El Presidente Alberto Fernández, funcionarios del Gobierno, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) cuestionaron en las últimas horas el fallo de la Cámara Federal porteña que ordenó la excarcelación de los integrantes de Revolución Federal en la causa que se sigue por el presunto delito de incitación a la violencia colectiva, y coincidieron en reclamar que la investigación avance sobre los “vínculos políticos” de ese espacio.
La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dictó este martes la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, los cuatro miembros de Revolución Federal.
En contra de la medida adoptada por la Justicia porteña, Fernández manifestó este miércoles en Twitter que “una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional”.
De acuerdo al Presidente, “pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”.
Además, Fernández sostuvo que los jueces “Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron. Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad”.
Para cerrar su hilo de tweets, el mandatario pidió a la Corte Suprema que intervenga “para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura”, concluyó.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es querellante en esta causa, que investiga las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales contra su persona por miembros del espacio Revolución Federal tiempo antes de que se produjera el atentado en su contra.
De hecho, se pidió la unificación de este expediente con el que investiga el intento de magnicidio, pero la jueza y la Cámara rechazaron ese planteo.
Quejas del oficialismo
“Son operadores al servicio de lo peor de la política y están impidiendo que la sociedad argentina conozca la verdad sobre uno de los hechos más graves de la democracia”, sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, en declaraciones a la radio AM 990.
Además, el funcionario insistió en que estos camaristas son parte de “un plan sistemático de impunidad para los autores tanto materiales como intelectuales” del intento de magnicidio perpetrado contra la Vicepresidenta el pasado 1 de septiembre en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta.
Al respecto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, opinó que “hay muchas cosas que siguen dando vuelta y que deberían ser revisadas”.
“No están dadas las condiciones para llevar a un juicio oral y público. Nadie sabe exactamente qué pasó y eso requiere un poco más de análisis, seguimiento e investigación. La Justicia tiene que cumplir con el Código Procesal. Tiene que responder con contundencia a las definiciones que hay en el expediente”, sentenció el titular de la cartera de Seguridad en declaraciones a la emisora online FutuRock.
Por su parte, el senador neuquino y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, repudió la excarcelación de los cuatro integrantes del grupo Revolución Federal y remarcó que “hay que investigar el grado de conexión entre Brenda Uliarte -detenida por el intento de magnicidio-, Revolución Federal, -el diputado de JxC- Gerardo Milman y -la presidenta del PRO- Patricia Bullrich”.
En ese sentido, el senador por el FdT resaltó que “hay elementos que se deben investigar” ya que está “convencido de que existe una relación” entre Bullrich, Milman y la agrupación que organizó “las marchas más violentas contra el Gobierno”.
“La jueza María Eugenia Capuchetti y la Cámara Federal, con estos dos jueces especiales como Bruglia y Bertuzzi y el arquero de Macri, Llorens, no quieren que se investigue. Quieren que quede como un grupito de locos”, fustigó Parrilli.
En tanto, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, calificó como “un error gravísimo desde el punto de vista jurídico y político” negar la influencia de los discursos de odio en la creación de grupos como Revolución Federal y sostuvo el fallo de la Cámara Federal porteña “es apresurado”.
“La decisión de la Cámara parece a todas luces apresurada. Ni siquiera esperó que el juez (Marcelo Martínez De Giorgi) defina la situación procesal. Esto no significa que no pueda seguir investigando, sino que los dejan en libertad mientras se sigue llevando adelante la investigación”, evaluó Rossi.
Asimismo, señaló que “negar que los discursos de odio, las agresiones, las difamaciones y las violencias generaron o tienen alguna influencia directa en la creación de los grupos violentos extremistas de derecha como Revolución Federal es un error gravísimo desde el punto de vista jurídico y político”.
También, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, afirmó que el fallo judicial constituye “una señal netamente encubridora para que no se investigue el atentado y eso es inadmisible”.
Mena relacionó este fallo de la Sala I sobre Revolución Federal con la resolución que el mismo tribunal emitió esta semana en la causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti por el intento de asesinato a la exmandataria.
