En el mes de marzo pasado - veinte años después de estos luctuosos delitos – el fiscal Pablo Espinoza presentó los cargos de manera virtual – con traducción en quechua- contra el ex presidente Alberto Fujimori y funcionarios de su gobierno basado en testimonios de 1.300 personas. Años antes, en 2014, el entonces fiscal Marco Guzmán había exculpado a Fujimori y sus exministros con el argumento, como bien recuerda la abogada María Isabel Cedano, de la ONG Demus, de que “no hubo una política de esterilizaciones forzadas y por tanto, tampoco un crimen de lesa humanidad”.
El juez Rafael Martínez reserva su fallo para darlo a conocer aparentemente el sábado después de suspender por décima vez la audiencia, ante la incertidumbre de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de Justicia. La audiencia en la que se evalúan los casos presentados por la Fiscalía a lo largo de 16 años de investigación comenzó el 14 de septiembre y, con suerte, culminará el próximo sábado, según lo anticipado por el magistrado. En la sesión de más de siete horas celebrada el lunes, el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional consideró que en las esterilizaciones forzadas hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados en el caso. Según anticipó el magistrado, los médicos y las enfermeras a cargo de realizar las ligaduras de trompas no respetaron los protocolos y guías clínicas ante la obligación de cumplir las exigentes metas impuestas desde las altas direcciones, en una escala de mando que alcanzaría al entonces jefe de Estado como el máximo responsable por impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad.
Fujimori lanzó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar ( 1996-2000) y adornó su política en la Cuarta Conferencia de la Mujer de la ONU de 1995 celebrada en China. Fue el único varón, llegó con un ramo de rosas y presentó de modo “progre” cómo las mujeres peruanas iban a ser dueñas de su destino, en el marco del Perú muy católico que prohibía las esterilizaciones. En esa ocasión logró el aplauso de las feministas.
El juez Martínez reiteró que, fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes, que son las vinculadas en esta investigación, entre ellas la de María Mamérita Mestanza, campesina indígena de 33años que vivía con su esposo y sus siete hijos en la Encañada – en el Departamento de Cajamarca- la cara más emblemática de este crimen de lesa humanidad. En 1996, Mamérita, presionada por funcionarios del gobierno, se sometió a la ligadura de trompas -sin haber sido informada de los riesgos- el 27 de marzo de 1998 y falleció el 4 de abril a raíz de una infección posoperatorio sin atención médica a pesar de haberla solicitado cinco veces. El Estado peruano solo reconoció su responsabilidad en la muerte de María Mamérita después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reclamó una investigación en octubre del 2003.
Están acusados como autores mediatos (con dominio del hecho) tanto Fujimori como sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, actualmente congresista del partido fujimorista Fuerza Popular y que casi por dos décadas ejerce como médico de cabecera de Fujimori condenado a 25 años por dos matanzas y dos secuestros -del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia- y otros 8 por corrupción. Susana Higuchi falleció este miércoles, en la festividad religiosa de la Inmaculada Concepción, como tuiteó su hija Keiko Fujimori. La primera Primera Dama de Fujimori, a dos años del primer mandato de su marido presidente, denunció por corrupción a sus cuñadas, iniciando la separación definitiva de su cónyuge. Elegida más tarde como diputada, desde el Congreso difundió tanto pruebas de la red corrupta del gobierno de su ex esposo orquestada por su asesor Vladimiro Montesinos -conocido como “el monje negro” -como haber sido torturada por presuntos agentes de inteligencia.
En caso de que se aceptara la acusación contra Fujimori, este no podría ser juzgado si la Justicia peruana no solicita a la Corte Suprema de Justicia de Chile la ampliación de los cargos de la extradición aprobada en 2005, después de que el ex mandatario fue detenido en el vecino país. Fujimori, de 83 años, que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, en la masacre de Barrios Altos -una zona popular de Lima- cuando el grupo para militar encubierto Colina irrumpió en el 840 del Jirón Huanta y disparó indiscriminadamente contra los vecinos reunidos compartiendo una pollada con el propósito de recaudar fondos para reparar el edificio donde vivían, la noche del 3 de noviembre de 1991 con el saldo de 15 muertos y varios heridos. El 18 de julio de 1992, la Colina secuestró y asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar donde se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.
Cerca de 300 mil personas fueron esterilizadas en la sierra peruana en el segundo período presidencial del padre de Keiko Fujimori. En su mayoría no hablaban fluidamente el castellano y no pudieron dar un consentimiento informado a los procedimientos.
Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 24.000 hombres, que en su gran mayoría no hablaban fluidamente el español y por lo tanto se les dificultaba la información -si la recibían- sobre las consecuencias del procedimiento, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún no se reconoce cuántas de ellas fueron forzadas.
Por ahora, hay algo más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2016. Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención. Las denunciantes, en su mayoría mujeres pobres, andinas, indígenas y quechua hablantes, afirman haber sido sometidas a las ligaduras de trompas sin que ellas hubiesen dado su consentimiento, bajo amenazas y coacciones o directamente sin que ellas fuesen conscientes de la intervención tras haber solicitado otro procedimiento médico.
Desde el 1 de marzo de 2021, fecha que se reanudó la Audiencia de Sustentación de Cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, sus ex ministros de Salud y otros funcionarios, por el caso de las esterilizaciones forzadas, las víctimas en su gran mayoría integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), se conectaron en línea desde sus comunidades para seguir este proceso. Empobrecidas, con afecciones de salud y dolores en todo el cuerpo, sin poder trabajar como antes, muchas de ellas suicidadas por desprecio y aborrecimiento de su propia familia y su comunidad, las mujeres dieron cuenta del horror perpetrado por el orden de estado fujimorista.
La primera en recoger sus voces fue la abogada feminista peruana, defensora de los derechos humanos Giulia Tamayo, quien destapó el escándalo en 1999 cuando aun Fujimori estaba en el poder y animó a la documentalista Rosemarie Lerner para el proyecto Quipu – iniciado en el 2014 y finalizado después de ochos meses- un documental vivo, interactivo y participativo cuyos testimonios de esta práctica eugenésica se encuentran en la Biblioteca Británica protegidos por 30 años. Fueron los primeros de una serie de memorias sobre la década de horror , acaso una de las más oscuras del Perú, cuyas víctimas sobrevivientes esperan expectantes el fallo del juez Martínez.