“Tiren la ley Bases, vamos a lograr todo a pesar de la política”, lanzó Javier Milei la semana pasada, temerario, como si no le importara lo que pase en el Congreso, como si lo único que tuviera verdaderamente relevancia es la política económica. Aunque su desprecio por la política en general y por la dinámica legislativa en particular pareciera inquebrantable, el posible fracaso, por segunda vez, de su ley ómnibus podría ser interpretado como una señal alarmante para los inversores, porque evidenciaría la incapacidad de su gobierno para establecer fundamentos robustos que impulsen una verdadera transformación de la Argentina, como promete. Por caso, cuatro meses y medio ya han transcurrido bajo la gestión libertaria y aún no se aprobó ninguna ley.
Por eso hoy, a partir de las 11, se volverá a poner a prueba la capacidad del gobierno de Milei para llevar adelante sus reformas, con una sesión en la Cámara de Diputados que se espera que sea maratónica (podría durar dos días o más) y en cuyo temario figuran un nuevo proyecto de ley Bases, acotado y mucho más negociado que el anterior, y un paquete de reformas impositivas.
La expectativa es alta pero también lo es la preocupación: la Argentina transita una confrontación entre el modelo económico libertario como “solución” al estancamiento de la economía y una realidad política y social que demanda mayores consensos y una protección a los más vulnerables, con una pobreza que se estima que ya supera el 50%, y a una muy castigada clase media.
El jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, convocó a la sesión especial tras confirmarse que, después de intensas semanas de discusiones y tensiones políticas, el oficialismo y los sectores de la oposición más dialoguistas (el PRO; la UCR; Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Pichetto, e Innovación Federal, una bancada que responde a algunos gobernadores) alcanzaron por fin un acuerdo sobre un texto consensuado para la ley Bases y para el paquete fiscal.
Este acuerdo se materializó en un dictamen al proyecto Bases que el jueves último, en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, recogió 61 firmas, aunque varias de estas se expresan disidencia, lo que sugiere posibles dificultades para la aprobación de ciertos artículos del proyecto.
La resistencia a varios puntos de la redacción es, precisamente, lo que llevó a que la propuesta original, enviada el 27 de diciembre por la Casa Rosada, fuera aprobada en general durante la sesión del pasado 6 de febrero, pero luego remitida nuevamente a comisiones, porque varios artículos venían siendo rechazado y así la ley corría el riesgo de convertirse en una “cáscara vacía”.
El fracaso de la primera versión de la propuesta fundacional de la gestión libertaria fue un claro indicio de su incapacidad para articular un acuerdo sólido con la oposición: dejó en evidencia la situación de hiperminoridad en que se encuentra el oficialismo y que, por lo tanto, la negociación política es su gran desafío para la gobernabilidad, a pesar de la postura combativa del presidente Milei, quien no duda en calificar a los opositores que eventualmente apoyarán la ley con términos despectivos como “delincuentes”, “parásitos” y “coimeros”.
Privatizaciones y reformas laboral e impositiva
La nueva redacción de la ley Bases incluye facultades especiales para el Presidente y privatizaciones. Durante su campaña, Milei prometió privatizar todas las empresas estatales excepto Aerolíneas Argentinas, argumentando que nadie la compraría y que sería entregada a los empleados. Sin embargo, tras asumir el cargo, incluyó a Aerolíneas en la lista de 41 empresas estatales a privatizar. A lo largo de las discusiones parlamentarias, la lista se redujo a 11 empresas, con diferentes modalidades de privatización, no todas completas. Al final, se decidió vender completamente sólo cuatro empresas: Aerolíneas, Enarsa, Intercargo, y Radio y Televisión Argentina (RTA), que comprende a Radio Nacional y la Televisión Pública. Además, se concesionarán cinco empresas más y se venderá parcialmente, manteniendo el control estatal, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Por otro lado, el Gobierno tuvo que abandonar sus planes de privatizar el Banco Nación y cerró la agencia de noticias Télam. Tampoco serán privatizadas Arsat, BICE, Casa de Moneda e YPF, entre otras.
A su vez, la reforma laboral que incluye la ley Bases establece la eliminación de multas adicionales en indemnizaciones por despido de trabajadores no registrados, la extensión del periodo de prueba hasta un año dependiendo del tamaño de la empresa, y la creación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”, permitiendo hasta cinco colaboradores sin relación de dependencia. Además, se permite a los sectores empresariales y sindicatos reemplazar las indemnizaciones por despidos con un fondo de desempleo a través de convenios colectivos.
La reforma excluyó medidas previas como la posibilidad de despedir sin indemnización a empleados involucrados en bloqueos o tomas, y no incluyó la declaración de la educación como servicio esencial. La UCR falló en su intento de incluir un mínimo no imponible para cargas patronales y eliminar la cuota solidaria obligatoria a sindicatos.
Por separado de la ley Bases, el paquete fiscal que también se debatirá en el recinto a partir de este lunes incluye, entre otras iniciativas, una modificación a la ley del Impuesto a las Ganancias, que busca que los trabajadores con ingresos más elevados vuelvan a estar sujetos a este tributo.
Entre las medidas más destacadas también se encuentra la modificación del monotributo, la implementación de un nuevo blanqueo de capitales, una moratoria y reducciones en el Impuesto a los Bienes Personales. Estas medidas han generado controversia, especialmente por la postura del Presidente respecto a la evasión fiscal: recientemente, en una conferencia que brindó ante empresarios, llamó “héroes” a quienes fugan capitales del país.
Dado que se debatirán dos paquetes legislativos de gran envergadura, se anticipa que la sesión del lunes se prolongará al menos hasta el día siguiente, y no se descarta que pueda extenderse hasta el miércoles, con cuartos intermedios.
Durante los primeros cuatro meses y medio del mandato del presidente Milei, el Congreso no ha logrado sancionar ninguna ley, lo que pone de manifiesto la importancia y la urgencia de alcanzar resultados legislativos.
La sesión de la Cámara de Diputados de este lunes es decisiva: la capacidad del gobierno de Milei para transitar el estrecho sendero entre la audacia reformista y la necesidad de consenso democrático será puesta a prueba.
JJD