Qué hay detrás del estado de emergencia declarado por Meloni en Italia ante la migración

Después de varios días en los que han desembarcado en las costas italianas miles de migrantes y en el primer Consejo de Ministros tras el parón de semana santa, el Gobierno de Giorgia Meloni declaró este martes el estado de emergencia nacional durante seis meses para hacer frente a la crisis migratoria. Pero ¿qué conlleva el estado de emergencia y qué podrá hacer el Gobierno ultraderechista amparado por ese decreto?

Un plan sin detalles

La declaración del estado de emergencia hace que el Ejecutivo pueda disponer de “medios y poderes extraordinarios” para hacer frente a distintas crisis, desde humanitarias hasta desastres naturales. Según la primera ministra italiana, la decisión permitirá “ofrecer respuestas más eficaces e inmediatas en la gestión de los flujos” migratorios. Como si se tratase de una catástrofe natural, Meloni no ha hecho referencia a cómo se gestionarán los derechos de los inmigrantes que alcancen suelo italiano.

Según fuentes de Gobierno citadas por la agencia de noticias Ansa, se podrán tomar “procedimientos y acciones más rápidas, y ofrecer a los migrantes soluciones de acogida en tiempos breves y en condiciones adecuadas”, sin más detalles. Otro de los objetivos es “aumentar y fortalecer las estructuras para la repatriación de aquellos que no tienen derecho a permanecer en Italia, potenciando la identificación y expulsión” de estas personas.

En esas estructuras se recibe e identifica a los migrantes y, en un plazo máximo de 72 horas, las autoridades deciden quiénes tienen derecho a pedir asilo y quiénes pueden ser devueltos al país de origen, donde muchas veces no está garantizada su seguridad. Es el caso de Libia, donde los subsaharianos se encuentran en condiciones de esclavitud, según la propia ONU, y en Túnez, desde que las autoridades lanzaron una campaña de persecución y estigmatización contra los migrantes.

La agencia europea Frontex confirma que la ruta del Mediterráneo central ha sido la más transitada en el primer trimestre de 2023 y, en concreto, en el mes de marzo, coincidiendo con el recrudecimiento de la situación en Túnez. “Los grupos criminales organizados han aprovechado el buen tiempo y la inestabilidad política en algunos países de salida para intentar llevar a cuantos más migrantes posibles desde Túnez y Libia a través del Mediterráneo”.

También ha sido la ruta más mortífera, según los datos de la Organización Internacional de Migraciones: 441 fallecidos, la cifra más alta en el primer trimestre del año desde 2017.

La emergencia viene de lejos

“Los números sin duda son importantes. Es abril y ya han llegado 30.000 personas y la tendencia es al alza”, afirma a elDiario.es Marco Bertotto, director de Operaciones de Médicos sin Fronteras (MSF) Italia. “Esta situación requiere de medidas” excepcionales porque en los años pasados “no ha habido planes de contingencia”.

Si comparamos con los datos de las crisis de 2014, 2015 y 2016, “hoy tenemos una situación de acogida mucho peor: 115.000 personas se encuentran en acogida y, en abril, ya hay congestión”. Además, faltan, según Bertotto, los mecanismos para hacerse cargo de las personas más vulnerables que llegan de conflictos como el de Afganistán o Siria, sobre todo desde la ruta del Mediterráneo oriental.

“También la situación en el mar es problemática, en los pasados diez días han muerto muchas personas”, lamenta. “No existe una respuesta a esta emergencia que estamos viendo” porque en los pasados años no se ha desarrollado un sistema adecuado: “Hoy estamos pagando las consecuencias de políticas que se han orientado sobre todo a reducir los flujos y las llegadas (de migrantes a Italia) y no han producido resultados”.

Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno Meloni no han ayudado a mejorar la situación y, en medio del repunte de las travesías del Mediterráneo, han dificultado las actividades de salvamento en el mar, tal y como han denunciado muchas ONG, incluida MSF.

Aún es pronto para conocer las repercusiones directas del nuevo decreto, que sólo establece la participación de la Protección Civil y la Cruz Roja Italiana en las actividades de gestión de la crisis, pero no menciona otras organizaciones. El Gobierno ha destinado, en un primer paso, 5 millones de euros del Fondo para las Emergencias Nacionales para “activar las primeras medidas urgentes”, según Ansa, pero se desconocen cuáles serán los primeros pasos que dará la coalición ultraderechista.

Podría ser nombrado en breve un comisionado para implementar y supervisar las medidas que buscan poner fin a la emergencia en cuestión, y que tendría poderes extraordinarios: el candidato favorito, según la prensa italiana, es el actual jefe del Departamento de las Libertades Civiles e Inmigración del Ministerio de Interior, Valerio Valenti. El estado de emergencia fue propuesto precisamente por Interior y el ministro de Protección Civil y Políticas del Mar, Nello Musumeci, ha afirmado que apoyó el decreto por “la gravedad” de la situación, con un aumento de los desembarcos en las costas italianas del 300%. Aun así, Musumeci ha declarado: “De esta forma no se soluciona el problema, la solución está ligada a una intervención consciente y responsable de la Unión Europea”.

Un estado no tan excepcional

El estado de emergencia a nivel nacional, declarado por seis meses, puede llegar a ser de hasta 12 meses y prorrogado otros 12 sólo con la aprobación del Consejo de Ministros. Después de esos dos años, tendría que pasar por el Parlamento. También puede haber estados de emergencia a nivel local o regional, que son los más habituales cuando una catástrofe o un desastre natural golpea una zona o población concretas, tal y como prevé el código de Protección Civil.

Actualmente en Italia ya hay en vigor una veintena de estados de emergencia, como el vigente en la isla de Ischia (frente a la costa de Nápoles) desde noviembre de 2022 y por un periodo de un año, tras las lluvias torrenciales y corrimiento de tierras que causaron varios muertos y graves destrozos. También fue decretado el estado de emergencia el año pasado por la crisis de los refugiados de Ucrania.

La última vez que se adoptó esta medida para hacer frente a la inmigración desde el norte de África fue en 2011. El entonces presidente del Gobierno, Silvio Berlusconi, buscaba reubicar a los migrantes en el territorio italiano para que no se hicieran cargo sólo las zonas del sur a las que llegaban y siguen llegando, en concreto Lampedusa, isla situada al norte de las costas libias y al este de las tunecinas, y la más cercana para los barcos que zarpan de esos países –el centro de acogida se encuentra actualmente colapsado–.

Analistas y comentaristas italianos han señalado que el decreto de Meloni busca en parte distraer la atención de los problemas económicos reales del país y de las promesas incumplidas de su Gobierno. En el Consejo de Ministros del martes, también fue aprobado el primer documento de economía financiera, en el que el Ejecutivo estima el crecimiento del PIB de un punto porcentual (frente al 0,7 % del FMI) y un déficit del 3,5% para 2024.

La primera ministra ha asegurado que busca seguir reduciendo la deuda estatal y disminuir la “presión fiscal” sobre los italianos. Y adelanta que en los próximos presupuestos habrá que plantear medidas concretas ante el problema demográfico y la bajada de la tasa de natalidad, otras de las cuestiones en torno a la que la ultraderecha ha lanzado proclamas populistas tras conocerse a finales de marzo los últimos datos de 2022, año en el que se registró el menor número de nacimientos.