El presidente Javier Milei había dicho en su discurso inaugural que esta vez el ajuste iba a pagarlo el Estado y no el sector privado, pero no es así. Además de la devaluación del peso, que acelarará el impuesto inflacionario, que pagan siempre los más pobres, el recorte del déficit fiscal de 5,1% del PBI consistirá dos tercios en aumentos de impuestos -atrás quedó la promesa electoral de reducirlos- y tres, en tijera, ya no motosierra, del gasto. Entre las erogaciones que se podan figuran los subsidios a energía y transporte, pero sin el tarifazo más brutal sino uno moderado; se continúa la senda de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández de empobrecer las jubilaciones y quedará corta la ayuda social, aunque suban la asignación universal por hijo (AUH, que venía baqueteada) y la tarjet Alimentar.
Por el lado de los impuestos, suben el que castiga a las importaciones del 7,5% al 17,5% por 12 meses. Además, las compras externas ya no se pagarán a $400 sino a $800. Eso aportará 0,8% del PBI. Al menos, podrán materializarse porque en el final del gobierno de Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa sólo había divisas para unos pocos insumos clave como remedios o combustibles. En segundo término, casi todas las exportaciones, incluidos el maíz, el trigo, los productos agrícolas de las economías regionales, la industria, el petróleo y parte de los servicios, pagarán 15% de retenciones, es decir, que abonarán más que antes o empezarán a tributar ahora, depende del caso. Son los sectores que venían castigados por el dólar oficial bajo y que ahora se benefician por la devaluación. Esto contribuirá en 0,5% del PBI.
La injusta quita del impuesto a las Ganancias a los trabajadores que más ganan, que impulsó el anterior gobierno con el voto del entonces diputado Milei, se intentará revertir en el atomizado Congreso. Eso reportará 0,4% si se aprueba en las cámaras. No parece que vaya a haber suficiente resistencia. Además, lejos de anular Bienes Personales a los más ricos, se les pedirá un adelanto, pero también se les ofrecerá a todos los contribuyentes una moratoria y un blanqueo de capitales, como hizo Macri en 2016. Esto aportaría 0,5%. El perdón impositivo también debe pasar por el Legislativo, que suele ser proclive a perdonar evasores y perjudicar así a los cumplidores.
En cuanto al gasto, lo que más se podan son los subsidios a la luz, el gas, el tren y el colectivo, un 0,7%, pero eso significa que lejos de eliminar apenas los tocarán. Por tanto, no habrá tarifazo como con Macri ni una suba del boleto como la que advertía Massa. La obra pública tampoco se parará por completo: siguen los proyectos iniciados, sólo se frenar los que estaban por venir y por eso se ahorrará 0,7%. Los gastos de funcionamientos, que son los famosos de la casta política en los que Milei prometía concentrarse, le reportarán sólo 0,5%.
Las provincias recibirán de la Nación 0,5% menos. Hay que ver cómo lo dirigieren empleados públicos como los de educación, salud o seguridad. Las jubilaciones y pensiones se podan en 0,4% del PBI porque se seguirán licuando por inflación y además no habrá bonos que la compensen. Los programas sociales con intermediarios, es decir, el Potenciar Trabajo, que obliga al beneficiario a hacer una supuesta contraprestación en organizaciones sociales, provincias o municipios, se congelará al presupuesto 2023, pese al shock inflacionario, y por eso se ajustará 0,4% del PBI. En cambio, suben en términos nominales 100% la AUH y 50% la tarjeta Alimentar, pero estas únicas ayudas sociales en alza se licuarán también por la inflación y además en principio no abarcarán a más de las 2,5 millones de familias que las reciben, pese a que, como dijo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, habrá clase media que pase hambre.
AR