Bajo el título “La Argentina no se vende: ni decreto ni megaley”, personalidades del mundo de la cultura, la política, la ciencia, la defensa de los derechos humanos y el sindicalismo dieron a conocer un comunicado “en defensa del Estado social de derecho, de cada uno y cada una, de todos y todas” a través del cual apuntan al proyecto de ley “Bases” y al DNU 70 con el que el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma estructural del Estado que está en etapa de definiciones en el Congreso por estos días.
Allí, apuntan contra una tríada de medidas para sintetizar el sentir de más de mil firmantes en un documento que está abierto para las firmas de quienes quieran adherir: una “megadevaluación del 118% que provocó la duplicación de la tasa de inflación y un aumento sin precedentes del costo de vida en tan breve lapso que se expresa en subas del 82% en combustibles, un 70% en varios productos de la canasta básica y que en breve se expresarán en mayores aumentos sobre las tarifas de luz, gas, telecomunicaciones, prepagas y cuotas escolares”; un DNU 70 “que impone ilegal e ilegítimamente reformas de naturaleza legislativa en función de los intereses de un conjunto de corporaciones y en perjuicio del pueblo en su conjunto”, que es “ilegal e ilegítimo”, y que “atenta contra los trabajadores del sector privado, del sector público, consumidores, usuarios, inquilinos, deportistas, industriales, comerciantes, trabajadores y trabajadoras de la cultura”, además de “poner en grave riesgo la soberanía nacional y el cuidado del ambiente”; y un protocolo “autoritario de restricción de la libertad de reunión, asociación y manifestación que avanza sobre las facultades del poder legislativo y judicial a la hora de establecer conductas jurídicamente reprochables, resolver casos y fijar penas, permitiendo el accionar arbitrario del Estado que primero actuará sobre los sectores más vulnerables para luego atacar toda disidencia social, cultural o política”.
Qué dice el comunicado completo
“En su primer mes de mandato, el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel impuso arbitrariamente tres medidas que atentan contra el pueblo en su conjunto:
- Una megadevaluación del 118% que provocó la duplicación de la tasa de inflación y un aumento sin precedentes del costo de vida en tan breve lapso que se expresa en subas del 82% en combustibles, un 70% en varios productos de la canasta básica y que en breve se expresarán en mayores aumentos sobre las tarifas de luz, gas, telecomunicaciones, prepagas, cuotas escolares, etc.
- Un Decreto de Necesidad y Urgencia que impone ilegal e ilegítimamente reformas de naturaleza legislativa en función de los intereses de un conjunto de corporaciones y en perjuicio del pueblo en su conjunto. El Decreto 70/2023 es ilegal e ilegítimo, atenta contra los trabajadores del sector privado, los trabajadores del sector público, los consumidores y usuarios, los inquilinos, los deportistas, los industriales, los comerciantes, trabajadores y trabajadoras de la cultura, además de poner en grave riesgo la soberanía nacional y el cuidado del ambiente.
- Un protocolo autoritario de restricción de la libertad de reunión, asociación y manifestación que avanza sobre las facultades del poder legislativo y judicial a la hora de establecer conductas jurídicamente reprochables, resolver casos y fijar penas, permitiendo el accionar arbitrario del Estado que primero actuará sobre los sectores más vulnerables para luego atacar toda disidencia social, cultural o política.
Consecuentemente, las tres medidas fueron elaboradas por ex funcionarios de la frustrada administración macrista (2015-2019) y del gobierno fallido de Fernando De La Rúa (1999-2001), como Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Patricia Bullrich quienes, al igual que varios otros representantes del ejecutivo actual, de manera directa o a través de la defensa de los intereses de corporaciones privadas, ya participaron de otras experiencias de gobierno que fueron en contra de los intereses populares.
En ese contexto de prepotencia institucional y crueldad social, el poder ejecutivo pretende aprobar un proyecto de ley de casi mil artículos que encubren una reforma constitucional de facto y el establecimiento de unas supuestas “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, con un evidente objetivo de mejorar el lucro de las corporaciones, los organismos internacionales de crédito y el 1% más rico de la sociedad.
La aprobación de este proyecto sería la culminación de un desguace del Estado social de derecho que, bajo la excusa de su mal funcionamiento actual, se pretende destruir en vez de reparar.
Sin embargo, como parte de una estrategia perversa, el debate que se produce en el Congreso en torno a esa “mega-ley” ha dejado relegada la discusión sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia por un lado, y sobre las consecuencias de la brutal devaluación por otro. El decreto ya ha entrado en vigor, la devaluación ya produce estragos, ambos crean efectos jurídicos que dañan al país en el corto, mediano y largo plazo.
Ambos instrumentos no hacen más que empujar a la Argentina en lo que podríamos denominar “las tres flexibilizaciones”: flexibilización laboral, flexibilización impositiva, y flexibilización de las normas ambientales, poniendo al país con el hocico para abajo y así poder extraer a costa del salario de los trabajadores, de los ingresos del Estado y nuestros recursos naturales y estratégicos.
En efecto, el oficialismo ha bloqueado los mecanismos de compensación del drástico recorte en jubilaciones, salarios del sector público, privado y popular, políticas alimentarias y asistenciales básicas para los sectores más empobrecidos.
Tampoco ha permitido tratar en el Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia, buscando que su vigencia se sostenga a perpetuidad sin que los representantes legislativos del pueblo se pronuncien al respecto.
El oficialismo les ofrece a las fuerzas parlamentarias la trampa de negociar como en un mercado persa, en un marco de regateo y prebendas, artículo por artículo de un mamotreto insostenible mientras avanza en su plan de confiscación de los ingresos y ahorros de los argentinos, la enajenación de los derechos y el desguace del patrimonio nacional.
Nosotros, ciudadanos comprometidos con la vida común de nuestro pueblo, hombres y mujeres de distintos sectores de nuestra sociedad, manifestamos la necesidad de rechazar integralmente este plan destructivo, exigiendo:
- La derogación del DNU 70/2023 en su conjunto;
- El rechazo de la megaley en su conjunto;
- La anulación de cualquier medida que atente contra los derechos y libertades democráticas;
- La compensación de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos sociales mediante los mecanismos adecuados a cada sector (indexaciones, paritarias, políticas sociales).
El Presidente de la Nación debe gobernar de acuerdo a las atribuciones que le da la constitución y el contenido programático de la misma. Mal que le pese al grupo político-empresario que gobierna el país, nuestra Constitución Nacional establece en su artículo 14 derechos civiles, en su artículo 14 bis derechos sociales, en su artículo 41 derechos ambientales y prohíbe taxativamente conceder al Poder Ejecutivo “facultades extraordinarias, ni la suma del poder público”, en su artículo 29 calificando semejante delegación como actos que “llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
Como ciudadanos y ciudadanas que creemos en una Argentina justa, soberana, independiente, plural, democrática y humana nos oponemos tajantemente a este atropello contra el Pueblo y con la Constitución en la mano lucharemos para evitarlo, comenzando con la participación activa en la jornada nacional de protesta del miércoles 24 de enero“.
Las primeras firmas
IG