“Estirá la mano porque te corto las patas también. No vas a caminar, no vas a robar nunca más, vos”, dice el que maniobra el cuchillo de carnicero y la pinza. Otro apunta el celular, un plano cerrado sobre el enchastre de sangre. Ya está empezado: falta un dedo. En turnos le gritan lo imposible, que se quede quieto, que no chille, que no esconda los que aún conserva. El tercer hombre obedece. No tiene voz. Ya sabe que es inútil rogar, dar explicaciones, prometer que no volverá a hacerlo. Llorando, soporta la mutilación.
El video –el mensaje– reenviado muchas veces dura menos de tres minutos. Carlitos o El Francés, según quien se lo cruzara en los pasillos, no sobrevivió. Era de Güemes, una barriada de San Martín muy cerca de las villas Melo y Loyola. Los que lo torturaron y mataron eran narcos de Villa Sarmiento que no le perdonaron que hubiera metido “la mano en la lata”: no rindió una plata o una bolsa. La misma geografía fue nombrada y escrita una y otra vez en los últimos días, luego de más de veinte muertos y otros tantos internados por consumir cocaína “adulterada”. Según la versión oficial, encarnada en el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, el expulsado Joaquín Aquino, apenas Paisa para los conocidos, es el capo que movió la droga de San Martín a Puerta 8, en el fondo de Tres de Febrero y pegado al arroyo Morón, desde donde salió el veneno que provocó la emergencia epidemiológica en la provincia de Buenos Aires. Las voces en el territorio suelen ser más desconfiadas.
“Para hacer el show”
“Por la pinta nomás te das cuenta que ese no es jefe, pero lo que importa es dar una respuesta a la demanda social, resolver la indignación inmediata. Encima resucitan a Mameluco (ante los micrófonos, Berni presentó al capturado Paisa como el sucesor del histórico narco de San Martín Miguel Villalba, hoy cumpliendo condena en el penal de Rawson) para hacer más show. El verdadero culpable no va a caer ni a palos. Ya está, agarraron a uno, la semana que viene aparece otro hecho de inseguridad y acá otra vez no queda nadie”, explica el referente de un merendero de San Martín que no puede dar el nombre porque “el conflicto entre bandas se puso más violento, más dramático”.
Además de la conveniente detención del Paisa en una casa de José C. Paz (habían pasado apenas 24 horas de conocerse el desastre, pero más de tres meses desde que el fiscal Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) ordenara su captura por otra causa de drogas), hubo más allanamientos en Puerta 8. Ante el fiscal Germán Martínez y el fiscal general Marcelo Lapargo de San Martín, los detenidos repitieron que su único delito era vivir o merodear en la zona.
“Se me acercó una de las familias para contarme que la policía les pegó, les metió falopa y los detuvo. Como Berni necesitaba una noticia impactante para presentar ante los medios, allanaron y detuvieron a cualquiera. Hay gente detenida que no tiene nada que ver, ni siquiera tenía un gramo de marihuana en la casa”, se queja el abogado Juan Manuel Casolati, reincidente en eso de defender a jóvenes pobres en causas armadas.
Venís al barrio y te parás al lado mío en medio de una calle a mirar. Yo te voy a mostrar que al menos uno de cada familia estuvo en cana por vender drogas
“La corrupción policial –continúa– y la complicidad del poder judicial en San Martín es terrible. Todas las bandas negocian con cada una de las reparticiones de la policía en el distrito. Por eso se está desnaturalizando el paradigma de la ilegalidad. La policía pasó de proteger a una banda en desmedro de otra a hacer negocios con todas y eso en algún momento termina mal”.
Para Casolati, el andamiaje de un narco Estado paralelo se sostiene en la detención casi exclusiva de pibes que viven en los barrios “Estas causas son armadas por la policía, y son muy pocas las que llegan a juicio oral. Los imputados terminan negociando el mínimo de cuatro años en un juicio abreviado aun siendo inocentes porque tienen miedo de comerse más años si van a juicio oral. Justamente es la instancia del juicio donde los policías tendrían que ir a declarar, mostrar la investigación que hicieron, y entonces el estándar de corrupción saldría a la luz. La fiscalía termina siendo cómplice de estos procedimientos ilegales de la policía y lo mismo ocurre con los jueces que auspician estos juicios abreviados para ahorrarse trabajo. Toda queda en la oscuridad. Muchos miembros del poder judicial, aun siendo honestos, participan como actores secundarios de estos procesos fraudulentos”.
Eslabones menores y consumidores
El informe correspondiente al año 2020 –el último publicado– del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad –que recoge la información aportada por las distintas fuerzas de seguridad provinciales y federales– confirma que más del 70% de toda la actividad policial vinculada a la Ley de Estupefacientes 23737 se concentra en delitos de tenencia atenuada para uso personal (56,1%) y tenencia simple (16,3%). En cambio, aquellos delitos relacionados al gran tráfico como organización y financiación y contrabando expresan porcentajes ínfimos (0.3% y 0,7% respectivamente).
Los registros de la Procunar aportan en la misma dirección. Aunque a la justicia federal le corresponde la investigación de delitos más graves como comercio, traslado y tráfico a gran escala, el 30 % de las causas iniciadas durante el 2020 fueron por tenencia para consumo personal. Si este porcentaje se suma al de tenencia simple, el fuero federal destinó el 40 % de su actividad a delitos menores.
“La estadística, tanto la policial como la judicial, permite ver que la concentración de la actividad del Estado está en los eslabones menores y en los consumidores”, dice Ángela Oyhandy, quien fuera la directora de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Sabina Frederic.
“Un dato interesante –agrega– es que más del 75 % de las causas iniciadas vinculadas a drogas en la justicia federal las originan fuerzas federales y policías provinciales en tareas supuestamente de prevención, como los operativos de saturación y los patrullajes. Sólo el 17 % surgen de investigaciones del poder judicial y ministerios públicos fiscales, lo que genera la preponderancia hacia la judicialización de causas por tenencias y pequeño tráfico”.
Más del 70% de toda la actividad policial vinculada a la Ley de Estupefacientes 23737 se concentra en delitos de tenencia atenuada para uso personal (56,1%) y tenencia simple (16,3%)
Los informes elaborados por la fiscalía federal N° 6 a cargo de Federico Delgado sobre delitos relacionados al consumo de sustancia demuestran que desde el precedente “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2009, este tipo de procesos culmina en el archivo.
“Por lo tanto –concluye Delgado– la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar en qué gastar ese dinero y energía que luego faltan para investigaciones cualitativamente más importes”.
La Procunar regala un último dato esclarecedor. El 85 % de las causas iniciadas en la justicia federal en 2020 involucraron a una persona o a ninguna (por ejemplo, cargamentos abandonados). Si sumamos aquellas causas en las que hay hasta dos imputados, la cifra asciende al 95 % del total. El cálculo es fácil: apenas el 5 % de los expedientes abiertos son, o al menos se suponen, investigaciones por narcotráfico.
“No hay que pinchar teléfonos para averiguar tanto. Todos conocen al narco, el nombre, el lugar, el proveedor, el jefe de calle que es socio. La lógica del consumo y de la venta está incorporada en la comunidad”, dice un ex detenido, hoy dedicado al trabajo social en Villa Loyola. Para explicarlo mejor propone una invitación. “Venís al barrio y te parás al lado mío en medio de una calle a mirar. Yo te voy a mostrar que al menos uno de cada familia estuvo en cana por vender drogas. Y muchas son mujeres porque necesitan la plata para darles de comer a los hijos, para pagar el alquiler. La gente acá vive de eso porque no hay una alternativa real”.
GR/WC