INFORME

El registro para acceder al cannabis medicinal, en el ojo del Gobierno: “Hay una recriminalización de las personas”

El Gobierno Nacional anunció que revisará las autorizaciones del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) que habilita el cultivo de cannabis para el uso medicinal y terapéutico, un programa que permite el uso de la planta para el tratamiento de enfermedades sin riesgo de penalización, algo que sucedía hasta el año 2021. Profesionales de la salud, familias y organizaciones están en alerta ante esta situación para la calidad de vida de las personas que la utilizan y denuncian que desde diciembre no se están otorgando nuevas licencias.

“Sin el REPROCANN  lo que hay es una recriminalización de las personas”, afirmó Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, una de las organizaciones que acompañó la creación del programa regulado por la Ley N° 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados. “Vino a traer tranquilidad a muchísimas personas de todas las edades que padecen muy variadas condiciones de salud y que encontraron en el cannabis la solución a muchos síntomas que deterioraban su calidad de vida, ya sea porque sufrían dolor crónico o temporal, porque tenían dificultades para dormir o porque padecían ansiedad, depresión, cuestiones de salud mental o alguna enfermedad terminal o crónica como cáncer o parkinson”, le dijo Salech a elDiarioAR

El Reprocann es una base de datos bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación donde se inscriben las personas habilitadas para realizar un cultivo controlado de la planta de cannabis con fines de tratamiento medicinal, terapéutico o paliativo del dolor. Para eso es necesario tener un consentimiento informado bilateral, no solo del paciente sino también del médico tratante. Si bien en Argentina la ley existe desde el año 2017, su implementación inicial fue limitada ya que solo se extendía a pacientes con epilepsia refractaria. Fue en el 2021, bajo el gobierno de Alberto Fernández, que se amplío con la apertura del programa. Según un pedido de información pública realizada por Chequeado, hasta  julio de 2022, eran 87.327 las personas incorporadas al registro que puede tener hasta 9 plantas de cannabis en floración y están autorizadas a transportar hasta 40 gramos de flores secas o 6 unidades de goteros de 30 ml.

Para el médico especializado en cannabis y profesor de la Universidad de La Plata, Marcelo Morante, el Reprocann resolvió el problema que atravesaban muchas familias que cultivaban cannabis con fines medicinales y que estaban en riesgo de ser penalizadas por infringir la Ley de Estupefacientes. “En Argentina teníamos la convivencia entre una legislación de estupefacientes inadecuada, que es de 1989, y la legislación medicinal de 2017. Eso generaba una tensión que hacía que el efecto adverso esté vinculado a la penalidad del uso. El Reprocann vino a dar respuesta a esa tensión que impactaba porque de alguna forma la Ley de Estupefacientes penalizaba con 5 a 15 años de prisión al que cultivaba la planta de cannabis”, le explicó a este diario. 

En ese mismo sentido se explayó Salech. “Nosotras mismas como cuidadoras ya cultivábamos antes y si el programa desapareciera lo vamos a seguir haciendo porque una vez que encontrás tu terapia, hecha de manera natural con tus manos, sabiendo cómo está elaborada y que está muy relacionado con los cuidados que uno le da a su familia, eso es algo que no vamos a soltar”, explicó la presidenta de Mamá Cultiva, que milita el uso del cannabis medicinal tras descubrir el gran cambio que le generó a su hijo Emiliano, diagnosticado con epilepsia y luego con autismo.

Por su parte, Brenda Maier, trabajadora social y coordina del Observatorio de Cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz, se refirió también al beneficio económico que representa que las personas puedan cultivar su propia medicina. “Es importante para que puedan acceder a la planta y sus derivados de forma legal y controlada, sin intermediarios, pudiendo garantizarse sus tratamientos a un costo probablemente mucho menor de lo que gastaría si tuviesen que adquirir los derivados en farmacias o a través de otro tipo de compra como ser la importación de aceites de Estados Unidos. Es un reaseguro legal para los cultivos como para el traslado de derivados. Además es una herramienta del Estado para poder fiscalizar y controlar quienes cultivan y usan cannabis en Argentina”, dijo a elDiarioAR. Antes de la implementación de este programa, comprarlo en el exterior tenía un costo que superaba los 500 dólares.  Además de la epilepsia refractaria, los diagnósticos más frecuentes por los que es indicado el uso de cannabis medicinal están relacionados con el estrés laboral, bruxismo, trastorno de ansiedad, insomnio, dolor crónico muscular y migraña. 

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “se aprobaron más de 90.000 solicitudes sin un diagnóstico respaldado por evidencia científica”. Una afirmación que es rechazada por los profesionales que estudian el cannabis porque no pone en contexto la breve historia de legalización que tiene la planta. “La evidencia científica en cuanto al cannabis es insuficiente en el mundo de la ciencia porque es una planta que recién en el 2020 sale del listado 4 de las plantas prohibidas. No se le reconocía ningún tipo de propiedad terapéutica. Si hasta el 2020 estuvo en ese escenario regulatorio en el mundo, claramente generar evidencia concluyente es muy difícil. Es llamativo porque el mismo Ministerio de Salud generó una resolución que termina en la disposición 781 de ANMAT que genera un producto en base a cannabis con controles de calidad y que no le pone un listado de patologías sino que le deja al médico la indicación sobre síntomas y patologías, esto todavía está vigente”, explicó Morante.

Por su parte, Maier sostuvo que el gobierno debe reconsiderar la postura y escuchar a los profesionales médicos que prescriben y a la población que encuentra una mejoría de salud para no avasallar sus derechos adquiridos. “El uso extendido a patologías en las que no se han desarrollado estudios clínicos y por tanto no hay evidencia científica no significa que a las personas no las ayude a mejorar su estado de salud, sino simplemente que no se ha estudiado y no hay un aval científico. Sí es verdad que en ciertas patologías los beneficios del uso del cannabis es contundente y está probado y constituye una evidencia científica. Ahora, ¿la falta de evidencia científica puede ir por sobre la mejoría de salud de una persona que se encuentra ya utilizando algún derivado con satisfacción? ¿Puede la evidencia científica constituirse como un obstáculo menoscabando el derecho al acceso a la salud de determinada población por no estar diagnosticada con tal o cual patología? ¿Puede hoy el Ministerio de Salud eliminar el acceso por prescripción médica y dejar a un grupo de personas sin acceso a sus tratamientos? La respuesta es no”, aclaró.

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires iniciaron una investigación de oficio por el retraso en la realización de certificados y por los dichos de Adorni sobre la auditoría. “Tuvimos muchas consultas porque esto generó una gran preocupación. Le hemos preguntado a las autoridades para conocer en qué consisten las auditorías, qué cantidad de solicitudes tienen retraso tanto para pacientes particulares como para ONGs y cuál es la vía de contacto para las personas que tienen estas complicaciones”, contó la directora de Legal y Técnica de la Defensoría bonaerense, Cecilia Rodríguez a este medio.

Desde varias ONGS también vienen advirtiendo sobre la suspensión en el otorgamiento de certificados y el impacto que eso tiene en la salud de los pacientes. “Los trámites están frenados desde diciembre, eso deja a la gente en una zona gris muy preocupante porque son personas que quieren atenerse a derecho. Gente a la que un profesional de la salud con criterio médico les indicó cannabis como terapia (principal o complementaria) y se le está negando la posibilidad de ser legal. Gente que se presenta ante el Estado porque cultiva para la salud de la familia y el Estado no le está permitiendo ser legal. Tienen todo presentado y no tienen autorización lo cual las deja en riesgo de perder su terapia o su libertad, o ambas cosas”, explicó Salech.

CBD/DTC