La desregulación de los alquileres llevó a que muchos propietarios se animaran a poner sus propiedades en oferta, ahora que ya no deben firmar contratos por tres años ni actualizados cada medio año por inflación o salario, como con la ley anterior. Pero la mayor cantidad de viviendas disponibles no abarató el alquiler. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) midió que en los primeros ocho meses del año el alquiler se encareció 153% en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde vive un tercio de los argentinos.
El índice de precios al consumidor (IPC), mientras, subió 95%. Es decir, el vivir en casa ajena se elevó 61% más que la inflación.
En Cuyo los alquileres se incrementaron 142%; en el nordeste, 138%; en la región pampeana, 129% y en el noroeste, 126%. Sólo están mejor los inquilinos patagónicos, que ahora deben pagar 89% más que en diciembre, antes de la desregulación decretada por Javier Milei.
La reacción de los inquilinos al ajustazo no se hizo esperar: el 26,7% de los 2.500 encuestados por la asociación Inquilinos Agrupados, tuvo que abandonar la vivienda por no poder afrontar el precio del alquiler. De este universo, el 92% tenía condiciones contractuales por fuera de la antigua ley de alquileres.
“Los resultados del informe son preocupantes. Todo se podría resumir en: 'No puedo seguir pagando el alquiler'. Las actualizaciones trimestrales, las exigencias para el ingreso a la vivienda, y los aumentos de tarifas, servicios, alquileres y transporte están llevando la situación a un lugar muy peligroso para toda la sociedad”, opinó el líder Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz.
La ley de alquileres de 2020 estableció un plazo de tres años y actualización anual por el Índice de Contratos de Locación (ICL), que mezclaba inflación y salario. De octubre a diciembre de 2023 rigió otra norma que actualizaba el valor cada seis meses por la evolución del sueldo. Desde fines de año el propietario manda, siempre que el bolsillo de los inquilinos aguante.
Sólo el 7% de los contratos ahora es por tres años. El 10% por seis meses; 17% por entre medio año y 12 meses; la gran mayoría, el 60%, de uno a dos años; y el 6%, sin plazo. En cuanto a la actualización, el 40% es cada tres meses; el 33%, cada cuatro; el 17%, cada seis; el 2%, cada dos; el 1%, cada mes y el 4%, cada año. En lo referido al método de ajuste, el 58% lo hace por inflación; el 35% por el ICL; el 3% por el salario y otro tanto por el dólar.
El 44% de los ingresos totales del hogar de los inquilinos se destina a pagar el alquiler más las expensas, sin considerar impuestos y tarifas de servicios públicos. En el caso de aquellos alquileres que iniciaron después de la entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de Milei, la incidencia asciende al 49,8%. El 89% de lo encuestados considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses. Solo el 11% respondió que no.
La edad promedio de emancipación se encuentra entre los 26 y 30 años, según el sondeo. Las condiciones laborales de los menores de 25 años y las exigencias del mercado inmobiliario, como recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler o antigüedad laboral, constituyen las barreras de acceso al alquiler de vivienda, de acuerdo con la encuesta.
En el AMBA, pocos rubros se encarecieron tanto como alquiler en los primeros ocho meses del año, según el Indec. Entre ellos figuran las verduras (161%), la energía (352%), las prepagas (167%), el transporte público (233%) y la telefonía e Internet (163%).
AR/MG