Un cuarto de siglo han tenido que esperar las supervivientes de esterilizaciones forzadas en Perú para ver una luz al final del túnel. El 11 de diciembre, el juez Rafael Martínez abrió un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por su presunta responsabilidad en esas prácticas realizadas a 1.317 mujeres, la mayoría campesinas sin recursos, durante su mandato.
La Justicia también ha decidido investigar por este caso a los exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga —actual legislador—, como “presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos”.
Pese a la demora, las supervivientes consideran que se ha dado un gran paso en este largo proceso. Su valentía al denunciar y el esfuerzo de todos estos años empieza a dar sus frutos.
“Una puerta nueva”
“Se ha abierto una puerta nueva porque hemos pasado del Ministerio Público al poder judicial y eso supone una luz de esperanza para las miles de víctimas, no solo para las 1.317 denunciantes de este proceso penal que se va a investigar judicialmente, sino para todas, ya que se trata de los mismos delitos”, dice a elDiario.es María Ysabel Cedano, abogada de la organización feminista peruana Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus).
El Ministerio Público, añade Cedano, “tiene otros dos expedientes más con al menos otras 2.000 personas denunciantes y tiene la posibilidad de solicitar al poder judicial que se sumen estas víctimas”.
Pero antes de que comience el proceso penal, aún queda otro paso. La Corte Suprema de Justicia de Chile tiene que aceptar la ampliación de los cargos de extradición que aprobaron en 2005, después de que Fujimori fuera detenido en un lujoso hotel de Santiago, según informa Efe.
El exmandatario se encuentra preso en Perú desde 2009, cumpliendo una condena de 25 años por violación de los derechos humanos durante su Gobierno.
El juicio podría tardar
Esta última decisión del juez Rafael Martínez tampoco significa que se vaya a celebrar un juicio contra Fujimori y sus exministros a corto plazo. El camino aún es largo.
“No estamos en un juicio, ni siquiera estamos cerca. La investigación judicial es una oportunidad para que se actúe en todas las pruebas existentes y para que se busquen nuevas”, aclara la abogada peruana. Asegura que lucharán “para que se haga justicia con las mayores penas posibles”, porque si la investigación solo concluye que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, sostiene, “las penas pueden ser ínfimas, y en realidad se trata de un crimen de lesa humanidad”.
Cedano considera que los implicados deberían ser llevados a juicio por homicidio, por negligencia, por coerción y secuestro, pues “no solo se dañaron y lesionaron los cuerpos de las víctimas, sino que se violó su voluntad al no informarles adecuadamente y no permitirles decidir libremente”.
Y ese juicio podría demorarse mucho, teniendo en cuenta problemas tan arraigados en Perú como son, indica Cedano, “la corrupción en el sistema de justicia y la falta de independencia a nivel de magistrados”.
“Se tardaría menos si la presidenta del Poder Judicial, Elvira Barrios, y la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, crearan una fiscalía ad hoc para investigar judicialmente este caso”, dice.
Esta investigación, además, se ha intentado archivar en varias ocasiones y el proceso judicial se ha dilatado durante años.
25 años de sufrimiento
Se estima que entre los años 1996 y 2000, bajo el segundo mandato de Fujimori, más de 300.000 mujeres y cerca de 22.000 hombres fueron esterilizados en contra de su voluntad en Perú.
Estas prácticas se llevaron a cabo en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar con el objetivo de frenar la natalidad de las personas de escasos recursos. La mayoría eran jóvenes provenientes de comunidades indígenas quechua.
Bajo engaños y amenazas del personal sanitario, la mayoría de las víctimas eran conducidas hasta lugares insalubres donde se les operaba sin anestesia general. Tras realizarles ligaduras de trompas y vasectomías irreversibles, nunca tuvieron ni cuidados postoperatorios ni seguimiento médico. Las lesiones, tanto físicas como psicológicas, aún permanecen.
“Han sido 25 años de vergüenza para la Justicia peruana, pero también para los cinco gobiernos que dieron la espalda en democracia a miles de mujeres pese a sus reclamos”, dice a elDiario.es María Esther Mogollón, asesora y portavoz de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).
Independientemente del color político, ninguno de los cinco presidentes que ha gobernado Perú en las últimas tres décadas —Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra– atendió las necesidades de las miles de víctimas que fueron brutalmente esterilizadas.
Para las mujeres indígenas, además, no poder tener hijos supone un estigma social, y muchas sufrieron el rechazo de su comunidad. La revictimización, explican, es constante.
“Una cosa fue la operación y otra lo que vino después. Han sido 25 años de sufrimiento, de limitaciones respecto a su propio trabajo comunitario, ya que la cultura andina se desarrolla en ámbitos comunitarios. Sus propias comunidades las han rechazado, muchos no han entendido la gravedad de lo que les hicieron y creen que no han querido tener hijos para no colaborar con la comunidad”, lamenta la portavoz de AMPAEF.
Las supervivientes también sufren a menudo el racismo y la discriminación, sobre todo de la sociedad limeña y actualmente más de 1.000 víctimas no disponen de abogados defensores. “Estamos preocupadas porque no tienen defensa ni suficientes recursos, y a veces es muy difícil hacerles llegar información”, dice Mogollón.
¿Y el Gobierno de Castillo?
La asesora se muestra algo más esperanzada con el Gobierno de Pedro Castillo, el ex maestro rural que asumió la presidencia de Perú el pasado mes de julio. Al menos, indica Mogollón, durante su campaña electoral se solidarizó con la lucha de las sobrevivientes de esterilizaciones forzadas e incluso explicó que dentro de su propia familia habían sufrido estas terribles prácticas.
Pero la asociación de mujeres AMPAEF ha enviado varias cartas para solicitar una reunión tanto al presidente, como al ministro de Sanidad, Hernando Cevallos, y al de Justicia, Aníbal Torres, y aún no han recibido respuesta. Las activistas han sido recibidas por la ministra de la Mujer y Poblaciones vulnerables, Anahí Durand.