Así como comprar alimentos básicos y medicamentos no debería ser una posibilidad que algunas personas tienen y otras no, sino una derecho protegido por el Estado, tampoco debería serlo acceder a un techo para vivir, lo que para gran parte de las familias argentinas implica pagar un alquiler. Esa es la justificación detrás de la irrupción del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en la discusión por la ley de alquileres, cuestionada por sus efectos en el mercado inmobiliario, que el Gobierno se comprometió a revisar.
Este lunes Feletti recibió a Gervasio Muñoz, titular de la Federación Inquilinos Agrupados, reunión en la que –según las palabras de Muñoz– se estableció una “agenda de trabajo” para que la Secretaría “empiece a estudiar la situación de la vivienda en alquiler”. Esa situación implica, según Reporte Inmobiliario, una tasa de incremento interanual de los alquileres que se mantiene arriba del 60% “desde la implementación de la ley”, en junio de 2020. También una reducción de la oferta de departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires de 10% en 2021 respecto del año anterior y de 20% respecto de 2019, de acuerdo con Zonaprop.
La reunión se dio en medio del receso en el Congreso, ámbito en el que el Gobierno había adelantado que buscaría una “solución” para la ley. Por pedido expreso del presidente Alberto Fernández a fin del año pasado Sergio Massa se puso al frente del tema y proyectó crear una comisión especial para reformar la ley y establecer como primer punto la suspensión del régimen vigente durante 180 días. Esta iniciativa, sin embargo, se relegó frente a otros proyectos urgentes y no llegó a ser incluida en el ciclo 2021.
Todo indica que la revisión de la Ley de Alquileres tampoco estará en el temario de las sesiones extraordinarias, que se espera que sean convocadas para fines de este mes. En este escenario, Feletti aparece para devolver el tema a la agenda y darle impulso al interior del propio equipo de Gobierno, más allá que desde su oficina buscaron bajarle el tono al encuentro con Muñoz y señalaron que “por el momento” no se asumió ningún “compromiso concreto”.
De todos modos, Feletti dejó en claro que sí le da entidad al tema. “Reconozco que el problema [de los inquilinos] existe y tiene que estar intervenido o regulado por el Estado”, dijo este miércoles en diálogo con Radio Provincia, y emparentó el tratamiento de este tema con otras dos iniciativas oficiales: el programa Precios Cuidados, que regula el precio de 1.321 bienes de consumo masivo y la reciente fijación por parte del Ministerio de Salud de precios de referencia para 85 medicamentos genéricos. Según el funcionario, son todos “consumos que la gente no elige” y de gran impacto en los ingresos de las familias.
“Así como la canasta alimentaria te lleva entre un 10% y 11% del salario promedio y ese coeficiente hay que bajarlo, el tema vivienda te lleva mucho más: arriba del 30%”, apuntó Feletti, quien además precisó que hay un 20% de hogares que son inquilinos en todo el país; porcentaje que crece mucho en las grandes ciudades y en Buenos Aires se acerca al 40%.
Son números que compartió con Muñoz en la reunión, en la que el referente de los inquilinos le dio además su propia visión respecto de por qué la ley no generó los resultados esperados: porque no fue aplicada seriamente. El texto de la norma va más allá de los dos puntos centrales en los que suele resumirse, la ampliación del plazo de contrato de dos años a tres y la implementación de un único ajuste anual en vez de aumentos semestrales.
Por eso en la reunión pidió que el Estado haga cumplir los distintos artículos de la ley, lo que, entre otras cosas, implicaría acelerar la registración de los contratos en la AFIP y publicar el índice de actualización de la cuota de los alquileres que elabora (combinando inflación y evolución del salario) el Banco Central. Para el líder de Inquilinos Agrupados es necesario no solamente sostener la norma, sino dar pasos más certeros en el sendero que traza y, por ejemplo, avanzar con la regulación del precio al momento del inicio de un contrato, un valor que hasta ahora se fija libremente entre las partes.
Si bien la Secretaría de Comercio Interior no es un ámbito que suele intervenir en el tema de vivienda, no es una sorpresa la apertura de Feletti al reclamo del sector inquilino. Pocos días antes de ser convocado para reemplazar a Paula Español, publicó una columna en el portal El Destape donde denunciaba los “abusos” del sector inmobiliario y señalaba que “la ciudad de Buenos Aires se está convirtiendo en un gran inquilinato de arrendatarios carentes de derechos”.
Si Feletti toma los argumentos de los inquilinos, Massa replica las líneas del sector inmobiliario. Según dijo públicamente el presidente de la Cámara de Diputados, la ley “terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y, además, generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”.
El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, por su parte, está virtualmente ausente de la discusión. Según Muñoz, no los recibe desde que finalizaron el decreto que congelaba alquileres y suspendía desalojos, en marzo de 2021. “En ese momento él fue muy claro conmigo –cuenta Muñoz– ‘Mi política de vivienda es construir’, me dijo”.
Ante la consulta de este diario al Ministerio que conduce Ferraresi sobre la situación de alquileres, recordaron que desde el año pasado se buscó mejorar las chances de personas que sean inquilinas desde hace 15 a 20 años en los sorteos para el programa Casa Propia. “Se busca ir incorporando hasta un 50% de inquilinos, para que pasen a ser propietarios. Es una medida importante, para que haya menos inquilinos. Lo otro se discutirá en el Congreso”, señalaron.
DT