Investigación judicial por “anuencia”, arrestos masivos y comunicado de los Tres Poderes, a la espera de la reunión de Lula con 27 gobernadores

En encuentro cumbre del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de la titular de la Corte Suprema Rosa Maria Weber y los líderes de la Cámara de Diputados y del Senado, los tres poderes brasileños resolvieron emitir un comunicado de condena contra “los actos terroristas, el vandalismo y los delincuentes golpistas” que ayer depredaron los tres edificios que constituyen los símbolos del “Poder de la República”. Así reza el comunicado con la firma de los convocados. La cita fue en el Palacio del Planalto, en el despacho presidencial que, de acuerdo con lo que ahora indican los medios brasileños, pudo ser preservado del saqueo y destrucción.

Poco antes de la medianoche del domingo, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes dictaminó el alejamiento por tres meses del gobernador de Brasilia, Ibanéis Rocha. Durante ese lapso, el magistrado investigará si el mandatario brasiliense fue connivente con los desmanes y destrozos cometidos por miles de bolsonaristas en los tres grandes edificios del Poder: el Palacio del Planalto, el Congreso y el de la Corte Suprema. El jefe de Gobierno del Distrito Federal fue apartado y sustituido por la vicegobernadora Celina Leao, en lo que constituye en el primer impacto político directo de los ataques “terroristas”, como califica la prensa brasileña al vandalismo de los seguidores de Jair Bolsonaro.

El juez Moraes consideró que los asaltos sólo pudieron ocurrir con “la anuencia del gobierno del Distrito Federal” al confirmar que los preparativos para esos ataques “ya eran conocidos” en las altas esferas de la capital brasileña. La medida de la Corte fue una señal a otros gobernadores que, eventualmente, no reaccionen contra posibles futuras depredaciones de instalaciones públicas, según señalan analistas políticos.

La gobernadora que acaba de asumir tiene 45 años y nació en Goiás, la capital del estado de Goiania. Si bien manifestó su abierto apoyo por Jair Bolsonaro durante la campaña del exmandatario para su reelección, ayer Leao condenó las acciones vandálicas, al decir que “la democracia no es una invasión y dilapidación del patrimonio público. Es inadmisible el ataque a los poderes de la República”.

El alto magistrado ordenó, también, el inmediato allanamiento de los campamentos bolsonaristas montados en las puertas de los cuarteles, medida que ya se encuentra en curso de efectivización. El proceso inició por bloqueo del campamento de Brasilia frente al Cuartel General del Ejército por parte de las fuerzas armadas, que solo dejaron una vía de escape abierta para la salida de cientos de manifestantes. Según informó la Policía Federal brasileña hay 1.200 detenidos que llegaron hasta la sede de la institución en 40 colectivos.

Se espera ahora el comienzo de una reunión pautada entre el presidente Lula da Silva y los gobernadores de los 27 estados brasileños. En declaraciones públicas previas al encuentro, hasta los mandatarios considerados bolsonaristas cuestionaron abiertamente el “sacrilegio” cometido contra las instalaciones de los palacios de los tres poderes.

Los destrozos son de consideración. La sala del Palacio del Planalto, sede del gobierno, donde se exhiben las fotos de todos los presidentes de Brasil fue literalmente arrasada por las “hordas fascistas”, como las llamó el presidente Lula. Vidrios rotos, pedazos de sillas y escritorios por el suelo, carpetas y documentos destruidos, cuadros de grandes pintores brasileños damnificados. Los “vándalos” llegaron a arremeter incluso contra fotógrafos y camarógrafos de prensa, que sufrieron empujones y golpes, además de daños en sus equipos de filmación.

San Pablo amaneció con bloqueos de las principales vías de tránsito, como las avenidas Marginal Pinheiros y Marginal Tieté. Grupos de extrema derecha acumularon neumáticos sobre ambas arterias y los incendiaron. El Sindicato Único de Petroleros, uno de los grandes gremios de Brasil, denunció intentos del bolsonarismo por ocupar destilerías de Petrobras en el sur del país. De concretarse semejante plan, la falta de combustibles provocaría una situación de caos a nivel nacional. Según esa denuncia, el cuerpo gerencial de la petrolera estatal sigue bajo control de funcionarios que entraron durante el mandato del ex presidente.

EG