La xenofobia está lejos de ser un sentimiento marginal en el país. Basta con revisar el celular a diario para encontrar fácilmente estas posiciones en redes sociales, en manifestaciones o en actos públicos. El Laboratorio de Estudios sobre Autoritarismo y Democracia (Lectura Mundi-UNSAM) confirma este clima: según su último estudio, una de cada dos personas en el país muestra algún tipo de reparo hacia la migración. Aún más llamativo es que tres de cada diez encuestadxs se manifestaron a favor de prohibir cualquier tipo de ingreso. ¿Cuántxs se muestran favorables, independientemente del país de origen? Poco menos de la mitad: 48,4%.
Entre las distintas dimensiones que aporta el trabajo para pensar la cuestión migratoria se encuentra la especificación por provincias y regiones. Este punto es central para pensar discursos, desigualdades y discriminaciones que se fueron configurando históricamente en cada territorio. Por ejemplo, el estudio muestra que lxs habitantes de la Ciudad de Buenos Aires son lxs más proclives a preferir inmigracion europea (un 5% en comparación con un promedio del 2% en el resto del país). “Esta diferencia puede deberse a que, desde su gestación, Capital Federal aceptó inmigrantes pero respondió solo de manera positiva al imaginario de los movimientos inmigratorios de 1880 y de la posguerra, de los cuales puede sentirse heredera”, explican los autores de la investigación.
El Leda está dirigido por el doctor en Ciencias Sociales Ezequiel Ipar y coordinado por las doctoras en Ciencias Sociales Micaela Cuesta y Lucía Wegelin. Para esta investigación, el equipo realizó 3.140 encuestas telefónicas entre noviembre de 2020 y febrero de 2021. El análisis y la redacción de la investigación, que se publicó en junio, estuvo a cargo del propio Ipar, Cuesta y Lucas Reydo.
Al disgregar los resultados totales por zonas geográficas, hay tres regiones que resaltan por estar debajo del promedio nacional de cantidad de habitantes a favor de cualquier inmigración: Cuyo, donde el 45,1% se manifestó a favor, el NEA -38,8%- y el NOA -36,4%-. “Una hipótesis viable puede tener que ver con que estas dos últimas regiones se encuentran en zonas limítrofes con Brasil, Bolivia y Paraguay. Allí sus habitantes suelen percibir con más intensidad los conflictos fronterizos, por ejemplo, en cuestiones económicas o políticas”, explican los autores de la investigación.
Para tomar un punto de referencia con el que comparar los resultados de este estudio, hay que remitirse al Mapa Nacional de la Discriminación, cuya segunda serie fue publicada en 2014. En ese trabajo, realizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI), se pidió a lxs encuestadxs que optaran por la frase con la que se sentían más identificados: si “Argentina debe estar abierta a todo el mundo que quiera venir a vivir” o “Argentina debe ser sólo para las/los argentinos”. Un 67% eligió la primera opción, mientras que un 33% optó por la segunda.
A nivel internacional la Encuesta Mundial de Valores, una red mundial de científicos sociales que estudia el cambio de valores y su impacto en la vida social y política, midió en 2017 las preferencias de políticas migratorias en el país. Sobre una muestra de 1.003 casos, el 10,1% escogió la respuesta “dejar ingresar al país a cualquiera que lo desee”, un 41% optó por “dejar ingresar personas en tanto haya trabajos disponibles”, un 38,7% prefirió “limitar el número de extranjeros que quieran ingresar”, y un 6,3% “prohibir el ingreso de personas de otros países”.
Las migraciones como asunto de política estatal no son una novedad: atraviesan el debate público desde el siglo XIX. La Constitución de 1853, la Ley Avellaneda, de 1876, y gran parte del marco regulatorio elaborado hasta principios del XX fueron pensados bajo la idea rectora de que la inmigración proveniente de Europa sería beneficiosa para el desarrollo del país, tanto en términos económicos como sociales. Algunas de esas visiones permanecen hasta el presente, como el artículo 25 de la Constitución que dispone que el “Gobierno federal fomentará la inmigración europea”.
Desde 2004, por ley, migrar es un derecho humano. Aunque en los 17 años desde la sanción de la normativa que regula el ingreso de personas extranjeras (nº 25.871) hubo muchos vaivenes. Recién en marzo de este año, por ejemplo, se derogó el DNU 70/17, un decreto sancionado durante la gestión de Cambiemos que violaba los derechos de las personas migrantes.
