A las 50 personas que festejaron el fallo frente a las puertas del Tribunal Constitucional de Perú (TC), con banderas, remeras y correspondientes carteles -entre ellos: “Fujimori Libertad” - se opusieron varios miles que expresaron su rechazo en la plaza San Martín, del centro de Lima, convocados por las redes. Manifestaciones similares en Cajamarca, Cusco y Tacna, cuyos letreros llevaban frases como “Tribunal Constitucional corrupto” o “Fujimori asesino y ladrón”.
El fujimorismo
Fujimori, el antipolítico más exitoso del subcontinente, presidió la nación andina durante la década de los ’90. El 5 de abril de 1993, llevó a cabo el autogolpe conocido como “Fujimarazo”. El mismo día que instauró el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” , sacó los tanques a la calle, arrestó a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, cerró el Congreso de la República y secuestró a varios ciudadanos.
La duración de su mandato, que se extendió desde el 28 de julio de 1990 hasta el 19 de noviembre del 2000, se explica en parte tanto por los éxitos relativos alcanzados en la economía, la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) -que protagonizó un espectacular secuestro en la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996, y que terminó con un rescate de película más de cuatro meses después- y la reinserción en el plano internacional; como por la manipulación de los medios, el ataque frontal a los debilitados partidos políticos y el férreo control -con la cooperación de las FFAA- de las instituciones democráticas del Perú.
La difusión pública de casos de corrupción a partir de la difusión del “vladivideo” en el que Vladimiro Montesinos– el influyente asesor presidencial conocido como “el monje negro”– aparece sobornando a un congresista para que forme parte de las filas del oficialismo, el deterioro de la economía y la denuncia de fraude electoral favorecieron el fin del régimen.
Fujimori aprovechando un viaje oficial huyó a Japón y envió su renuncia por fax. El gobierno peruano intentó su extradición sin éxito debido a la nacionalidad japonesa del prófugo.
Cuando en noviembre de 2005, Fujimori viajó a Chile con el anunciado propósito de trasladarse a Perú y presentarse a las elecciones presidenciales, apenas llegó a Santiago fue detenido a petición de las autoridades peruanas, que inmediatamente presentaron la solicitud de extradición del ex gobernante, acusado de corrupción, hurto al Estado, pero también de varios delitos de lesa humanidad por la desaparición y muerte de un número no escaso de personas.
En abril del 2009, después de 15 meses de procesamiento, el juez César San Martín condenó a Fujimori -en ese momento de 70 años- a 25 años de cárcel inculpado de delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, en la masacre de Barrios Altos -una zona popular de Lima- cuando el grupo para militar encubierto Colina irrumpió en el 840 del Jirón Huanta y disparó indiscriminadamente contra los vecinos reunidos compartiendo una pollada con el propósito de recaudar fondos para reparar el edificio donde vivían, la noche del 3 de noviembre de 1991 con el saldo de 15 muertos y varios heridos. El 18 de julio de 1992, Colina secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El primer indulto
En la Nochebuena de 2017, Fujimori fue indultado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) quien días antes había sobrevivido a una moción de vacancia en el Congreso -por incapacidad moral debido a sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht- gracias a la abstención de Fuerza Popular (FP) liderado por Keiko Fujimori, hija del ex presidente y candidata tres veces a la presidencia que desde el inicio apoyó la moción porque quería una ley y no un favor presidencial, pero no así su hermano Kenji quien operó a favor de la ‘gracia’.
La protesta masiva contra la gracia presidencial de miles de peruanos que exigieron la renuncia de Kuczynski derivó en choques entre manifestantes y policías.
Los grupos de Derechos Humanos acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en mayo de 2018 emitió una resolución en la cual asentó la no admisibilidad de un indulto humanitario en casos de delitos considerados de lesa humanidad y determinó que el Estado peruano “no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta”. De manera consecuente, ordenó su revisión por la justicia local. Cinco meses más tarde, el Juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú (CSJR) decidió la nulidad del indulto y Fujimori volvió a prisión después de estar en libertad durante nueve meses.
