El punto de inflexión en Bolivia se produjo el 10 de noviembre de 2019. Todo había empezado con el intento de que Evo Morales no pudiera presentarse a la reelección, y siguió con una campaña anunciando un fraude electoral de unas elecciones que se habían convocado para el 20 de octubre de 2019. La profecía autocumplida exigía no reconocer el resultado electoral en cuanto empezaron a salir datos que apuntaban a que Morales podría haber ganado la reelección en la primera vuelta. Y, a partir de ahí, unas protestas que derivaron en la quema de casas de dirigentes políticos, el amotinamiento policial, el golpe militar del 10 de noviembre, el derrocamiento de Morales y la investidura de una senadora, Jeanine Áñez, como presidenta del país a manos de un mando del Ejército.
Álvaro García Linera (Cochabamba, 1962), vicepresidente del Gobierno de Morales derrocado por el pronunciamiento militar de hace cinco años y uno de los principales referentes ideológicos y teóricos de los procesos de cambio en América Latina y de dirigentes de nuevas formaciones políticas europeas de izquierda, explicaba así para elDiario.es lo que ocurrió ese día en el que el orden en Bolivia saltó por los aires: “Fue un golpe de Estado cívico policial. Se inició como un golpe civil contra el Gobierno, las instituciones, y, a mitad del camino, se volvió policial y militar. En las semanas previas comenzó una movilización de sectores civiles, violentos, que no reconocieron las elecciones desde el día siguiente. En aquellos momentos, era aún un episodio civil, que la policía intenta amortiguar sin detener a nadie, despejando a la gente. Luego viene una movilización, convocatorias de clase media urbana tradicional, en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz... En ese momento, los grupos de choque paramilitares se encargan de infundir terror; queman sedes sindicales en varios lugares del país; atacan y queman domicilios de dirigentes. Se crea un estado de terror que busca el control y el miedo en dirigentes sindicales y políticos. Nosotros sacamos a la policía para retomar el control, pero no a los militares. Pero la policía actuaba tímidamente”.
El golpe a Morales
Cae el Gobierno de Morales y llega el de Áñez de la mano de militares golpistas.
La gestión de Jeanine Áñez, sumada a la pandemia que agudizó problemas económicos como el déficit fiscal alto o los malos resultados de exploración de gas, culminó con la victoria electoral de Luis Arce en octubre de 2020, un triunfo que expresaba un deseo de rebobinar y volver a la época buena de los gobiernos del MAS (Movimiento al Socialismo) y los tiempos previos al golpe de Áñez.
Sin embargo, pronto se va visibilizando una pugna entre el presidente Arce y el ex presidente Morales, que parece ir más allá de las pugnas en otros lugares de América Latina, como las de Álvaro Uribe-Juan Manuel Santos en Colombia; Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner en Argentina... –si bien no tanto como Lenín Moreno y Rafael Correa–.
Disputa de legitimidades
Pero lo cierto es que esa brecha entre los dos se produce porque, entre otras cosas, los dos tienen legitimidad de las urnas. Morales gana las elecciones de octubre de 2019, pero se las roban con el golpe. Y Arce gana en octubre de 2020, si bien con 8 puntos más, y a quién vota la gente y por quién se convierte en un elemento de pugna.
En estos años la pugna escaló más que en otras peleas entre parejas políticas, donde siempre hay temas intocables. En Argentina nadie criticó a Nestor Kirchner y su Gobierno, y Rafael Correa siempre defendió la Revolución Ciudadana. Sin embargo, en Bolivia la pelea pública, dura, enfrenta a los fieles a ambos líderes saltándose muchas líneas rojas.
Para algunos leales a Arce, Morales tuvo conexiones con el narco durante los 14 años de Gobierno –en los que también estuvo Arce como ministro–, que mintió con el gas, que malgastó el dinero de la bonanza... Es decir, miembros del MAS usando el argumentario de la oposición contra Morales. Mientras, seguidores del expresidente acusaban a Arce de mal economista y neoliberal, al tiempo que su hijo y su esposa eran denunciados por corruptos por el propio Morales.
Así, el partido MAS se vio sumido en esta fractura, desatendiendo la gestión gubernamental del país en un momento económico crítico, con caída de los ingresos por gas, sin terminar de decidir sobre el litio y un retroceso de influencia en el campo internacional. En paralelo, se daba la pelea por la marca electoral y quién podría presentarse con ella a las elecciones de 2025 como candidato oficial del MAS.
