El gobierno de Giorgia Meloni, en el marco de su política antiinmigración, pretende reforzar la red de Centros de permanencia para la repatriación (Centro di permanenza per il rimpatrio) y que cada región de Italia tenga uno, con una inversión de 42 millones de euros en tres años. En esos centros, introducidos por una ley de 1998 y equivalentes a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) españoles, se internan los migrantes sin permiso de residencia para devolverlos posteriormente a su país de origen.
“No soy una mala persona, no pensaba que acabaría en un lugar así. Y no pensaba que un lugar así pudiera existir en Italia”, afirma a elDiario.es Dhahbi Khlifi, un joven tunecino de 30 años que, tras cruzar el Mediterráneo con otras 67 personas, permaneció en un barco en cuarentena (por la pandemia del coronavirus) antes de ser trasladado al Cpr de Roma.
“Era el 20 de noviembre de 2021. Vinieron a buscarme de madrugada, nadie me explicó lo que estaba pasando. Sólo nos dijeron que estábamos yendo a Roma, pero no sabíamos adónde hasta que entramos en el centro: una prisión”, relata. “Me dijeron que estaba en un centro, pero era una cárcel: había puertas metálicas, barrotes, seguridad. Nos encerraban. Era la primera vez que veía una cama fijada al suelo”.
A día de hoy, tras el cierre del centro de Turín por las revueltas internas, hay nueve Cpr que pueden alojar a unas 960 personas en toda Italia. Sin embargo, el Gobierno de Meloni quiere duplicarlos, hasta 20, y ampliar el periodo máximo de detención de 90 a 180 días. “Los Cpr se crean a menudo por su simbolismo, para mostrar que se rechaza a los irregulares”, explica a elDiario.es el garante nacional de los derechos de las personas privadas de libertad Mauro Palma, pero solo la mitad de las personas que pasan por estos centros acaban siendo repatriadas. “Entonces, ¿por qué hacer una inversión tan costosa, tanto en términos de sufrimiento humano como económicos, para algo que significa poco en la práctica?”, se pregunta. Las personas que no son devueltas a su país quedan en libertad, en la calle, y vuelven a la misma situación de irregularidad, además de correr el riesgo de reingresar en esos centros que Palma describe como “una caja vacía, un tiempo de espera que puede llevar a la ira, la autolesión y la destrucción”.
Comida caducada y violación de derechos básicos
El Estado asigna la gestión de los Cpr a empresas con ánimo de lucro, cooperativas o multinacionales, que concursan para obtener una licitación pública de millones de euros, sólo en base a criterios de rentabilidad. Para obtener beneficios económicos, esas entidades muchas veces ahorran en los derechos de los detenidos, tal y como dice a elDiario.es Salvatore Fachile, abogado de la Asociación para los Estudios Jurídicos sobre Inmigración, que lleva años trabajando sobre esta cuestión. “El Estado permite a la entidad privada violar las normas contractuales. El (ente) privado acepta ese tipo de contrato a ese precio, si está informalmente autorizado a infringir las normas, y ofrece servicios verdaderamente indecentes para aumentar las ganancias”.
Muchas asociaciones denuncian las condiciones en las que viven las personas dentro de los centros, donde se vulneran los derechos a obtener asistencia legal y sanitaria, y donde no pueden comunicarse con el exterior. Esas condiciones son confirmadas por muchos trabajadores, pero estos no pueden denunciarlas públicamente porque a menudo se les obliga a firmar cláusulas de confidencialidad. Susanna (nombre ficticio) es una antigua empleada del Cpr de Milán y cuenta a elDiario.es que la obligaban a quitar las etiquetas de los envases de comida: “Todo el mundo sabía que estaba caducada, incluso el director que lo autorizaba lo sabía”.
Anna (también nombre ficticio) denuncia que en ese mismo centro no había calefacción, mantas, cristales en las ventanas ni agua caliente, lo cual pone de relieve los pobres controles por parte de las instituciones. “Yo solía llamar a la gente por su nombre. Cuando terminaba mi jornada, me decían que no debía hacerlo porque tenían un número. Y yo respondía: ‘No sabía que Auschwitz había reabierto’”, relata a elDiario.es.
Las autolesiones están a la orden del día y, muchas veces, representan el único recurso que tienen los detenidos para obtener el alta por razones médicas. Tan sólo en el Cpr de Turín, 115 personas intentaron suicidarse, entre octubre y diciembre de 2021, según datos del sindicato policial Siulp. “Era lo único que podían hacer para llamar la atención porque realmente no había otra opción que golpearse la cabeza contra una pared, ahorcarse con una sábana, cortarse con trozos de plástico encontrados en el suelo”, dice Susanna.
Salem, un chico tunecino homosexual que huyó de la persecución que sufría en su país, fue encerrado en el Cpr de Brindisi (Apulia), donde llevó a cabo un acto extremo para ser aislado y sentirse seguro: “No vi otra solución que tragarme la batería de mi teléfono móvil. Un día me tragué una, al segundo día otra. Esto es como Guantánamo”.
