A semanas de la audiencia pública, Edesur y Edenor consideran “imprescindible” una “adecuación tarifaria”

Las distribuidoras de energía eléctrica Edesur y Edenor, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aseguraron hoy que es “imprescindible” una “adecuación tarifaria” de los servicios que prestan, ya que si se mantienen los actuales valores sus déficits operativos aumentarían en 2022 entre $43.236 millones y $56.817 millones, respectivamente.

Ambas firmas presentaron sus proyecciones económico-financieras (PEF) a la interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), María Soledad Manín, en vistas a la audiencia pública del 17 de febrero en la que, junto a las compañías transportadoras, presentarán sus propuestas de ajuste de tarifas.

Ninguna de las dos distribuidoras dio a conocer por el momento un porcentaje de aumento sugerido, aunque podrían hacerlo en los próximos días, antes del 17 de febrero. El Gobierno nacional impulsa una suba de entre el 17% y el 20% para todo el año, con segmentación de acuerdo a las posibilidades económicas de los usuarios.

Ya en diciembre de 2020 el Ejecutivo publicó un decreto en el que se habilitó el inicio de un proceso de segmentación tarifaria y se firmó un convenio de colaboración con el Conicet para definir los criterios, pero es un proceso que todavía permanece inconcluso.

Las presentaciones ante el ENRE se producen luego de una sucesión de fallas en el servicio de distribución que se agravó a partir de diciembre del año pasado, con cortes en el suministro en los días de temperaturas elevadas que llegaron a afectar a más de 100.000 usuarios.

En ambos casos, se partió del supuesto de un escenario para todo 2022 sin modificaciones en los actuales cuadros tarifarios, el mantenimiento de la tarifa social y la realización de un plan de inversiones mínimas para el mantenimiento del servicio. En la comunicación de Edesur, se indicó que con esas premisas el flujo de fondos de la compañía tendría un déficit adicional de $43.236 millones.

Edenor presentó dos escenarios: uno con los supuestos macroeconómicos fijados por el ENRE en base al proyecto de ley de Presupuesto rechazado por la oposición en el Congreso (33% de inflación y dólar a $131,10 a fin de año) y otro en base a estimaciones hechas por la propia compañía en octubre del año pasado (46,8% y $153,40, respectivamente).

“El resultado de la proyección para 2022 con las variables macro remitidas por el ENRE arroja un déficit de caja de $50.849 millones”, indicó en referencia a la primera de las opciones. En cuanto a la necesidad de fondos para el segundo escenario, “asciende a un total de $56.817 millones adicionales para cubrir el déficit de fondos del período”.

Las dos distribuidoras señalaron, además, el perjuicio que les ocasionaron a sus estados financieros “las sucesivas decisiones” de no aplicar cuadros tarifarios aprobados por el ENRE en 2016, definidos bajo el gobierno de Mauricio Macri. 

Edenor –propiedad de los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Marcelo Filiberti–  presentó un cuadro comparativo con otros países de las tarifas aplicadas para un mismo nivel de consumo residencial. Para un usuario que consume 275 kilovatios hora (kwh) por mes, la tarifa de Edenor desde agosto de 2021 es de US$12, inferior a los US$29 de Chile, US$39 de Brasil y US$54 de Perú, en tanto en países europeos los niveles llegan a los US$100 en Alemania, de acuerdo con la presentación de la distribuidora al ENRE.

“La brecha entre la tarifa de Edenor y las variables macroeconómicas se agranda exponencialmente en los últimos tres años”, planteó, para detallar que en ese período “sólo se registra una única actualización de los ingresos” de la compañía del 20,9%, con un incremento en la tarifa del 9%, mientras que en ese lapso “el Índice de Precios Mayoristas acumuló un incremento del 225%, la inflación del 216%, los salarios del 179% y el dólar de 171%”.

Por su parte, Edesur –propiedad de la empresa italiana Enel– sostuvo que “es imprescindible que en lo inmediato se proceda a dar tratamiento a una adecuación tarifaria o reconocimiento de ingresos a favor de esta distribuidora que permita dotarla de los recursos necesarios para la prestación del servicio”.

Al respecto, sostuvo que “el régimen regulatorio a implantar necesariamente deberá garantizarle a esta distribuidora los ingresos suficientes para satisfacer los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una tasa de retorno tasa de rentabilidad compatible con la operación eficiente de la empresa y similar como promedio de la industria a la de otras actividades de riesgo similar o comparable nacional e internacionalmente”.

La discusión se da en un marco en el que el Gobierno asumió el compromiso con el Fondo Monetario Internacional de reducir los subsidios. De acuerdo con cálculos del Instituto Argentino de la Energía (IEA) General Mosconi, entre enero y noviembre de 2021 (último dato disponible) el Gobierno nacional transfirió $6.400 millones a Cammesa, la empresa que controla el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), de la que el Estado nacional participa con el 20% del paquete accionario.

DT con información de Télam