La Audiencia de Barcelona dejará salir a Dani Alves de prisión si paga una fianza de un millón de euros, poco más de US$1.000.000. Así lo decidió este miércoles el tribunal que juzgó al futbolista este miércoles. El jugador busca ahora en su entorno familiar y de amistades reunir el dinero y consignarlo en el juzgado para poder ser excarcelado cuanto antes. Si logra la libertad provisional, no podrá salir de España mientras se resuelven los recursos a su condena.
La sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, la misma que condenó al futbolista, hizo lugar en parte el recurso de la defensa del jugador, que ejerce la letrada Inés Guardiola, y acordó la libertad provisional del futbolista si logra pagar la fianza. La decisión no se tomó por unanimidad, ya que uno de los tres magistrados quería mantener a Alves en prisión.
La decisión de la mayoría del tribunal se basa en dos elementos: la pena impuesta de cuatro años y medio de cárcel y el tiempo (un año y dos meses) que Alves ya lleva en prisión provisional. Entienden los jueces que, aunque persista cierto riesgo de fuga en Alves, se puede combatir mediante medidas menos graves que la prisión preventiva.
El riesgo de fuga a Brasil, según la mayoría del tribunal, “se ha aminorado” respecto al que tenía el jugador antes del juicio, cuando se exponía a penas de hasta doce años de cárcel (a las que, no obstante, se sigue enfrentando ya que la Fiscalía y la acusación particular han recurrido la sentencia). Los magistrados, en suma, se creen a Alves, que este martes, durante la vista, les prometió que no huiría porque creía en la Justicia.
Según argumentan magistrados Isabel Delgado y Pablo Díez, el riesgo disminuyó pero no desapareció del todo. Ello hace que se pueda combatir de formas menos graves que la prisión provisional. Por ello acuerdan, si Alves logra salir de la cárcel, retirar los pasaportes español y brasileño del jugador, al que también obligan a comparecer cada semana ante la Audiencia de Barcelona y prohíben aproximarse a 1.000 metros de la víctima.
El tribunal remarca que, con la sentencia ya emitida (aunque se encuentre recurrida por las acusaciones, que piden elevar la pena) el escenario es distinto al de la fase de instrucción, cuando Alves pidió por dos veces, sin éxito, la libertad. El paso del tiempo, remarcan los togados, es un “factor mitigador” del riesgo de fuga, lo que obliga a volver a valorar las circunstancias del preso y decidir si procede mantener la prisión preventiva.
A la hora de fijar en un millón de euros la fianza, los magistrados han tenido en cuenta el tipo de delito, la situación económica y la falta de antecedentes de Alves, si bien no entran en detalles sobre por qué se han decantado por esa cantidad. Sí consideran que Alves presenta una “holgada solvencia económica”, y recuerdan que su defensa aseguró que recibirá próximamente dinero procedente de un pleito con Hacienda.
Cabe recordar que la prisión provisional de Alves solo podía alargarse hasta enero de 2025, cuando cumpliría dos años (el máximo que contempla la ley) en la cárcel. Difícilmente en enero del año que viene estarán resueltos los recursos que tanto la defensa como las acusaciones han interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que después podrían reiterar ante el Tribunal Supremo.
Un juez, partidario de la prisión
La Fiscalía y la acusación particular de la víctima, que ejerce la letrada Ester García, solicitaban mantener la prisión preventiva al apreciar riesgo de fuga en el futbolista y una elevada capacidad económica que le permitiría huir a Brasil en caso de quedar libre. Así lo cree también el juez discrepante de la mayoría, Luís Belestá, ponente de la sentencia del caso.
Según el juez, pese a que la condena de cuatro años y medio de cárcel sea inferior a la que reclamaron las acusaciones, el riesgo de fuga de Alves incluso se ha “incrementado”, ya que tanto la Fiscalía como la acusación particular mantienen en sus recursos que se impongan penas de nueve y doce años de cárcel. “Existe el riesgo más que fundado de que el acusado pueda decidir abandonar nuestro país”, reza el voto particular.
Recuerda el juez el caso de 'la manada' de Pamplona, en el que la condena inicial de nueve años de cárcel a los violadores de una joven durante los Sanfermines se vio incrementada por el Supremo a 15 años de prisión. La posibilidad del incremento de pena, resalta el magistrado, supone “un riesgo más que fundado” de que Alves decida huir, sobre todo porque en la sentencia inicial no se ha dado credibilidad a su versión de los hechos.
El magistrado coincide con sus compañeros de tribunal en que, aunque alegue que no tiene dinero en la cuenta corriente, Alves dispone de patrimonio y amigos ricos que pueden prestarle dinero y medios para abandonar España. En consecuencia, según el juez, el pago de una fianza (aunque sea de un millón de euros) “no es obstáculo” para que Alves pueda huir de España y fugarse a Brasil, que no dispone de convenio de extradición con nuestro país.
“Sería alarmante –resalta el juez en su voto particular– no prorrogar la prisión provisional”. No solo por el peligro de no poder ejecutar la sentencia cuando sea firme porque Alves haya huido, sino en especial, destaca el magistrado, porque Alves quedará libre sin someterse a los tratamientos de rehabilitación para violadores (que se empiezan cuando la condena es firme).