El día en que se cumplirán 20 años del peor día de la crisis de 2001, cuando cayó el gobierno de Fernández de la Rúa después de dos jornadas en las que mataron a 39 personas, la administración de Alberto Fernández pagará este 20 de diciembre un bono extraordinario de $ 8.000 a los 1,1 millones de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, muchos de ellos enrolados en organizaciones sociales. El Ejecutivo busca así asegurarse la paz social a fin de año en medio de una situación económica que mejora pero sin impactar de lleno en la calidad de vida y ante la presión de los movimientos sociales no sólo opositores sino también de algunos de los oficialistas.
El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, ya decidió el pago del bono y logró el apoyo del resto del Gobierno, sobre todo de quienes controlan la caja, como su par de Economía, Martín Guzmán. Puede que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestione el gasto público en general, pero no el social. Además, el pago extra es la sólo mitad de lo que cobran cada mes los beneficiarios del Potenciar Trabajo ($ 16.000), que a su vez equivale a medio salario mínimo. A cambio de esta retribución, los trabajadores deben cumplir media jornada laboral en microemprendimientos que responden a alguna provincia, municipio, organización social o entidad comunitaria, ya sea en tareas de cuidado (incluidos los comedores), recolección y reciclado de residuos, producción de alimentos y textil, construcción o en capacitación. La asistencia a la contraprestación es dispar, depende de las organizaciones, pero algunas de ellas son estrictas en el control y otras, no.
AR