Hoy, estos debates y posicionamientos se reactualizan a través de las generaciones. Y los resultados no parecen ser los más promisorios: lxs más jóvenes son lxs que evidenciaron porcentajes más altos en términos de prejuicios xenófobos. Un 32% de lxs centennials encuestados -personas entre 16 y 24 años- se mostró a favor de prohibir el ingreso de personas migrantes. Ese número es el más alto de todos los valores desagregados por edad: entre aquellxs que tienen entre 25 y 40 años desciende levemente -un 29%-, y llega a su porcentaje más bajo entre lxs que tienen 75 años o más -un 17%-.
A la hora de pensar posibles explicaciones de las posturas entre lxs más jóvenes, lxs investigadores del Leda señalan que, entre otros factores, hay que ponderar los procesos de precariedad laboral y una mayor exposición a redes sociales, donde los llamados “discursos de odio” y la discriminación a minorías encuentran mayor circulación. Esto último suele además estar acompañado de informaciones falsas, por ejemplo, sobre el número de personas migrantes que hay en el país: “suele aludirse a ”hordas de inmigrantes“ cuando los datos demuestran que entre 1869 y 2010 la migración limítrofe se mantuvo entre un 2%- el mínimo histórico en 1947- y un 3,5% -número del último censo que incluye también a la migración peruana-. Otro de esos mitos tiene que ver con la cantidad de personas extranjeras en cárceles federales: ese número se mantiene estable desde hace una década en el orden del 6%, el mismo porcentaje que el promedio continental.
Estas representaciones, claro está, no surgen en el vacío. Y tampoco pueden leerse separadas de otras dimensiones como la racial o la de clase. En este sentido es relevante repasar los trazos de ciertas políticas migratorias de los últimos 30 años. Si durante los años ‘90 la lupa gubernamental y mediática había hipervisibilizado a las migraciones regionales como amenaza, en los primeros años del siglo XXI primó el discurso de la integración regional, con la contraparte de dejar en muchos casos a otras nacionalidades por fuera del margen de lo regular.
Durante el gobierno de Cambiemos, la mirada de derechos viró hacia un tratamiento de la cuestión migratoria desde una perspectiva securitista. Tres ejemplos permiten mostrar el tono de los últimos años. Con el DNU 70/17 -que había sido declarado inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal previo a su derogación-, las expulsiones llegaron a aumentar un 350% en el caso de personas que estaban en una situación administrativa irregular. En otras palabras, que no habían cometido delito alguno.
En paralelo, los procesos de radicaciones se demoraron y redujeron -particularmente después de la implementación del sistema Radex- al punto que para el pasado octubre se habían resuelto en el año 67.532. Para tomar dimensión, vale aclarar que el promedio anual de la última década fue de 232.190. Además, entre 2015 y 2019 las tasas migratorias aumentaron en un 1.000%. Hoy, tramitar residencias permanentes o temporarias tiene un costo de $ 3.000 para personas provenientes de países del MERCOSUR o estados asociados, mientras que aumenta a $ 6.000 para personas extra MERCOSUR.
Discursos de odio
El análisis sobre xenofobia realizado por el Leda está enmarcado en una investigación más amplia, que incluye las múltiples modalidades de expresiones autoritarias que erosionan las formas de vida y las instituciones de la democracia. A lo largo de su trabajo, el Leda relevó más de 3.000 casos en los que, además de poner el foco en la xenofobia, reparó en discursos racistas y discriminatorios hacia el colectivo LGBT+, a partir de los cuales elaboró un Índice de Discursos de Odio (DDO).
Al cruzar ese índice con la pregunta “¿Qué cree usted que debería hacer el Estado con la inmigración?”, resalta un dato: casi seis de cada diez personas que tienen preferencias por la inmigración europea aprueban o promueven los DDO. Este porcentaje es mayor, incluso, que entre quienes se oponen a cualquier tipo de inmigración -un 39,7% aprueba o promueve los DDO-.
En cambio, quienes sostienen una posición universalista, que reconoce a la migración como un derecho independientemente del país de origen, son quienes -presumiblemente- rechazan y critican con mayor vehemencia los discursos de odio: casi siete de cada diez personas.