El debate urgente por un pacto fiscal en América Latina y el Caribe

La propuesta, los problemas

En enero pasado, el ahora exministro de Hacienda y Crédito Publico de Colombia, Antonio Ocampo, declaró que América Latina debía darse el tiempo y el lugar para pensar y construir un nuevo pacto fiscal de cara al mundo. Fue en el marco del Foro Económico Mundial de Davos que Ocampo dijo que había que avanzar hacia un “sistema tributario global incluyente, sostenible y equitativo”. Razón no le faltaba.

América Latina y El Caribe es la región más desigual de la tierra. Tiene indicadores sociales que empeoraron mucho en el último tiempo y no lograron recuperarse del todo de los efectos devastadores de la pandemia. La región posee niveles de pobreza del orden del 32.1% y 13.1% de indigencia. Según la CEPAL en América Latina y El Caribe, el 25% de la población carece de acceso al agua potable, mientras que el 66% no tiene servicios de saneamiento seguros. La pésima realidad social y económica de la región tiene entre sus varias causas una de peso: el fraude tributario.

Precisamente por eso, se necesita más que nunca una articulación política en torno a temas tributarios, pero con una agenda temática más amplia y sin la captura corporativa hacia los Estados.

¿Por qué necesitamos articular propuestas en materia tributaria?

Porque la región que anhelamos no es viable con estos sistemas regresivos y con baja presión tributaria. La diferencia de presión tributaria respecto de los países de la OCDE va desde el 10% al 25% dependiendo del país. Vamos a necesitar más de una década para recuperar los precarios indicadores económicos y sociales que América Latina y El Caribe tenían previo a la irrupción de la pandemia. Necesitamos combatir las estrategias de las corporaciones y los ricos que explotan las lagunas y discrepancias en las reglas tributarias que existen entre países para reducir la carga tributaria y/o fugar dinero a guaridas fiscales.

Es preciso dotar a los Estados de los recursos necesarios para proveer condiciones de vida digna basada en una protección social universal, en acceso a servicios públicos de calidad, para financiar un sistema de cuidados y para cerrar definitivamente la puerta a la privatización de los servicios públicos. La educación y la salud ocupan los primeros lugares. Para desmontar el régimen de privilegios fiscales corporativos existente en la región que representan el 5% del PIB regional, lo mismo que se invierte en educación. Para saber algo muy simple: quién es dueño de qué y dónde. De esta manera, poder gravar lo que hoy no se grava o se grava mediante presentación de una simple declaración jurada que puede ser fácilmente fraguada: patrimonio, herencias, rentas corporativas, ganancias inesperadas, etc.

¿Cuáles son las limitaciones a las que nos enfrentamos?

La principal limitación es la capacidad institucional, de recursos económicos y tecnológicos de la mayoría de las administraciones tributarias en la región. El lento avance de los distintos países en materia de legislación específica: intercambio automático de información, registros públicos de beneficiarios finales, actualización y centralización de bases de datos, implementación de nuevas reglas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Existe también una limitación en relación a la necesidad de reconstruir un espacio de debate político de articulación regional que incluya la dimensión tributaria, pero por afuera de lo técnico. Esta integración no debe ser aislada, debe estar institucionalizada. Romper de una vez con la falsa homogeneidad de América Latina y El Caribe. Por último, es necesario incluir en el debate a actores claves de la sociedad civil como sindicatos y movimientos sociales.

¿Con qué herramientas contamos y cuáles debemos construir?

Potenciar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la construcción de un espacio de trabajo al estilo del Grupo de Trabajo sobre Integración Financiera de la UNASUR (GTIF).Constituir un foro permanente de formación e intercambio con participación gubernamental y de la sociedad civil en el marco de CELAC. No se parte de cero, hay un acumulado que es muy importante valorar y mejorar.

¿Una cumbre capturada?

El camino planteado originalmente en Davos por el exministro Ocampo de constituir una plataforma regional sobre los temas fiscales comenzó el pasado 2 y 3 de mayo en la ciudad de Bogotá (Colombia), a través de un evento académico denominado “Repensando la tributación global: hacia un sistema incluyente, sostenible y equitativo”.

Fue un evento restringido en su concepción hacia la sociedad civil y tuvo en su desarrollo, primeras conclusiones y parte de sus componentes una síntesis de conceptos difíciles de imaginar a priori. Mecanismos ligados a la colonialidad del poder, ponencias en la voz de referentes surgidos de “puertas giratorias” entre empresas y Estado con la clara intencionalidad de preservar intereses corporativos. Se hizo muy claro por momentos el resurgir del concepto de “captura del Estado” como dimensión explicativa de un proceso que no nació participativo y que lentamente fue mostrando limites a otras voces disidentes.

El concepto de “captura del Estado” fue desarrollado, entre otros, por el recordado sociólogo peruano Francisco Durand y da cuenta de una situación en la que actores dotados de extensos privilegios y recursos —generalmente las elites económicas— logran tener una ventaja sobre el resto para inmiscuirse en las decisiones públicas de acuerdo a sus intereses. Estos actores provienen desde diferentes campos y disciplinas, conocerlos bien nos da la posibilidad de comprender sus estrategias de aproximación, vinculación directa y presión sobre las decisiones de los gobiernos.

Logran a través de sus prácticas —ocultas a veces y hasta disfrazadas de buenas intenciones— lo que se conoce como “hablarle al oído al Príncipe”, es decir, acceder a espacios de poder para ser escuchados e intentar de esa manera torcer decisiones a su favor. Rara vez operan a cielo abierto, generalmente se mueven con cautela por zonas grises del entramado institucional de los gobiernos influyendo indebida y excesivamente. Sus operaciones no son simples manifiestos que logran acercar a una mesa antes que el resto, sus prácticas nocivas de penetración vía lobby terminan por acallar voces disidentes a través de la construcción de un vínculo burocrático entre elites y cierta clase política. Estas prácticas se conocen con el nombre de “puertas giratorias” o funcionarios “anfibios” como los llaman en Brasil. Esto demuestra que la incursión de las elites, de la mano de abogados, contadores, administradores, es un problema estructural del sistema que promueve, permite y alienta la captura corporativa de los Estados. América Latina y el Caribe son víctimas recurrentes de estas maniobras.

El evento desarrollado en Bogotá —lamentablemente—fue en gran medida cooptado por lobbystas del poder corporativo. Abogados/as especialistas en litigio contra los Estados, especialistas en planificación fiscal, ávidos en mostrar el camino para que sus clientes paguen menos impuestos explotando lagunas legales. Esperemos que estas propuestas regresivas no tengan éxito en el camino a la cumbre que debería tener su coronación en Cartagena en julio de este año. Si logran imponer su perspectiva, estaremos sin dudas frente a una cumbre capturada.

Comencemos a transitar ese camino de la integración en materia tributaria para hacer coincidir la defensa irrestricta de nuestros derechos con un sistema tributario progresista, del futuro y construido desde una perspectiva de justicia. Construyamos una alternativa real al poder corporativo, cambiemos las reglas del juego.

Adrián Falco es Secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe y coordinador de la Fundación SES.