Enfrente, la oposición también exhibe sus peleas internas, como evidencia el poder en su feudo, Santa Cruz, dividido, así como la bancada parlamentaria del líder opositor, Carlos Mesa, fracturada.
Pero no sólo, también hay tensiones en las administraciones locales y la pelea entre poderes es recurrente: el Tribunal Constitucional está autoprorrogado porque la Asamblea Legislativa, rota en varios bloques, no pudo ordenar el proceso de elección de magistrados, que es por voto y tenía que hacerse este año.
Acusaciones (sin pruebas) de autogolpe
¿Conclusión? El Senado desconoce el mandato del Constitucional y el Congreso desconoce lo que hace el Senado. El Senado está presidido por la tercera figura del MAS, Andronico Rodríguez, delfín de Evo Morales, aunque ahora con una relación peor pero públicamente sin ruptura y lejos del gobierno, hasta el punto de tuitear anoche alimentando la hipótesis de un posible autogolpe.
Una idea del autogolpe que también alimentó el destituido comandante Juan José Zúñiga, el jefe militar que llevó a cabo el intento de golpe de Estado en contra del Gobierno boliviano. Lo hizo cuando fue capturado este mismo miércoles al salir de la sede del Estado Mayor de Bolivia. “El presidente me dijo que la situación está muy jodida, que esta semana sería crítica y es necesario algo para levantar [su] popularidad”, dijo Zúñiga en el momento de su captura tratando de implicar, sin aportar ninguna prueba, al presidente Luis Arce en el golpe. Zúñiga afirmó que Arce lo animó a sacar “los blindados”. “Yo le pregunté: '¿sacamos los blindados?' y él (Arce) respondió 'sacá”, apuntó el militar sin más evidencias que su propia versión.
El comandante sublevado fue enseguida detenido y trasladado a una celda en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, mientras que la Fiscalía anunció una “investigación penal” contra él y los militares que irrumpieron en la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno boliviano. Antes de relevar a toda la Cúpula de las Fuerzas Armadas, Arce encaró a Zúñiga en la puerta de la Casa Grande del Pueblo y le ordenó “replegar” a los militares que lo acompañaban.
Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia de Evo Morales, también alentaba sombras de duda, sin más datos, sobre el golpe a Página/12: “Es el escenario de un golpe aparente, yo diría más una puesta en escena que un golpe”, agregó Quintana, muy crítico con Arce: “[El presidente] necesita restablecer su credibilidad política para el año y pico que le queda en el gobierno. Pero este es un punto de quiebre. El segundo objetivo lo iba a cumplir Zúñiga si se salía con la suya, que era detener a Evo”.
Morales, enemigo público número 1 del golpista
Y en este contexto sucede la asonada de este miércoles. El comandante que lo acaudillaba, Juan José Zúñiga, era muy cercano al Gobierno de Arce. Y se fue metiendo desde hace tiempo en la pelea interna, básicamente contra Evo Morales, llegando el pasado martes a dar una entrevista de 20 minutos donde hizo algo prohibido para los militares: la deliberación pública llena de amenazas, entre las que estaba detener a Morales, enemigo número 1 para él.
“Evo Morales está legalmente inhabilitado, la Constitución dice que no puede ser más de dos gestiones [mandatos], y el señor ya ha sido ‘re-re-reelegido’ y el Ejército y las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar y cumplir la Constitución. Ese señor no puede ser más presidente de este país”, señaló Zúñiga, en una entrevista en el programa No Mentirás. '¿Lo detendrían?', se le preguntó, y Zúñiga respondió: “Si el caso amerita, yo creo que sí”.
Después de esa intervención televisiva, Zúñiga fue relevado como comandante en jefe. Y a raíz de eso, se sube a una tanqueta y se va con otras cuantas a la plaza Murillo, donde están los edificios del Gobierno de Bolivia, hasta el punto de entrar con una dentro de uno e ellos. Y desde allí anuncia un relevo de ministros, cambios de Gobierno y la excarcelación de “presos políticos”, es decir, golpistas como la expresidenta Áñez y el ex gobernador de Santa Cruz, condenados por su participación en el golpe de 2019.
¿Y ahora?
¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Esto le puede servir al Gobierno para ganar tiempo y algo de épica, con la imagen en la retina de Arce encarado a Zúñiga.
A partir de ahí, Arce puede tener la tentación de adelantar elecciones, si bien no tiene garantizado repetir el éxito electoral de 2020, y para el próximo Gobierno se abren todo tipo de conjeturas, algunas de las cuales pasan por una suerte de Gobierno amplio que pueda acometer ajustes duros y tenga una vida aún más complicada que el actual.
AG