Lo que cuesta, vale

En diciembre de 2002, entre Chile y los Estados Unidos, fue alcanzado un instrumento para ampliar las oportunidades de negocios. Por el país del Sur, esto se interpretó como “un desafío” y, por el país del Norte, como “un ejemplo para América Latina”. Se habían consumido más de doce años desde el primer anuncio y la última ronda negociadora. El Tratado de Libre Comercio (TLC) fue firmado en junio del 2003. Desde 2015 la totalidad del comercio bilateral quedó libre de aranceles.

Estados Unidos es hoy el segundo destino más importante para las exportaciones chilenas, después de China. Chile exporta diversos productos a Estados Unidos, como frutas, vinos y minerales. Por su parte, Estados Unidos es el principal proveedor de importaciones, y es el quinto mayor receptor de inversiones chilenas en el exterior. Según el Banco Central, se encuentra en el segundo lugar en el ranking de los inversionistas extranjeros, con US$25.189 millones, luego de Canadá con US$36.216 millones, aproximadamente 11.5% del PIB.

Veinte años de aplicación produjeron en Chile una avenida de dislocación y reajuste compleja y lenta, y una puerta hacia una mayor variedad y menores precios de bienes de consumo y de capacidad productiva. Costó mucho esfuerzo, y vale algunos logros. Desde la entrada en vigor del TLC en 2004, aumentó el comercio bilateral. En 2022, el intercambio comercial alcanzó los US$35.400 millones, con un crecimiento promedio anual del 9,2%.

Es que “lo que cuesta, vale”, expresión de la sabiduría popular que tasa el esfuerzo y el trabajo duro, por encima de la gritería y de los juegos online. Aquel proceso tuvo un impacto considerable también en aspectos políticos.

La canciller chilena que firmó el acuerdo, Soledad Alvear, fue candidata a la presidencia. En febrero de 2003, esto es, cuatro meses antes de la firma del TLC, Chile, junto con México, se resistieron a apoyar la intervención militar en Irak, requerida bajo el supuesto de que el país del Oriente Próximo disponía de armas de destrucción masiva y de que Saddam Hussein prestaba apoyo a grupos terroristas. Washington hizo saber al gobierno de Ricardo Lagos que una postura desfavorable a la invasión arriesgaría el tratado de libre comercio.

Lagos se opuso a la invasión y a la guerra, considerando que los supuestos eran inconsistentes, y el acuerdo se firmó de todos modos, con bienvenidas en castellano, pompas y circunstancias. En el palacio de Vizcaya en Miami, en lugar de en la Casa Blanca en Washington, eso sí, y con la presencia del gobernador de Florida Jeb Bush, en lugar de la del presidente George W. Bush, su hermano mayor. No es indispensable practicar los cien metros de rodillas para avanzar en las propias convicciones, si existen.

Tras haber consumido muchos años, más de quince, el Congreso chileno aprobó el 28 de enero de 2025 la reforma al sistema jubilatorio, la mayor transformación del mecanismo previsional desde su materialización en 1981 bajo Pinochet. La nueva ley introduce cambios significativos, como el retorno de las aportaciones de los empleadores y la creación de un Seguro Social para mejorar las pensiones de los trabajadores.

Los fondos acumulados en el sistema privado de pensiones, por su finalidad primaria y su volumen, siempre están en la vanguardia de los temas debatidos por la opinión pública. Cuando se abrió el estuario entre el estallido social y el avenimiento del Covid, con el argumento de mitigar los efectos económicos derivados del estado de excepción por calamidad pública, por tercera vez en menos de un año se autorizó a los afiliados del sistema privado de pensiones a retirar el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

Esa triple autorización (julio y diciembre de 2020, y abril de 2021) significó una caída de US$44.395 millones en los fondos. “Nos tomó tres años y medio reparar el daño que le hicieron a los fondos de pensiones (…) los retiros del 10%. Con esto solo igualamos lo que teníamos antes en monto nominal”, dijeron las aseguradoras.

En la ley aparece la “liquidación de stock” de los afiliados a AFP en Chile. Se refiere a una propuesta de reforma del sistema que busca introducir licitaciones del stock de afiliados antiguos. Cada dos años y durante veinte, se subastará el 10% de los afiliados a la AFP que ofrezca la menor comisión. El objetivo principal es reducir los pagos por administración mediante la subasta anual del 10% de los afiliados totales. La “nueva” administradora deberá mantener la comisión reducida durante 10 años.

Así como en su momento el TLC nonato fue la soga al cuello para tratar de hechizar a Chile, hoy es otra vez el TLC, pero en su carácter de “oración de las ofrendas” en la liturgia laica de protección al dinero. El gremio de aseguradores de Estados Unidos (ACLI), que reúne a algunas de las firmas que controlan AFP chilenas, gremio que agrupa a 280 compañías que en conjunto representan el 94% de los activos de esta industria en EE.UU., envió una carta al Presidente Gabriel Boric, en la que critica la iniciativa. ¿Abuso de la propiedad o derroche democrático?

El presidente de ACLI, David C. Chavern, dijo que la liquidación de stocks era una “expropiación de inversiones significativas de EE.UU. en Chile” y que “Chile ha construido una reputación bien merecida como un socio confiable comprometido a honrar los tratados internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y Chile”. Una versión financiera de la retórica del palo y la zanahoria.

Ministros chilenos sostuvieron que la carta sería respondida a su debido tiempo, que los afiliados no eran propiedad de nadie como para hablar de “confiscación” y que no hay normas de protección de inversiones ni del derecho internacional que sean contrarias a la promoción de la competencia. Esto sucede en momentos en que los Estados Unidos pone en entredicho la Visa Weiver, programa que permite a los chilenos viajar a Norteamérica sin visa, y en que Trump declaró una eventual suba de los aranceles del cobre, en un discurso ante los legisladores republicanos en Miami. En 2021, EE.UU. había amenazado con retirar el programa de exención de visa si la empresa china Aisino ganaba la licitación de pasaportes. Hoy no los fabrica ninguna empresa estatal china.

Sería bonito que fuera cierto que “el que las hace, las paga”. Sin embargo, como están las cosas, sólo es posible confiar en que “siempre que llovió, paró”. Hasta entonces, “Agarráte Catalina que vamos a cabalgar”, como decían los uruguayos hermanos Podestá a su hermana, cuando ella se lanzaba hacia una emocionante acrobacia ecuestre.

El autor es ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación (2003-2005) y ex embajador argentino en Chile (2020-2023).