“Estamos cerca de resolver la segmentación”, dijo, en mayo de 2021, el presidente Alberto Fernández, luego de confirmar el que fue el último aumento de tarifas eléctricas, de 9%. Según anticipaba entonces la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia le había permitido al Estado afinar los datos sobre los hogares, lo que serviría como insumo para orientar la suba a aquellos capaces de afrontarlos. Nueve meses después, la primera propuesta de segmentación oficial que se conoce no parece reflejar un alto grado de sofisticación.
La primera etapa del plan diseñado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) -al mando de Soledad Manín, que responde al subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo- en conjunto con el Conicet se enfoca en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde está el 40% de los usuarios residenciales del país, e identifica aquellas zonas con mayor poder adquisitivo a partir del valor de las propiedades.
De implementarse este esquema, deberían pagar la tarifa plena unos 372.000 usuarios ubicados en Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de elevado valor en Caballito. También 67.800 usuarios de “el bajo” de Vicente López y San Isidro y 48.000 que viven en 466 barrios cerrados.
En total, la suba alcanzaría a 487.000 usuarios, que representan el 10% del total de residenciales de esta jurisdicción y generaría un ahorro de alrededor del 3% de los subsidios eléctricos totales, que en 2021 superaron los US$7.300. Más allá del barrio en que vivan, quedarían por fuera las personas que ya cuentan con tarifa social (que se sostiene por el aporte de las jurisdicciones locales y cubre entre un 40% y 60% de los consumos eléctricos) y se dispondría de un mecanismo de revisión para casos excepcionales.
Si bien Guzmán no hizo propia esta iniciativa y en el Ministerio de Economía aseguraron a elDiarioAR que “se sigue trabajando en el tema”, este es el único plan de segmentación que se conoció hasta el momento. En poco más de una semana se realizará la audiencia pública para definir la actualización de las tarifas, que según datos oficiales hoy representan el 35% de lo que cuesta la generación eléctrica y el 29% del costo de la producción de gas en todo el país. Por fuera de esto, la otra pista oficial es la propuesta del ENRE de que los aumentos generales tengan un ajuste no superior al 20%, por única vez en el año.
¿Sería suficiente avanzar con estas dos estrategias para reducir los subsidios del 2,4% del PBI (US$10.910 millones) a 1,7%, meta que anticipó el ministro Martín Guzmán? “No, es imposible”, responde Santiago Urbiztondo, economista especializado en energía de la fundación FIEL. “Suponiendo que los costos de generación eléctrica se mantuvieran constantes en dólares, vamos a tener un aumento inflacionario en torno al 50%. Si no se incrementan las tarifas en el mismo porcentaje o por encima, los subsidios tienen incluso que subir para cubrir el mayor costo”, apuntó.
Urbiztondo suma otros dos puntos: el aumento aplicaría posiblemente a partir de marzo, lo que ya reduce la recaudación del año completo y, por otro lado, de avanzar con esta estrategia de segmentación al Estado se le podría abrir un frente judicial por la ley que prohíbe los subsidios cruzados (cobrar tarifas por debajo de los costos a un grupo de usuarios y tarifas por encima del mismo a otros).
El informe que presentó la empresa distribuidora Edenor antes de la audiencia recuerda que el único incremento de los últimos tres años -signados por la pandemia y una inflación que mermó los ingresos de las familias- fue de 20,9% en el segmento de distribución (9% de incremento en la tarifa final) contra una inflación de 216% en el mismo período. El mismo documento compara la tarifa residencial con la de otros países, lo que muestra que en la Argentina (US$12) está muy detrás de otros países de la región como Chile (US$29), Brasil (US$39) o Perú (US$54).
Cabe recordar que las tarifas de luz están compuestas por cuatro segmentos: generación, transporte, distribución e impuestos. El precio de la generación eléctrica que está representado en las boletas es igual en todo el país y lo establece la Secretaría de Energía. La tarifa que muestra diferencias es la de distribución, segmento en el que las empresas están reguladas por las provincias. Las únicas dos empresas exceptuadas son Edenor y Edesur, que dependen del ENRE y por eso es el gobierno nacional el encargado de definir cuándo y en qué porcentaje aumentan.
Para Urbiztondo, es mejor utilizar una lógica inversa a la planteada por el ENRE: establecer un precio para el servicio “que refleje los costos” y partir del supuesto de que todos los usuarios lo pagarán. Sobre ese escenario, identificar el universo de personas que no tienen capacidad de pago -que pueden ser, por ejemplo, jubilados de la mínima o trabajadores con ingresos menores a dos salarios mínimos, beneficiarios de planes sociales, etcétera- y darles asistencia. “El problema es que no tiene ingresos, no el precio de la energía”, apunta. En este escenario, señala, ese universo “subsidiado” podría ser incluso del 40%, en torno al dato de pobreza.
Desde otra perspectiva Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys), explicó a elDiarioAR que si bien “es difícil” que se alcance la meta de baja de subsidios con las medidas esbozadas hasta el momento, ese no es necesariamente el punto central. “Uno puede tener una meta, pero no es tan lineal. El subsidio a la energía funciona, en algún sentido, como un aumento del salario. Las familias disponen de mayor parte de sus ingresos para gastar y eso mueve la economía. Lo que el Estado pierde en el sector energético lo gana en los impuestos que recauda porque la economía crece”, señaló.
Para Bronstein, definir primero una tarifa para todos los usuarios e identificar luego a los que no pueden pagarla tiene un riesgo: que los dos procesos no sean simultáneos y los sectores de menores ingresos, ya muy golpeados, tengan que hacerle frente a ese nuevo gasto durante el tiempo que dure el trámite.
Además, consideró que la segmentación publicada se trata de una “primera etapa” que debe ir sofisticándose luego con otros criterios, una tarea “menos sencilla de lo que parece”. “En el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner) se tomó como criterio el consumo y resultó que no representaba exactamente la capacidad que podía tener un hogar para pagar, porque a veces un hogar pobre tiene más integrantes o tiene artefactos y viviendas menos eficientes”, apuntó. “De todo se va a aprendiendo. Lo ideal sería poder medir la capacidad de pagar en función de los ingresos, pero son datos de difícil acceso, en muchos casos privados”.
En un discurso muy similar al de Federico Basualdo, Bronstein se refirió a la energía como la base sobre la que se estructura la sociedad -central tanto en el plano productivo como en el de la reproducción de la vida cotidiana- y consideró que todos los cambios deben ser graduales. “Movimientos bruscos en las variables puede generar un colapso social, como ocurrió con el tarifazo de Mauricio Macri -apuntó-. La energía se puede considerar un derecho y el Estado tiene que hacerse cargo de que llegue a todos”.
DT