La Dirección General de Aduanas puso en conocimiento al Sr. Christian Ammons —Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires— de 146 empresas estadounidenses que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados a operaciones irregulares de comercio exterior.
Las firmas en cuestión habían recibido transferencias por aproximadamente USD 400 millones a cambio de falsas importaciones que, en rigor, nunca realizaron. Las irregularidades fueron detectadas por la Aduana a partir de una serie de cruces sistémicos.
Así, se presume que las 146 empresas estadounidenses tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina y que, en efecto, participaron en maniobras de giros irregulares de divisas.
La Aduana denunció penalmente a las firmas argentinas que documentaron las operaciones en nuestro país, utilizando en la mayoría de los casos los siguientes códigos del BCRA: B5 (pagos anticipados de importaciones de bienes), B6 (pagos diferidos de importaciones de bienes) y B7 (pagos vista de importaciones de bienes).
En las sociedades argentinas se advierten irregularidades como la carencia de una CUIT activa, falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados. A su vez, muchas estaban apuntadas en los registros de la Aduana como empresas que utilizan documentación apócrifa. Por último, algunas de ellas compartían autoridades e, incluso, contador.
Además, de acuerdo al organismo, “muchas de las empresas locales que giraron divisas al exterior lo hicieron abusando del Decreto 333/20 que, en el marco de la emergencia sanitaria, eximió del pago de derechos de importación a determinadas mercaderías vinculadas con la salud”.
El intercambio de información se dio en el marco del “Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas” y representa la primera etapa de una investigación en torno a la fuga de, se estima, USD 700 millones en total.
Al respecto, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó: “La reciprocidad es fundamental en cualquier acuerdo entre partes. Como hemos informado en numerosas oportunidades, la Argentina recibe información sumamente valiosa de parte de los Estados Unidos para investigar la operatoria irregular de actores locales. De igual manera, este reporte le permitirá a la administración norteamericana identificar a firmas potencialmente involucradas en maniobras de lavado de activos. Seguiremos velando en forma conjunta por la transparencia del comercio internacional”.
Aduana denunció por presunto contrabando a la empresa Bioils Argentina
La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció penalmente por presunto contrabando de aceite de soja a la firma Bioils Argentina S.A. debido a irregularidades en su operatoria de comercio exterior que podrían implicar una multa de US$ 2.000.000, según reportó el organismo estatal.
De esta manera, luego de advertir serias irregularidades en su operatoria de comercio exterior, “en donde en 2021 y 2022 la empresa aceitera había declarado que quince permisos de embarque con destino a Chile contenían oleína, cuando en realidad consistían en aceite crudo de soja —una posición arancelaria con una alícuota más de 10 veces mayor”, informó la Aduana.
Desde la DGA comentaron que “la Aduana tenía presente que el mercado de oleína (producto obtenido a partir del reprocesamiento de aceites usados) tenía actores problemáticos y por ello, resolvió profundizar la fiscalización de las destinaciones con esa mercadería”.
Agentes especializados del organismo comenzaron a extraer muestras de exportaciones, que luego fueron analizadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para verificar su correspondencia con lo declarado, según se indicó.
Los resultados “permitieron afirmar que la mercadería exportada por Bioils Argentina en realidad era aceite de soja y que la empresa había presentado declaraciones apócrifas con el objetivo de evadir el debido pago de aranceles, operatoria que generó un perjuicio fiscal de US$ 152.065 al Estado argentino”.
Desde la Aduana precisaron que “la alícuota que corresponde a las exportaciones de oleína es del 3%, mientras que la de aceite de soja es del 33%. Además, este cuenta con un plazo de 15 días para la liquidación de divisas, mientras que la mercadería declarada por Bioils Argentina tiene un plazo de 180 días”.
Además, producto de la investigación, la Aduana detectó que la proveedora argentina tenía vinculación con la firma destinataria chilena. En total, identificó 15 operaciones en infracción, que totalizaban 427 toneladas de aceite crudo de soja.
La DGA denunció entonces penalmente a la firma aceitera, cuyo obrar quedó encuadrado bajo la figura de contrabando, establecida en el artículo 863 del Código Aduanero. Intervino en la causa el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, y desde el organismo informaron que “caben agravantes en los términos del artículo 864, inciso b, y del artículo 865, inciso f. Por todo ello, podría caber una multa de US$ 2.003.560,08”.
Con información de Aduana.
IG