Sergio Massa no para. El pasado viernes terminó la reunión del gabinete del Ministerio de Economía a la 1 de la madrugada del sábado. El lunes ya estaba publicada en el Boletín Oficial la decisión por la que ajustaba en construcción de jardines de infantes, obras de transporte y cárceles, reparto de computadoras a estudiantes, créditos hipotecarios Procrear y financiamiento a la producción. A los empresarios con los que negocia por el faltante de dólares les pide o manda propuestas por WhatsApp a las 2 o a las 6 de la mañana. Quizá ningún dirigente como él conozca a tantos hombres de negocios -varios de ellos auspiciaron su ascenso-, pero también a sindicalistas, políticos locales y funcionarios norteamericanos. Pero aún no está claro cómo recuperará reservas en el Banco Central, en su menor nivel en seis años, ni cómo acotará la brecha cambiaria, que impide precisamente la acumulación de esos activos.
El ministro de Economía se estrenó en su cargo hace tres semanas con el anuncio de un ajuste fiscal, que comenzó por los subsidios al agua y a la energía -no planea llamar a audiencia pública, con el consiguiente riesgo de judicialización-. Al mismo tiempo anunció ajuste monetario al dejar de pedirle asistencia al Central. Además, tanto la deuda que toma su secretario de Finanzas, Eduardo Setti, como la autoridad monetaria -donde ya se oficializó a Lisandro Cleri como director- empezó a ofrecer tasas de interés positivas (por encima de la inflación). En el Gobierno esperan que a partir de los hechos consumados, no de los simples anuncios, el mercado termine por convencerse, aunque más lento de lo deseado, de que esta vez el ajuste va en serio y así comience a entrar en instrumentos en pesos y a salir del dólar paralelo, lo que acotaría la brecha cambiaria.
Tal como prometió Massa al asumir como ministro, descarta devaluar el peso como alternativa para alentar a los exportadores a liquidar sus ventas al exterior y para desincentivar las importaciones y las maniobras para fraguarlas, como las que está persiguiendo con intensidad el jefe de la Aduana, Guillermo Michel. Por más que algunos economistas cristinistas comiencen a admitir la posibilidad de devaluación con compensaciones para asalariados, jubilados, trabajadores informales y desempleados, en el Gobierno consideran que para eso habría que reforzar primero las reservas para controlar que el salto del dólar no se desmadre.
En el informe de su consultora Sarandí, el economista y twittero K Sergio Chouza analiza que el alza de los tipos de cambio paralelos en los últimos tres meses -desde la pérdida de confianza del mercado en la deuda en pesos- impactó como una devaluación de facto, con aumentos de precios, pero sin los efectos positivos que en términos de recaudación de retenciones y de reservas provoca un incremento del dólar oficial. En el Gobierno no están tan seguros de esta hipótesis y recuerdan que esa era la errada creencia del presidente del Central que liberó el cepo cambiario con Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, y de su asesor Andrés Neumeyer.
Chouza advierte, como casi todos sus colegas, que la brecha actual torna inviable la actividad económica, pero también desestima la opción de devaluar y recuerda que Gabriel Rubinstein, antes de asumir esta semana como viceministro de Economía, se había mostrado proclive a un desdoblamiento cambiario, que implica en los hechos una devaluación más suave que una tradicional. Para ello, Rubinstein debería convencer primero al presidente del Central, Miguel Pesce, a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, que hasta ahora se resistieron a esa opción. Massa no lo descarta, aunque en su equipo varios también rechazan la idea. Algunos directores del Central la apoyan, como es el caso de Agustín D'Attelis, que llegó a elaborar este año una propuesta junto con el ministro de Turismo, Matías Lammens, para crear un tipo de cambio más alto que el oficial para turistas extranjeros. Pero desdoblar implicaría consagrar el camino contrario hacia una futura unificación del mercado, tal como pretende el Fondo Monetario Internacional (FMI), y además el Gobierno quedaría sujeto a los lobbies de cada sector porque conseguir un mejor tipo de cambio. Por eso, tal vez Rubinstein termine apostando a bajar la brecha cambiaria a la mitad sobre la base de ordenar las variables macroeconómicas y de conseguir dólares genuinos.
Trabajo artesanal
En el Gobierno apuestan a trabajar artesanalmente por lograr el ingreso de divisas y evitar su egreso. Admiten que por ahora fracasaron en tentar a los sojeros, los pesqueros, los mineros o los informáticos. Con el campo aún se viene negociando para que liquide hasta US$ 4.000 millones, pero las esperanzas de un acuerdo disminuyen. En el primer encuentro de Massa como ministro con la Mesa de Enlace, en un asado en Escobar el 16 de agosto, el funcionario se mostró dispuesto a un pacto. “Soy humano como ustedes”, les dijo. Pero con el correr de los días, y mientras se crispa el clima político por el pedido de condena a la vicepresidenta, crece la presión del Gobierno en contra de dar un mejor tipo de cambio a un sector económico que le vota en contra. Claro que dentro de los silbosas que se multiplican por las llanuras pampeanas está la única fuente cuantiosa de dólares a las que el Central podría acceder y de ahí el empeño de Massa, su jefe de asesores, Leonardo Madcur, y su secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, por dialogar con una Mesa de Enlace que espera una devaluación. Otros funcionarios prefieren sentarse a esperar al mes próximo, en el que se terminan las importaciones de gas por el invierno y los productores agropecuarios deben vender porotos de soja para comprar fertilizantes para la siembra de trigo. El campo ya no podrá recurrir como hasta ahora a endeudarse para adquirir insumos porque se encareció mucho el interés. También corre el riesgo de que Estados Unidos aumente otra vez las tasas para contrarrestar la inflación y eso provoque una caída del precio de las materias primas.
