La campaña para legalizar la marihuana en Colombia une a senadores de izquierda con organizaciones de la sociedad civil e inversionistas extranjeros. y consigue un fuerte impulso debido a los cambios políticos del país tras el histórico Pacto Histórico de la izquierdas que venció con limpia mayoría en las últimas elecciones. Y que dejó al sexagenario ex guerrillero y economista Gustavo Petro en la Presidencia y a un arco de de partidos progresistas con presencia gravitante en el Congreso
En su discurso de asunción del 7 de agosto, Petro había presentado los lineamientos de su política de gobierno. Entre ellos, el tema y problema de las drogas que involucra muy fuertemente a su país.
La República de Colombia – que muchos la ven como sinónimo de producción, consumo y tráfico de droga- es uno de los mayores productores de narcóticos del mundo. En 2021, el gobierno de EEUU estimó que producía más de un millón de kilogramos de cocaína, la mayor cantidad del mundo y más que la suma de la producida por los países más cercanos de Perú y Bolivia.
En la alocución inaugural, Petro declaró, sin ambages, el “fracaso” global de la “guerra contra las drogas”, que recordó “ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados” durante los últimos 40 años, así como también 70 mil norteamericanos fallecidos “por sobredosis cada año”. Reclamó con vehemencia la necesidad de reemplazar el enfoque guerrerista de la lucha antinarcóticos por “una política de prevención fuerte en las sociedades desarrolladas”. Las drogas enfatizó el nuevo mandatario, “han llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia”
Territorios en disputa
El narcotráfico constituye una poderosa fuente de ingresos para actores criminales -desde ex guerrilleros de izquierda y paramilitares hasta narco carteles y sindicatos del crimen organizado- cuya disputa por el territorio es uno de los grandes desafío del estado que durante los últimos 50 años ha impulsado una agenda prohibicionista, restringiendo el comercio y el consumo de drogas para golpear las arcas de los criminales. Con muy poco o ningún éxito porque el flujo de drogas ilegales nunca cesó. Actualmente, Colombia produce más droga que cuando vivía Pablo Escobar, el fundador y máximo líder del cartel de Medellín, llevado a la ficción en la exitosa telenovela colombiana El patrón del mal.
Un informe histórico de la Comisión de la Verdad, creada en 2017, en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y conformada por 12 comisionados nombrados por un jurado internacional, para investigar los más de 50 años de conflicto civil en Colombia, encontró que el narcotráfico ayudó a prolongar el conflicto a pesar de los casi 8.000 millones de dólares de ayuda militar provenientes de EEUU. Al menos 260 mil colombianos, la gran mayoría civiles, murieron en la violencia.
El narcotráfico es la principal causa de detención en Colombia y, según el Ministerio de Justicia colombiano, el 13% de los detenidos del país cumplen una condena relacionada con el tráfico de drogas.
La legalización de la marihuana
El presidente Petro propuso el 11 de agosto ampliar la legalización del cannabis. “Hablemos: ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa”, dijo el primer mandatario durante un encuentro con alcaldes del suroeste del país, donde abundan las plantaciones ilegales de marihuana.
“Si vamos a legalizar el cannabis, ¿vamos a mantener toda esa gente presa en las cárceles hacinada o llegó el momento de soltar mucha gente?”, planteó Petro, agregando que “se les criminalizó por algo que en buena parte de los Estados Unidos es legal”.
En los últimos años, países como Canadá, Sudáfrica, México y Uruguay han legalizado la marihuana, al igual que algunos estados de EEUU.
La ley de Colombia desde 2016 permite la producción de cannabis con fines médicos, principalmente para exportar a mercados extranjeros como EEUU y Canadá; sin embargo, los partidarios de una nueva legislación creen que legalizar el cannabis recreativo puede alejar a miles de agricultores del narcotráfico y llevarlos al mercado y comercio lícito.
“Nunca lograremos la paz en Colombia hasta que regulemos el narcotráfico”, aseguró el senador Gustavo Bolívar, uno de los firmantes del nuevo proyecto de ley y aliado cercano del nuevo presidente. “Ni siquiera Estados Unidos, con todo su poderío y dinero, pudo ganar la guerra contra las drogas” señala Bolívar en alusión a Washington que envía millones de dólares cada año para armar y entrenar a las fuerzas colombianas en su lucha contra los carteles.
Los activistas que han exigido este cambio durante años también acuerdan. “Creemos que ahora es el momento oportuno para hacerlo”, opinó Luis Felipe Ruiz, investigador de la ONG colombiana Dejusticia, que apoya la despenalización de las drogas y ha documentado la guerra contra las mismas durante años. Ruiz argumenta que uno de los beneficios de legalizar la marihuana sería también disminuir la población carcelaria en el país.
Los que se oponen a la legalización provienen de la derecha conservadora y creen que el cambio simplemente facilitaría el abuso de drogas. El expresidente Álvaro Uribe, mentor político del último ex presidente Iván Duque y principal exponente del conservadurismo en el país, tuiteó en 2020 que “la marihuana recreativa escala a otras drogas, afecta las neuronas, el consumidor llega a estados de alienación, pierde el control de sus decisiones que es la pérdida de su libertad”, celebrando que un proyecto anterior para legalizar la marihuana fue bloqueado en el Congreso.
