por la situación de impunidad que provocó la investigación y de la enormes dificultades para acceder a información vinculada con los hechos cometidos hace ya 27 años.
En diciembre del año pasado, la Comisión Interamericana (CIDH) dictó un informe de fondo en el que acusa al Estado por todas esas irregularidades relacionadas con el ataque a la mutual judía y en marzo, llevó el caso a la Corte. Ahora corre un plazo de dos meses en los cuales se espera su descargo, donde probablemente vuelva a asumir responsabilidades por tanto tiempo de postergaciones.
“El Estado argentino está en una posición complicada porque no tiene mucho para mostrar respecto de lo que ya le exigieron”, explica Paula Litvachky directora del CELS, que patrocina judicialmente a Memoria Activa. Se refiere a lo que sucedió luego de 2005, cuando Argentina reconoció su responsabilidad y se comprometió a realizar acciones para reparar lo ocurrido, en el marco de un proceso de solución amistosa.
Varios años después, en 2013, Memoria Activa y el CELS denunciaron el poco avance sobre todo lo acordado y pidieron a la CIDH que presentara un informe sobre el estado del acuerdo. En ese momento la investigación no había avanzado, los procesos por encubrimiento también estaban trabados y aún no se había sancionado la ley de reparación para las familias. La presentación de un informe de fondo finalmente se hizo en diciembre del año pasado.
“No se trató únicamente de un Estado negligente y poco cuidadoso. No es un simple caso de impunidad y de problemas de investigación. Estamos frente a un Estado encubridor, que desplegó todas sus redes para armar una versión del atentado e impidió que se conozca verdaderamente la trama de un hecho. Falló el sistema de inteligencia nacional, el sistema de justicia y falló el sistema de investigación criminal”, detalló Litvachky en el alegato previo a que la CIDH dictara el informe y declarara la responsabilidad internacional del Estado argentino.
En el texto que la Comisión giró a la Corte Interamericana, también sostiene que las instituciones argentinas construyeron la impunidad con maniobras ilegales, con el armado de líneas de investigación sin sustento y abandonando las que sí lo tenían. En su carácter de garante del orden público interamericano, la Comisión consideró que el Estado conocía los riesgos que corrían los lugares identificados con la comunidad judía, sobre todo luego del atentado a la Embajada en 1992. En los juicios se comprobó que había cables de inteligencia que mencionaban la posibilidad de un nuevo ataque. De hecho en la AMIA existían medidas de seguridad especiales, y hubo sucesos previos al atentado que llamaron la atención sobre la custodia del edificio. El informe de la CIDH consigna que si bien no se probó que las omisiones del Estado en materia de prevención tuvieran un carácter deliberado en contra de la comunidad judía argentina, consideró que no tomó las medidas razonables para proteger a un grupo susceptible de sufrir un ataque discriminatorio.
Respecto de las garantías judiciales y la protección judicial, la comisión dividió en tres apartados sus referencias. Primero a la investigación dirigida por Juan José Galeano hasta 2003. Luego a la investigación realizada por la UFI-AMIA desde 2005 hasta ahora y, por último, los procesos por el encubrimiento del atentado.
Respecto de lo que sucedió en el Juzgado Federal Nº9, la CIDH entendió que incurrió en serias falencias, irregularidades y desvío deliberado de la investigación por más de ocho años. Entre otros puntos, criticó la preservación de la escena del atentado. También el pago al imputado Carlos Telleldín con fondos reservados de la SIDE para que entregara información que alimentó las hipótesis que se decidían construir. La Comisión concluyó que todas estas conductas constituían actos de encubrimiento y razón principal del presente de impunidad del que gozan los autores del atentado.
Sobre la investigación de la UFI AMIA, la Comisión entendió que con su puesta en marcha, el Estado intentó redirigir la investigación y reparar lo hecho por Galeano. Esa Unidad Fiscal recuperó pruebas que permitieron dimensionar aún más las falencias en las primeras recolecciones iniciales, como falta de cuidado y conservación de material genético o ausencia de peritajes clave para la acusación del Ministerio Público. También hace una fuerte crítica de los dos dictámenes fiscales sostenidos en información de inteligencia que no pudo ser corroborada por los jueces.
La CIDH entiende que existe una “demora irrazonable” en la investigación y respecto a los procesos por el encubrimiento, que afectaron el derecho a la verdad, con impacto principal en las víctimas y familiares.
En relación con la información en poder de la SIDE, sus organismos posteriores y la UFI-AMIA, el dictamen concluyó que, hasta marzo de 2015, el Estado argentino “violó el derecho de la parte peticionaria a acceder a información vinculada con el atentado”, ya que la alejó de toda la documentación clasificada como secreta.
En función de todas estas observaciones, la CIDH determinó que el Estado debe, dentro de un plazo razonable, llevar adelante la investigación para juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales; publicar de manera periódica los informes de gestión de la UFI-AMIA; reparar las violaciones a los derechos humanos identificadas en perjuicio de las víctimas y adoptar un mecanismo de gestión y rendición de cuentas de las partidas presupuestarias secretas asignadas a los organismos de inteligencia. Ahora la Corte IDH deberá revisar cada uno de estos argumentos, pero por lo robusto del informe se presume que en no mucho tiempo habrá un fallo muy duro contra la Argentina.
AM