En esa resolución, los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia, le ordenaron a la magistrada elevar la investigación sobre las personas que están detenidas y profundizar otras hipótesis, algo que para el funcionario es “verdaderamente preocupante y gravísimo y no registra ningún tipo de antecedente”.
“Esos dos fallos evidentemente demuestran que Cristina no tiene derechos ni siquiera como víctima. Es lo mismo que pasó a lo largo de las persecuciones política a la que la sometieron en los últimos seis años. Es salvaje y criminal lo que le están haciendo y es porque existe en compromiso con sus mandantes políticos”, enfatizó.
Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, afirmó que se está ante una agrupación como Revolución Federal que “actuó como una verdadera asociación terrorista, con un líder que afirmó que el objetivo era que los kirchneristas sintiéramos miedo”.
“Es un fallo que está garantizando impunidad. Quienes promueven el odio en la Argentina quedaron libres. Acá se intentó asesinar a la vicepresidenta de la república”, subrayó.
En ese contexto, opinó que “el Poder Judicial debe ser ejemplar, no debe ser parcial y debe actuar con todo el peso de la ley. No se pueden naturalizar hechos de violencia como los que vivimos en los últimos tiempos” y añadió: “Queremos vivir en paz”.
Posteriormente, la Vicepresidenta primera del PJ nacional refirió que “no puede ser que para Cristina no haya justicia en la Argentina”, señaló que “lo que ocurrió ayer es gravísimo” e indicó que “los que atentaron contra Cristina deben pagar con todo el peso de la ley”.
En tanto, diputados y senadores bonaerenses del Frente de Todos emitieron un comunicado en el que advirtieron que “la decisión de los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi llama profundamente la atención” en el marco del “avance de la investigación de la causa donde se constaron transferencias por más de 13 millones de pesos que recibió el líder del grupo Revolución Federal por parte del fideicomiso de la firma Caputo Hermanos SA”.
En otro tramo del comunicado expresaron que “este grupo ultraderechista había organizado hechos violentos en la Casa Rosada, que incluyeron intentos de incendio, antorchas y bombas molotov” y recordaron que “de esta actividad había participado Brenda Uliarte, una de las protagonistas del intento de magnicidio”.
“Lamentablemente los magistrados lejos de profundizar la investigación, analizar el financiamiento o buscar vínculos con el atentado del 1 de septiembre, decidieron recortar la investigación y liberar a los cuatro integrantes considerando que no hay riesgo que se fuguen o alteren la causa”, manifestaron los legisladores bonaerenses del FdT.
Asimismo, señalaron que “los camaristas fueron nombrados sin concurso por el expresidente Mauricio Macri, además de ser el tribunal que sobreseyó a Macri en la causa de espionaje a los familiares del Ara San Juan”.
“Le solicitamos a la Justicia que actúe en forma rápida y certera para que nunca más un grupo de extremistas organizados ponga en riesgo la vida, nuestras instituciones y nuestra convivencia democrática”, pidieron los legisladores bonaerenses del FdT en el comunicado.
Este martes, el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, fustigó el fallo de la Cámara Federal porteña que ordenó la excarcelación de los miembros de Revolución Federal y lo consideró una medida “fascista” que busca “empoderar a los violentos”.
“Esto empodera a los violentos y es un fallo fascista. Autoriza, da piedra libre a todos estos bárbaros que dan vueltas y amenazan a la sociedad. Volverán los palos encendidos, volverán las bolsas mortuorias, y aparecerá otro (Fernando) Sabag Montiel”, quien atentó contra la Vicepresidenta, sostuvo Ubeira en diálogo con El Destape Radio.
Tras su excarcelación, el referente de Revolución Federal, Jonathan Morel, aseguró que “jamás le haría daño a nadie ni cometería ningún acto delictivo”.
“Lo que estaría a mi alcance es acercarme a Cristina y decirle que la estoy pasando mal, que no me gusta para nada su gobierno. Jamás le haría daño a nadie ni cometería ningún acto delictivo. Es imposible que me acerque siquiera a la Vicepresidenta”, afirmó Morel en referencia a los mensajes difundidos en la plataforma Twitter Space, en los cuales en los cuales amenazaba de muerte a la exmandataria.
Con información de agencias.
IG