La resolución, además de indicar el carácter de transacción política del indulto, señaló una serie de irregularidades en su concesión. Entre otras, haber incluido al médico personal de Fujimori como parte de la Junta Médica Penitenciaria que debía evaluarlo; que el indulto fue procesado, evaluado y resuelto en 13 días, cuando el promedio para casos similares es superior a los dos meses; y que la Comisión de Gracias Presidenciales no constató el estado de salud de Fujimori. En palabras del juez, la resolución que concedió el indulto “no contiene debida fundamentación ni expresa una suficiente justificación en la decisión adoptada”.
A partir de entonces, el ex presidente del Perú más procesado por la justicia y uno de los ciudadanos que más le debe al estado por concepto de reparación civil- a la fecha, el monto supera los 51 millones de soles, equiparable a 13 millones de dólares- cumple su condena en el penal de Barbadillo, una prisión donde “el preso más caro de Perú” vive solo.
Mas fuerte en las palabras que en los hechos, el mensaje del presidente de izquierda Pedro Castillo respecto al indulto del golpista derechista Fujimori puede parecer, y ha parecido, suave.
Fujimori también está imputado en la demanda por esterilizaciones forzadas como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad que marcó la historia del Perú. Cerca de las 300 mil personas que fueron esterilizadas en la sierra peruana durante su segundo período presidencial, en su mayoría no hablaban fluidamente el castellano y no pudieron dar un consentimiento informado a los procedimientos. Después de 20 años de espera, el 3 de marzo comenzó el juicio en el que se acusa como autores mediatos (con dominio del hecho) tanto a Fujimori como sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, actualmente congresista del partido FP y que casi por dos décadas ejerce como médico de cabecera de Fujimori condenado a 25 años por dos matanzas y dos secuestros -del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia- y otros 8 por corrupción.
Resurrección del fallo revocado
El jueves 17, la instancia más elevada del sistema peruano revirtió el fallo de 2008 que había dado por tierra el indulto. De los seis integrantes del TC, tres de ellos apoyaron la restitución del indulto - Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, y otros tres su rechazo- Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda. El magistrado Augusto Ferrero -titular del cuerpo- usó su voto de desempate a favor del expresidente. Este último magistrado no está lejos de los escándalos. Precisamente en el 2019, Augusto Ferrero reconoció que tuvo una reunión con Keiko Fujimori y la bancada de FP Popular en 2017, antes de su elección como integrante de este organismo.
Aun no se publicó el fallo para conocer las razones esgrimidas por los magistrados que sean cuales fueran agitan la opinión pública enfrentada nuevamente a fujimoristas y anti fujimoristas.
El partido marxista Perú Libre (PL)- que llevó al presidente Castillo al poder- en reacción al fallo planteó una reforma “general” del sistema judicial del país. "Fujimori es la expresión viva del último y sistemático terrorismo de Estado aplicado en nuestro país”, declaró PL en un escenario político donde el presidente Castillo se encuentra amenazado, también él, por una moción de vacancia.
Jo-Marie Burt, miembro principal de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) , informó que “Las organizaciones que representan a las víctimas en Perú ya pidieron a la Corte (Interamericana) que se reúna y revise esta decisión... de hecho, presentaron la solicitud ayer”.
El viernes, la CIDH dio a conocer el viernes pasado por su cuenta de Twitter su “profunda preocupación” por la restitución del indulto y considera que la liberación del expresidente “afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales” en los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado.
La Oficina de Derechos Humanos delas Naciones Unidas (ACNUDH) expresó su rechazo al fallo y señalo que vulnera el derecho de las víctimas de los crímenes de lesa Humanidad perpetrados por Fujimori.
El abogado Carlos Rivera, defensor legal de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, declaró que solicitaron la CIDH una audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia contra Fujimori : “Seguramente, en los siguientes días, y ya teniendo conocimiento pleno del criterio tomado por el Tribunal Constitucional, la Corte IDH nos estará convocando [a una audiencia] en la que deberán comparecer también representantes del Estado peruano”. Rivera considera que la decisión del TC con respecto al indulto no tiene razonabilidad jurídica, considerando los vicios que anteriormente había hallado la Corte Suprema para revocarlo. Según estima, la balanza de votos de los magistrados constitucionales se ha inclinado por una motivación política.