Suicidios y muertes sospechosas
Algunos de esos incidentes han acabado en tragedia en los últimos tres años, en los que nueve personas han perdido la vida dentro de los centros. La última protesta interna provocó el cierre del Cpr de Turín, debido a los daños causados por un incendio. Ya había ocurrido en otras ocasiones y la respuesta fue siempre la misma: reubicación de los detenidos en otros centros a la espera de que sea reformado.
Además, ex-empleados de los Cpr denuncian el uso masivo de psicofármacos para aturdir y tranquilizar a las personas migrantes, como Patrizia, ex trabajadora del centro de Milán. “Parecían zombis”, lamenta. Una reciente investigación de la revista Altreconomia, que calcula el gasto de los centros en psicofármacos, también demostraría su amplio uso. El estudio tiene en cuenta el gasto del Centro de Salud para Inmigrantes (Isi) de Vercelli, que en Piamonte atiende a las personas sin permiso de residencia regular, el cual asciende al 0,6% del total. Sin embargo, en los Cpr, el porcentaje sube al 64% en Milán, al 44% en Turín y al 51% en Roma.
En Milán, más de la mitad del gasto se destina a Rivotril, un medicamento utilizado como antiepiléptico o sedante, que se suministra con receta médica, pero en ese centro sólo hubo ocho visitas psiquiátricas en un año. Asimismo, la persona a la que se administra el medicamento tendría que dar su consentimiento, según la legislación italiana. En concreto, el reglamento de los Cpr establece que las personas con “patologías evidentes como los trastornos psiquiátricos” no son “aptas para la vida en comunidad restringida” y, por tanto, no deben ser encarceladas.
Entre las víctimas en los Cpr, se encuentra Vakhtang Enukidze, un joven georgiano de 37 años. La causa oficial de su muerte es un edema pulmonar y cerebral debido a un cóctel de drogas y estupefacientes, según se desprende de la autopsia realizada a petición de la Fiscalía. Los análisis mostraron la presencia de clorfenamina (un antihistamínico), fenacetina (un analgésico antipirético) y lidocaína (un anestésico y antiarrítmico), pero ninguna de estas sustancias fue administrada por el personal sanitario que, según el perito del caso, actuó correctamente.
La hermana de Vakhtang, Asmat, explica que durante la última llamada telefónica con su hermano, éste “parecía borracho, estaba dolorido y le habían dado algo para calmarle, un analgésico. Me dijo que me pusiera en contacto con la Embajada de Georgia para intentar sacarlo”.
Según algunas asociaciones, Enukidze fue víctima de una paliza por parte de agentes de la Policía. Una versión que parece confirmar un testigo indirecto, Anthony Bibudi Nzuzi, que en aquel momento estaba detenido en el mismo Cpr, en Gradisca D'Isonzo (Friuli-Venecia Julia). “Se cayó y le golpearon, entonces los otros chicos se lanzaron contra los policías, le sacaron de allí y le encerraron en la habitación. Por la noche se quejó de dolores y no se encontraba bien. Se fue a dormir y no volvió a despertar”.
Enukidze murió en el hospital de Gorizia tras permanecer nueve horas sin asistencia, a pesar de las llamadas de auxilio de los otros detenidos. La Fiscalía ha acusado de homicidio involuntario a Simone Borile, director del Cpr, y al operador de guardia de la centralita del centro, Roberto Maria La Rosa.
Avisos antes de inspecciones
Borile ha estado a la cabeza de una serie de cooperativas que, con distintos nombres, han gestionado gran parte de la inmigración en esa región del norte de Italia en los últimos años. Contra una de ellas, Edeco, hay dos procesos judiciales relacionados con la gestión de dos centros de acogida. Según unas escuchas telefónicas, funcionarios de la prefectura de Venecia, el organismo encargado de vigilar los Cpr, habría avisado antes de cada inspección a los representantes de la cooperativa, para que pudieran arreglar cualquier desperfecto y acordaban con ellos la fecha y la hora de la visita. En junio de 2019, dos subprefectos, un antiguo funcionario de la Prefectura de Padua y los directivos de Edeco fueron imputados. Se les acusa de manipulación de licitaciones, fraude en la contratación pública, corrupción, abuso de poder, revelación de secretos oficiales y falsificación. Por su parte, Borile, contactado por teléfono por elDiario.es, niega esos acuerdos y califica las inspecciones de “visitas de cortesía”.
Varias exempleadas confirman la falta de inspecciones en los Cpr por parte de la Prefectura. Anna afirma haber visto al Prefecto y a su adjunto visitar muchas veces las instalaciones, pero sin inspeccionar nunca los módulos de alojamiento ni comprobar las condiciones en la que se encuentran los migrantes. “Sólo entran en el pasillo principal, nada más”, afirma. Susanna también lo ratifica: “Parece que no hay control. Hay una gran diferencia entre lo que está escrito sobre el papel y lo que ocurre en la realidad”.
Khlifi, ahora ya en libertad, recuerda lo que sintió al salir del Cpr de Roma, desde el aparcamiento enfrente del mismo: “Desde dentro podía oír el sonido del tren y pensaba en la gente que seguía viviendo sus vidas mientras yo permanecía quieto. Fue un momento hermoso porque entré inocente y salí inocente”. Ahora trabaja como peluquero en Passoscuro, cerca de Roma, a la espera de que tramiten su solicitud de protección internacional.