La Fiscalía de Barcelona pidió el archivo de la segunda causa abierta a la cantante colombiana Shakira, acusada de defraudar por 6,6 millones de euros a Hacienda en las declaraciones de IRPF y el impuesto de Patrimonio de 2018 mediante un “entramado societario” en distintos paraísos fiscales.
Según informó en un comunicado la Fiscalía, que presentó la querella que dio pie a esta segunda investigación por fraude fiscal contra Shakira, el Ministerio Público apoyó la petición de archivo del caso que la defensa de la cantante realizó ante la jueza de Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Considera ahora la Fiscalía que “no existen indicios suficientes” para seguir adelante con la causa penal contra la cantante, si bien sí cree que Hacienda puede reclamar por la vía administrativa a la cantante la cantidad presuntamente adeudada.
En esta nueva causa, la Fiscalía mantenía que, en concepto de IRPF, Shakira dejó de ingresar a Hacienda 5,3 millones de euros en 2018, mientras que las arcas de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) se quedaron sin percibir 773.600,24 euros del impuesto de Patrimonio, cedido a las comunidades autónomas.
La denuncia de la Fiscalía mencionaba hasta 17 sociedades “instrumentales” con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la investigada utilizó supuestamente para gestionar sus ingresos como artista y su patrimonio inmobiliario y financiero en 2018.
Además de tributar en paraísos fiscales para pagar menos impuestos a la Hacienda española, la Fiscalía aseguraba que Shakira se dedujo hasta siete millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de carácter “eminentemente personal”. Entre esos gastos personales que la Fiscalía consideraba no deducibles figuraban viajes particulares en jet privado –150.483 euros–, así como billetes de avión para sus dos hijos y su educadora.
La cantante colombiana aceptó el pasado mes de noviembre el pago de una multa de 7,8 millones de euros, tras un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria que le evitó el ingreso en prisión, en la primera causa que le abrió la justicia por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.