No existen aún elementos para afirmar que la tibieza del presidente Castilo ante la noticia sea resultado de una negociación con la oposición en el Congreso en medio de un escenario de vacancia.
Por su parte, el abogado César Nakazaki quien presentó el amparo a favor de Fujimori sostuvo que no le cabe duda que habrá una nueva revisión por parte de la CIDH. Sin embargo, estimó que en esta ocasión, la instancia validará el estado de salud de su defendido. En cuanto a la posición del gobierno peruano, resaltó que, de acuerdo con la Constitución y el Pacto de San José, el Ejecutivo está obligado a defender actos estatales, como lo es la decisión del TC.
Keiko, lidereza de la oposición, el viernes antes de ingresar a la cárcel donde aún está su padre admitió que su apellido genera polémica pero que recibía el fallo “con profunda gratitud a Dios, porque como ustedes saben mi padre es un hombre mayor y enfermo”.
Qué puede suceder los próximos días
La resolución que motivó el rechazo político del presidente Castillo, del primer ministro Aníbal Torres quien comparó a Fuyimori con Adolfo Hitler , fue ratificada desde el punto de vista jurídico por el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa. Mientras que la presidenta del Poder Judicial (PJ), Elvia Barrios, pidió “no polarizar” más la situación que afronta su país.
Jurídicamente, todos los caminos parecen llegar al mismo lugar: Fujimori regresando al penal de Barbadillo y dejando sin efecto el fallo del TC. Para que así suceda existen dos vías.
Una, que el Gobierno le ahorre un trámite legal internacional al Estado peruano al marcar una postura tajante frente a este arbitrario proceso. El presidente Castillo tendría que anular por Decreto Supremo (DS) la gracia presidencial otorgada, como lo hizo el fallecido expresidente Alan García con José Crousillat en 2010.
Julio Arbizu, abogado especialista en DDHH y lucha anticorrupción, explica este escenario. “Es perfectamente posible argumentar la necesidad del Gobierno de revocar este indulto. Lo que puede hacer el presidente es revocar este DS que le dio el indulto ilegal a Alberto Fujimori y que se afronten las consecuencias de lo que pueda pasar. Yo creo perfectamente que ese es un escenario posible”, señala. Y advierte que “el mandatario se juega su lugar en la historia con la decisión que tome y el silencio en estos casos es cómplice también”.
El otro camino es esperar el dictamen de CIDH. Carlos Mesía, expresidente del TC, no acuerda con la primera vía, como lo plantea Arbizu. “El indulto, si bien es una facultad presidencial, una vez que se da, ni el propio presidente la puede cambiar. Así como los jueces: no pueden cambiar sus sentencias. El presidente no puede modificar el indulto porque este tiene la condición de cosa juzgada”. Aclaró que la CIDH sí podría determinar que el TC ha violado el pacto internacional y podría obligar al Estado peruano a regresar a Fujimori a prisión.
Hasta el momento, las palabras del Gobierno no expresan una postura determinante. El último jueves 18, tras conocerse el fallo, el presidente Castillo publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que no decía absolutamente nada. “La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del TC. Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”. Nada aclara de la ilegalidad del indulto y nada de aquella familiar víctima de las esterilizaciones forzadas que tanto citó durante su campaña.
El mensaje presidencial acaso bastante suave, sobre todo por el nivel de gravedad que implica la resolución del TC respecto al indulto. Sin embargo, no existen aún elementos para afirmar que esta tibieza sea resultado de una negociación con la oposición en medio de un escenario de vacancia.
El sábado Castillo, tomó juramento al cuestionado abogado Félix Chero Medina como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) , en reemplazo de Ángel Yldefonso, quien renunció luego de que fue interpelado el pasado miércoles por el Congreso. Mientras tanto, continúan las expresiones de rechazo a la excarcelación de Fujimori. La tarde del sábado, colectivos ciudadanos y de derechos humanos realizaron marchas de protestas en contra de la decisión del TC en menos siete regiones del país.
AGB