El segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei tiene fecha: 9 de mayo. Cuando parecía que la posibilidad se alejaba, principalmente por la reunión que había tenido lugar horas antes en Casa Rosada, el reclamo de una parte de la población encontró su cauce. Motivos sobran, pero vamos a centrarnos en los dos más vinculados a los intereses que defiende la Confederación General del Trabajo: la caída de los salarios reales y el intento por restituir el Impuesto a las Ganancias.
El primero, y quizás principal, tiene que ver con la caída de la capacidad de compra de los salarios. De acuerdo con el dato provisto por la Secretaría de Trabajo, los salarios registrados crecieron solamente 11,5% en febrero, frente a una inflación que fue del 13,2%, continuando una tendencia a la baja que implicó una pérdida de 19,2% en tan solo tres meses de gestión libertaria. Esta medición releva la “Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Es decir, no es el mero promedio simple de los salarios registrados sino que sólo toma aquellos puestos de trabajo que tienen una estabilidad superior a un año. Son –se supone– los más privilegiados dentro de ese conjunto tan heterogéneo que es hoy la clase trabajadora argentina.
Así, el sector mejor posicionado dentro de los trabajadores perdió prácticamente una quinta parte de su capacidad de compra en tan sólo tres meses. Es un derrumbe que no reviste precedentes en cuanto a su velocidad desde que se publica el dato hace treinta años. Lo más cercano es una caída de 17% a comienzos de 2002, en plena crisis de la salida de la convertibilidad, con un país estallado y un presidente interino cuyo primer (y quizás único) mérito era sostenerse más de una semana en el cargo.
A esta situación se le adiciona una perspectiva negativa hacia adelante, que impide proyectar una recuperación: la principal herramienta para mejorar el poder adquisitivo que tienen los sindicatos son las paritarias. Algunos sindicatos, con mayor poder de fuego, lograron alcanzar negociaciones auspiciosas pero desde el gobierno se niegan a homologar paritarias por encima de la inflación proyectada. Si los aumentos salariales no pueden ir por encima de la inflación, la recuperación es matemáticamente imposible.
Los sindicatos venían denunciando esta situación, pero el viernes pasado se hizo oficial. El Ministro de Economía, en una entrevista televisiva reconoció que la paritaria de Camioneros, que contempla un aumento de 25% en marzo, no va a ser homologada porque “tiene que tener una lógica la paritaria” y al Estado le tiene que “parecer razonable lo que tiene que homologar” en su rol de regulador. Resulta sumamente contradictorio que el gobierno que desde el 10 de diciembre declara venir a desregular todas las áreas de la economía, reivindique su rol como regulador en un único mercado: el mercado de trabajo.
Mientras que en lo que va de 2024 las prepagas aumentaron 159%, la nafta 51% y el boleto de colectivo en el AMBA 409%, el único precio que se limita es el del salario. A la par que se sostiene que los alquileres son acuerdos entre partes en los que el Estado no intercede, en el acuerdo entre partes de la paritaria, aparece para limitar los derechos de los laburantes. La libertad, entonces, es sólo para algunos.
¿No es motivo suficiente este panorama para llamar a una huelga general por parte de la CGT? Como si fuera poco, a la par que se topean los aumentos salariales, el gobierno de Javier Milei avanza contra la cúpula de los trabajadores en otro frente: la restitución del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. Si bien aún es un borrador, todo parece indicar que el Poder Ejecutivo logró un consenso con los gobernadores para que los trabajadores vuelvan a pagar este impuesto (que no está de más recordar que el actual Presidente votó por quitar en su carácter de Diputado).
Desde el lugar de los gobernadores, el interés es claro: en un contexto en el que las transferencias a las provincias por parte de la Nación alcanzaron en marzo una caída de 27% en términos reales, a la que se suma la paralización de toda la obra pública y el recorte de toda transferencia de carácter más discrecional, la restitución del Impuesto a las Ganancias, que se coparticipa, resulta impostergable para las arcas de las provincias.
En el texto, no presentado de manera oficial sino circulado en los medios de comunicación, se establece un piso salarial de $1.800.000 brutos a partir del cual se pagaría el impuesto. Si bien comparado con el promedio del RIPTE ($619.000), puede resultar un valor alto, la combinación entre la pérdida de poder adquisitivo de 19,2% en tres meses y la posibilidad de volver a pagar Ganancias, resulta más que amenazante para los intereses de la CGT y sus representados.
A su vez, a la contradicción entre precios libres y salarios topeados, se le suma otra que se desprende de este nuevo borrador del paquete fiscal: a la par que se restituye el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores, se reduce la carga tributaria en el Impuesto a los Bienes Personales. Allí, se propone una reducción de la alícuota de manera progresiva entre el período fiscal 2023 y 2027, llevándolo a un insignificante 0,25% siendo que hoy la alícuota máxima es de 1,75% (2,25% para los bienes en el exterior). Además, elimina la segmentación aplicando una sola alícuota para todos los contribuyentes alcanzados, beneficiando así a los que tienen mayor patrimonio. Más impuestos para los trabajadores, menos impuestos para los más ricos de la Argentina: la contradicción avanza, y los intereses a los que responde el gobierno de Javier Milei son cada vez más transparentes.
CB/MT