Este miércoles, en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales, por primera vez se debatirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la despenalización del uso medicinal del cannabis. El reclamo es de la Asociación Civil “Madres Cannabis Medicinal” (MACAME), de Santa Fe, contra el Estado nacional: exige que se declaren inconstitucionales algunos incisos y artículos de la Ley de Drogas (23.737) y que, de esa forma, el máximo tribunal avale el cultivo de cannabis y la producción de derivados con fines medicinales.
“Queremos un nuevo fallo Arriola. Así como en ese fallo la Corte dijo que tener marihuana para consumo personal no es delito, lo que queremos a través de este reclamo es que la Corte diga que tener plantas de cannabis y producir derivados para uso medicinal no es delito”, explica Domingo Rondina, el abogado constitucionalista que representa a MACAME en su demanda al Estado nacional. En efecto, en 2009 la Corte emitió el llamado “Fallo Arriola”, que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de marihuana para consumo personal.
En rigor, en 2017 el Congreso de la Nación aprobó la ley que avala la investigación y el uso medicinal del cannabis. La reglamentación que se hizo de esa ley un tiempo después de su sanción, durante la presidencia de Mauricio Macri, restringió ese aval a las personas con diagnóstico de epilepsia refractaria y no reguló el autocultivo de la planta. En noviembre de 2020, una nueva reglamentación de la ley amplió el espectro de patologías que pueden ser tratadas con cannabis, le puso pautas a la posibilidad de cultivar con esos fines y sentó las bases para el funcionamiento del Registro Nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos (Reprocann). Aún así, la asociación civil MACAME espera que la Corte se expida.
“Estamos pidiéndole a la Corte que declare la inconstitucionalidad de la punición del cultivo, la producción de derivados, el hecho de proporcionar esos derivados a los hijos y el transporte de cannabis si se cumplen cinco condiciones: que sea para fines terapéuticos, que el cultivo sea domiciliario, que sean preparados caseros, que sea para uso de la propia familia y que exista la indicación de un médico”, enumera Rondina. MACAME inició el reclamo en 2018, antes de la última reglamentación de la ley sancionada en 2017.
Este miércoles, Rondina será uno de los oradores de la audiencia pública. Aún no está confirmado si participará de la exposición alguna de las madres que integra el colectivo santafesino, pero sí se sabe que habrá dos amicus curiae: el CELS y el Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe se expresarán a favor de MACAME; la Asociación Civil Fe y Esperanza “Papis contra las Adicciones” y el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de la provincia de Santa Fe se expresarán en contra.
“Aún no está saldada la despenalización. Es parte de la mentira que intenta el Gobierno nacional. El delito aún permanece en la Ley de Drogas, y los delitos se crean y se eliminan por ley, no por un decreto o resolución ministerial que establece una reglamentación. La ley de 2017 despenaliza al usuario, no al cultivador o elaborador de productos derivados, y si se depende de la reglamentación y no de la ley, un cambio de Presidencia o de ministerio que vaya a un lugar más conservador o más pro-laboratorio deja desamparadas a esas personas, ya inscriptas en un registro que, si cambian las reglas del juego, es una lista de delincuentes”, sostiene Rondina, y concluye: “Admitir la registración en el Reprocann es negar que estamos ante una conducta privada de las personas, comparable a cualquier práctica de herboristería familiar”.
Entre las madres cultivadoras de cannabis de la ciudad de Santa Fe que estarán en el Palacio de Tribunales se cuenta Laura Acosta. Su hija Narella, de 15 años, tuvo una convulsión de más de siete horas cuando tenía dos meses. La gravedad de ese episodio, que sólo pudo detenerse a través de un coma inducido, resultó irreversible. “Tiene diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva. Primero dijeron que era síndrome de West, después, epilepsia refractaria. Con el tiempo fue deteriorándose: hubo que ponerle botón gástrico, hacerle una traqueotomía, tuvo muchas neumonías y padece una escoliosis profunda. Llegó a tener hasta 400 crisis de epilepsia diarias cuando era bebé”, describe Laura.
Hace menos de una década, su hija mayor, que ahora tiene 25 años, vio que María Laura Santillán hablaba de “marihuana para epilepsia” en un noticiero. Llamó a Laura y la puso a ver el informe. “Entonces empecé a investigar esa posibilidad y en 2016 empecé a tratar a Nare con cannabis. Las mejoras empezaron enseguida. Ahora hay días en los que apenas tiene un espasmo y otros días en los que ni siquiera ocurre eso”, explica Acosta desde Santa Fe. Desde que su hija consume cannabis, duerme ocho horas diarias.
“Lo que creemos es que no tendríamos que estar bajo ningún monitoreo o registro del Estado por estar cultivando cannabis para la salud de nuestros hijos. No estoy en contra del Reprocann pero es un trámite burocrático que no debería hacer. No deberíamos necesitar ningún permiso, sino gozar del derecho legítimo de cultivar esta planta para que nuestros hijos estén bien”, describe Laura.
La lucha de las madres cultivadoras de cannabis fue la que impulsó la legalización de la investigación y el uso medicinal del cannabis en 2017 y la mejora en la reglamentación de esa ley que tuvo lugar en 2020. Esta agrupación de madres va por un fallo judicial ante el máximo tribunal, que este miércoles escuchará argumentos a favor y en contra, y no tiene fecha para expedirse.
JR