Tal como lo habían adelantado, las entidades empresarias que representan al sector agropecuario definieron una medida de fuerza para manifestar su repudio al cierre de las exportaciones de maíz hasta marzo, una medida que consideraron “inconsulta” e “injustificada”. Será un “cese de comercialización de granos” de 72 horas a partir del lunes 11, lo que le da al sector margen de casi una semana para negociar con el Gobierno.
La decisión fue tomada por tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace: la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria. La cuarta entidad, Coninagro —que reperesenta a las cooperativas del sector— decidió mantenerse al margen. De todos modos, el comunicado oficial que confirma la medida lleva la firma de las cuatro entidades y asegura que “todas” rechazan “el cierre del registro de exportación de maíz por tratarse de una medida absolutamente perjudicial para el campo y para la Argentina en su conjunto”.
“No es momento para un paro”, explicó Carlos Iannizziotto, titular de Coninagro, y añadió que “un conflicto no se soluciona con otro conflicto”. Sin embargo, aseguró que “sí es momento para reclamar que las medidas tomadas por el Gobierno, intervencionistas y reguladoras del mercado, no son las adecuadas y el sector cooperativo las rechaza por completo”.
“Hay un marco social muy complejo y queremos a través del diálogo poder solucionar alternativas para mejorar la competitividad, mayor producción, mayor trabajo, mayor empleo”, dijo Iannizziotto que, por otro lado, aclaró que la decisión de su entidad “no significa en absoluto que se esté rompiendo con la Mesa de Enlace”.
La medida se anunció luego de que los referentes mantuvieran una reunión virtual. Ya el lunes se habían encontrado para discutir un plan de acción, pero habían definido pasar a un cuarto intermedio para realizar consultas internas dentro de cada institución y determinar la modalidad y la magnitud de la medida.
De concretarse, el paro se sumará a las asambleas autoconvocadas por productores agropecuarios en distintos puntos del país, que comenzarán mañana en la localidad cordobesa de Bell Ville y continuarán en los días siguientes en Pergamino y varias localidades de la provincia de Santa Fe.
La tensión entre el sector agropecuario y el Gobierno de Alberto Fernández -cuya vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabezó el gran conflicto de 2008 por la frustrada resolución 125- escaló el miércoles pasado, cuando el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendió temporalmente el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de maíz con fecha de embarque anterior al 1 de marzo próximo.
“Esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”, señaló la cartera agropecuaria al realizar el anuncio.
En un comunicado, la dependencia nacional dijo que hasta esa fecha se autorizó la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas, es decir que se ha cumplido con el 89% del mismo.
“Insistimos en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos, en un marco del diálogo con las autoridades que puedan resolver los destinos del futuro del campo y del país”, sumó el comunicado oficial de la Mesa de Enlace.
DT