Tachada ya la mitad del almanaque 2021 y con las elecciones cada vez más cerca, el Gobierno articula una serie de elementos que buscan dinamizar la economía a través de la inyección de dinero. Medidas como la ampliación de programas sociales, la devolución de Ganancias o la implementación de bonos se combinan con paritarias en proceso de reapertura y eventos estacionales como el pago del medio aguinaldo de julio.
La pregunta es si estos elementos alcanzarán para llenar los bolsillos de trabajadores y jubilados que acumulan años de pérdida real de ingresos y qué efectos colaterales traerá a la economía, con la inflación y la cotización del dólar con dinámicas que se sostienen siempre en un equilibrio muy precario.
Los “extras” en camino
Con julio llega el medio aguinaldo dispuesto por ley y también se libera la primera de las cincos cuotas de reintegro del impuesto a las ganancias para aquellos trabajadores activos y retirados que hayan quedado exentos luego de la última modificación. Es decir, para aquellos que cobren menos de $150.000 mensuales o jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos.
A esto se le suma, para los contribuyentes de menores ingresos, la mejora de las escalas del monotributo y la eliminación del aumento retroactivo, que había sumado deudas de un momento a otro. Ambos puntos están incluidos en una norma que tiene dictamen de comisión y busca reparar los efectos de otra norma sancionada pocos meses atrás. Se espera que sea tratada esta semana en el Congreso.
Por otra parte, en el segundo semestre se continuarán aplicando nuevas cuotas de las subas salariales acordadas en las paritarias de este año. En muchos casos, las mejoras superarán lo previsto a principio de año por efecto de las revisiones que forzó la escalada inflacionaria. De hecho, la nueva pauta se ubicó por encima del 40% tanto en el sector privado (cerraron en ese número camioneros y bancarios, por ejemplo), como en el sector público. El Gobierno avaló subas de ese orden en el Congreso, en Anses y en Pami y a través de sus principales voceros insistió en que buscará que este año los salarios tengan un crecimiento real, luego de tres años de pérdida contra la inflación.
Tal como lo dispone la nueva ley de movilidad, en junio se aplicó un nuevo aumento a jubilaciones y pensiones, que sin embargo también acumulan 29,4% de caída real desde mayo de 2015. Si bien todavía no fue confirmado oficialmente, el Gobierno evalúa otorgar bonos a jubilados y jubiladas para “compensar” el desfasaje con la suba de precios, tal como hizo en 2020. Serían dos sumas destinadas a quienes perciben los haberes más bajos y que se entregarían en julio y agosto, a la espera del nuevo aumento previsto para septiembre.
Por otro lado, el Gobierno anunció un bono de $6.000 en julio para titulares de Potenciar Trabajo, que son cerca de un millón de personas. Esto se suma a la ampliación del universo que percibe la tarjeta Alimentar, que se concretó en mayo.
También se decidió actualizar el monto tope del reintegro del 15% a los consumos realizados con tarjeta de débito para los sectores de menores ingresos: jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y titulares de la AUH y de la asignación por embarazo. El reintegro —que se prorrogó hasta el 31 de diciembre— será de hasta $1.200 mensuales por beneficiaria y para los titulares de la AUH con dos o más hijos el monto máximo será de $2.400 mensuales.
¿A dónde irá este dinero?
La respuesta varía de acuerdo a los segmentos a los que se destine. En los sectores de mayores ingresos es posible que conceptos como el aguinaldo o la devolución de Ganancias se transformen en ahorro y se vuelquen en parte a la compra de moneda extranjera. Por otra parte, es de esperar que los estímulos orientados a los sectores más vulnerables se traduzcan en mayor consumo o, incluso, en cancelación de compromisos ya adquiridos.
Según datos del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX) el 76% de los hogares tiene algún tipo de deuda. Parte importante de estas deudas se vinculan al inicio de la pandemia y la flexibilización para el pago de tarjetas de crédito, préstamos e incluso alquiler, servicios públicos e impuestos, que regularizaron sus condiciones de un momento a otro y dejaron a los usuarios con saldos pendientes acumulados.
Para Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria, el dinero “extra” se va a orientar en primera instancia al consumo, con el posible efecto colateral de atizar el aumento de precios. “El problema es que ésta es una economía ya bastante sobrecalentada y cualquier impulso que intentes dar de corto plazo, con fines electorales, tiene impacto en la inflación”, sostiene. En una segunda instancia, considera que puede generar mayor presión sobre el dólar blue y el contado con liquidación. “Si esos extras vienen financiados con emisión monetaria generás un excedente de pesos que tarde o temprano se termina trasladando en mayor mayor o menor medida al dólar”, explica.
¿Hay posibilidad de financiar esa inyección de fondos sin emisión, con los ingresos extraordinarios generados por el aumento de los bienes exportables o el aporte a las grandes fortunas? Paolicchi dice que no: “Esos ingresos extraordinarios ya los estás usando para financiar tres cosas: gastos de capital, subsidios y planes sociales (puntualmente, políticas alimentarias). La otra que te queda es ajustar aun más jubilaciones y salarios públicos, pero iría en contra del objetivo”.
Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, tiene una mirada un poco más optimista. “El Banco Central fue acumulando bastante poder de fuego en estos meses, las reservas netas crecieron 80%. Si hay algún tipo de tensión, sobre todo en el dólar financiero donde es más fácil intervenir, creo que el Gobierno lo puede calmar”, apunta. Asimismo, considera que la evolución de la inflación dependerá más de las paritarias, el dólar y lo que ocurra con las tarifas (que se espera que permanezcan planchadas) que de lo que suceda con el consumo.
DT