En el oficialismo reinan ahora dos certezas: una es que deben conservar el Frente de Todos unido para 2023. La otra convicción radica en que ya no pueden seguir criticando el plan de su propio gobierno
Del 6 al 9 de septiembre, Massa viajará a Washington y Houston para atraer inversiones reales -se reunirá con ejecutivos de las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total, la automotriz Volkswagen, las mineras Rio Tinto y Livent, la tecnológica Amazon-, pero también para acelerar el demorado desembolso de créditos por US$ 1.300 millones de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID), que temen elevar su exposición al riesgo argentino. Además, el ministro le pedirá a la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, que le preste una cifra similar como parte del nuevo Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad que el organismo pondrá en marcha en octubre para la recuperación pospandémica y la lucha contra el cambio climático.
La Argentina deberá solicitarle un waiver (exención) por incumplir la meta de acumulación de reservas del acuerdo actual con el FMI, pero en la entidad prefieren otorgarlo antes de que se caiga un pacto que al menos les asegura recuperar el crédito récord de US$ 45.000 millones que le dio a Macri en 2018. Massa viajará acompañado de Madcur; Marco Lavagna, que está más presente en el Ministerio de Economía que en su cargo de director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y Cleri, el nuevo hombre fuerte del Central que está negociando con bancos privados del extranjero un oneroso préstamo de US$ 1.000 millones para reforzar las reservas y recomprar deuda pública. Antes del encuentro con Massa, Georgieva analizará este martes con el directorio del FMI -donde están representados los países miembros- la situación argentina tras los dos cambios de ministros de Economía el mes pasado.
El abogado tigrense se verá además con el principal asesor de Joe Biden para América Latina, Juan González, con el que ha cultivado una estrecha relación. Lo hará después de que la semana pasada el embajador norteamericano, Marc Stanley, se metiera en política interna al sugerir que se forme ahora una gran coalición en Argentina, y no esperar para ello a las elecciones presidenciales de 2023, como impulsa Horacio Rodríguez Larreta. Pero Stanley no se refería al mismo tipo de alianza que el jefe de gobierno porteño y aspirante presidencial del PRO sino a un acuerdo entre el Gobierno y la oposición para explotar lo antes posible los tres recursos argentinos por los que acechan Estados Unidos, la Unión Europa, China y Japón: alimentos, energía -gas pero también hidrógeno- y litio.
Expectativas
Por lo pronto, el Gobierno aspira a que a fin de año se reanuden las exportaciones gasíferas a Chile y Brasil, al tiempo que se entusiasma con los crecientes envíos de petróleo al exterior. Vaca Muerta está más viva que nunca. No por nada la acción de YPF se duplicó en pesos en dos meses y la de Vista Oil & Gas, la firma liderada por Miguel Galuccio, batió su récord en dólares desde que comenzó a cotizar en 2019. No son las únicas acciones y bonos argentinos que crecen bajo la convicción de un giro pro mercado del país.
Por el lado de las importaciones , el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, y Michel pusieron en marcha este lunes restricciones contra las operaciones por las que venían escurriéndose los escasos dólares en maniobras sospechosas de sobrefacturación de empresarios deseosos de girar divisas a sociedades propias en el exterior: servicios de fletes, desarrollo de software, pago de seguros y consultoría y bienes que antes tenían licencias automáticas y ahora las tendrán no automáticas, como tragamonedas, yates, helicópteros, aviones de lujo, martillos eléctricos, semen bovino, mouses y teclados, máquinas de minar criptomonedas o fibrones. Pero si no baja la brecha cambiaria, se seguirán desalentando las exportaciones e incentivando las importaciones, las reservas seguirán bajas y la economía colapsará.
Para convencer al mercado de que es mejor invertir en pesos que en el dólar paralelo, Massa quiere demostrar que él, a diferencia de sus antecesores Martín Guzmán y Silvina Batakis, cuenta con el poder político para ajustar a sus colegas de gabinete. Batakis ya había conseguido en julio bajar el déficit fiscal recortando ayudas sociales, subsidios al transporte y giros a las provincias, para enojo de los gobernadores. Pero ahora Massa aspira a más y confía en que el recorte de subvenciones energéticas terminará resultando mayor a lo esperado. Está en permanente contacto con el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, para descubrir dónde más ceñir el gasto. Después de más de un año de peleas internas, en el oficialismo reinan ahora dos certezas: una es que deben conservar el Frente de Todos unido para 2023, año en que se definirán las candidaturas sin que Cristina Kirchner pueda volver a imponer su dedazo como en 2019, y la otra convicción radica en que ya no pueden seguir criticando el plan de su propio gobierno.
A partir del tijeretazo, el secretario Setti deberá emitir en lo que resta del año bonos por el equivalente al 1,5% del PBI. Planea seguir apostando a instrumentos que se acomoden más al gusto del mercado: tasas altas en el corto plazo y ajuste por CER (inflación) o dólar oficial para patear vencimientos al año próximo e incluso a 2024. Claro que para ello necesitaría que Juntos por el Cambio se comprometa a no reestructurarlos. Por eso, el funcionario habla con algunos de los economistas opositores, pero falta mucho para una declaración política que tranquilice al mercado. En la oposición, mientras tanto, temen que el ajuste fiscal y monetario de Massa no alcance para resolver los problemas de fondo y que la brecha cambiaria siga alta hasta dejarla como herencia para que sea el próximo gobierno el que tenga que devaluar.
AR