Fin de la erradicación forzosa de cultivos en Colombia
La posible legalización de sustancias como la marihuana para uso recreativo ha sido antecedida por el abandono de la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, entre ellos la coca cuya hoja tiene un secular uso en las culturas andinas, por sus propiedades, entre otras la estimulante. También se utiliza para la producción de cocaína, cuyo consumo puede llegar a ser extremadamente adictivo.
Colombia es el primer productor mundial de cocaína delante de Perú, según la ONU. Dos tercios de cultivo de coca se encuentran en Colombia. En 2020, el país registraba 143.000 hectáreas de coca sembrada; 1.228 toneladas producidas fueron enviadas en gran parte a EEUU y Europa.
El Gobierno colombiano decidió este mismo martes suspender la erradicación de los campos de coca en las zonas remotas del país y centrarse en interceptar los envíos de cocaína. Al mismo tiempo alentará los agricultores a trabajar en cultivos legales como lo confirmó el nuevo director de la Policía Nacional de Colombia, Henry Sanabria.
Las nuevas estrategias contrastan con las de anteriores gobiernos colombianos cuyos objetivos anuales de erradicación de cultivos de coca, utilizando al Ejército para llevar a cabo estas tareas, provocaban muy a menudo violentos enfrentamientos entre las FFAA y los campesinos locales quienes defendían sus cultivos, única alternativa debido a la falta de infraestructuras en esas zonas. A pesar de que muchos de ellos vieron la oportunidad de salir de la ilegalidad gracias a los Acuerdos de Paz de 2016, cinco años más tarde, la ruralidad colombiana ha seguido sumida en un fuerte abandono estatal y, pese a erradicar voluntariamente sus cultivos ilícitos, la mayoría de ellos nunca recibieron la ayuda prometida. A la vez, decenas de agentes de policía que participaban en estos programas de erradicación forzosa -apoyados por EEUU-, también murieron a manos de francotiradores o resultaron heridos por minas terrestres.
Históricamente, la marihuana en Colombia es cultivada por pequeños agricultores quienes no pueden pagar las licencias farmacéuticas requeridas para producir cannabis medicinal, y se ven obligados a vender sus producciones a los cárteles de la droga.
El proyecto de ley presentado al Congreso podría permitir que estos pequeños agricultores, la mayoría de ellos asentados en regiones rurales crónicamente subdesarrolladas de Colombia, ingresen al mercado legal.
COCCAM, la confederación de cultivadores de coca, marihuana y amapola que funciona como un grupo de cabildeo para los cultivadores ilícitos, estima que hasta 3.000 familias dependen de la marihuana ilegal como principal fuente de ingresos, generalmente en el suroeste del departamento de Cauca. En la mayoría de los casos, estos agricultores viven en áreas rurales aisladas a horas de distancia de la carretera pavimentada más cercana.
En comparación con los productos agrícolas legales como frutas y verduras, la marihuana y las hojas de coca que no son estacionales no se estropean durante días y se venden a un precio más alto por kilogramo.
¿Cocaína legal?
La legalización de la marihuana eventualmente podrá conducir a proceder de la misma manera respecto a la cocaína, la fuente de ingresos más lucrativa para los cárteles.
Si bien la determinación de cifras en un mercado ilegal nunca dista de la verificación atribuida a una ciencia exacta, un estudio de 2016 del gobierno colombiano estimó que el narcotráfico principalmente de cocaína, que se produce en Colombia y se vende en los mercados internacionales de Europa, EEUU y Asia equivalía al 3,8% del PIB colombiano en ese momento. En comparación, el consumo de drogas ilegales -las que se consumen ilegalmente en Colombia y donde la marihuana juega un papel más importante- valió el 0,75% del PBI colombiano.
Los mayores productores de cocaína del mundo
Bolivia, Colombia y Perú- están actualmente gobernados por líderes de izquierda alineados ideológicamente. Bolivia tiene un próspero mercado legal de derivados de la coca, en su mayoría hojas secas que mastica la población indígena. En 2012, los gobiernos de Bolivia y Colombia impulsaron un replanteamiento regional de las políticas de drogas en la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, en la que por primera vez se incluyó en la agenda el tema de alternativas al prohibicionismo.
La propuesta novedosa de Petro llega hasta el incluir la conveniencia de negociar un eficaz tratado entre Colombia y países sudamericanos para modificar de común acuerdo y con fines comunes la Convención de Estupefacientes de 1961. Esto permitiría que la bandera de legalización fuera eventualmente seguida por otros países. Sin embargo, la Constitución colombiana prohíbe explícitamente el uso de estupefacientes sin prescripción médica; e incluso si el Congreso aprobara una ley que legalice la marihuana recreativa, la Corte Suprema puede considerarla inconstitucional, salvo que se elimine el artículo 49 como han propuesto los legisladores Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes Kuri.
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