Pese a que el conflicto parecía trabado, el sindicato de Camioneros llegó hoy a un acuerdo con la firma supermercadista Walmart, cuyas operaciones en la Argentina fueron compradas a fines del año pasado por el empresario Francisco De Narváez. La empresa accedió al pedido de Pablo Moyano de que se le pague a los trabajadores de su gremio un monto extraordinario en concepto de indemnización por el traspaso de manos de la firma, proceso en el que se se renuevan los contratos y se pierde antigüedad.
Si bien fuentes oficiales señalaron que el acuerdo entre las partes “es un hecho”, por estas horas estaba pendiente todavía la firma del ministro Claudio Moroni para terminar de sellarlo. Consultados por este medio, en Walmart (que, tal como se acordó en la venta, deberá dejar de usar ese nombre en la Argentina) prefirieron no dar detalles al respecto.
Según anticipó en el portal especializado InfoGremiales el periodista Jorge Duarte, Walmart compensará a cada representado por Camioneros y el monto, que se pagará en cuotas, se definirá de acuerdo a la antigüedad. Comenzarán en los $110.000, pero el promedio superaría los $300.000.
El centro del conflicto era, justamente, la antigüedad de los trabajadores. Si bien había algunos con más de 20 años en la firma, el cambio de manos avaló a la empresa a reiniciar los contratos, retirando de sus cómputos laborales ese concepto. Por eso, Moyano exigía algo que no está contemplado en la legislación laboral, pero que el sindicato que él conduce ya logró en ocasiones anteriores: que la empresa que gana una nueva concesión o cambia de accionistas despida al personal, lo indemnice de acuerdo a la normativa vigente y lo vuelva a contratar. En este caso, se exigía la doble indemnización que rige actualmente.
Si bien no fue eso lo que se acordó, el líder sindical consiguió una compensación que lo dejó conforme y se disipa la posibilidad de la implementación de un paro que afecte la distribución de mercadería.
Antes del acuerdo, en el Ministerio de Trabajo mostraban una posición intermedia. Reconocían que no había ninguna razón legal para que la empresa cumpliera con el pedido de Moyano, pero consideraban que el reclamo era “legítimo”.
MT