La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició este jueves el análisis del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Resolvió citar a una serie de exfuncionarios, entre ellos a Rogelio Frigerio, ministro del Interior de Mauricio Macri, y que además se realice una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.
La comisión presidida por Carolina Gaillard (FdT) aprobó también una ampliación de prueba, para que se cite en la próxima reunión a la exministra de Economía, Silvina Batakis, y al Procurador General porteño, Gabriel Astarloa, así como a funcionarios de la cartera económica que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.
La comisión investiga si los jueces supremos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por el Gobierno porteño ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno Nacional.
Al dar inicio la reunión, Gaillard precisó que Maqueda, quien había sido citado a la misma, no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan “provisionalmente”, debido de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
“La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social”, aseveró la diputada del Frente de Todos, quien apuntó que “él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho”.
Durante la jornada, los diputados aprobaron citar para después de las elecciones generales a Frigerio, exministro del Interior del Gobierno de Cambiemos y actual precandidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos, a partir de un planteo del diputado entrerriano Marcelo Casaretto (FdT).
Por otro lado, desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Juan Manuel López (CC) rechazó la convocatoria a Frigerio, al sostener que “no se puede citar a una persona que tuvo una actitud no muy común que es renunciar a una banca para hacer campaña y que está compitiendo para el 13 de agosto, de una provincia de la que es oriundo”.
“Quieren someter al candidato a gobernador más competitivo de la provincia. El se podría haber quedado con sus fueros y no venir pero no lo hizo y renunció a su banca. Me opongo desde todo punto de vista”, acusó López al justificar el rechazo de la coalición opositora a la citación del exministro.
Luego de un breve debate, los diputados acordaron dejar la convocatoria para después de las elecciones generales del 22 de octubre, a partir de una propuesta de la propia Gaillard y del diputado Leopoldo Moreau (FdT), que sostuvo que “esta citación hay que materializarla después de la elección”.
Los diputados también aprobaron una ampliación de prueba impulsada por Rodolfo Tailhade (FdT), para que se incorpore como prueba documental “un vídeo donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, reconoce que Macri había transferido dinero de más a la Ciudad de Buenos Aires”, en una entrevista en el programa A Dos Voces de Todo Noticias.
Esta ampliación de prueba también contempla que se cite en la próxima reunión a una serie de funcionarios nacionales, entre ellos ministros de Economía de diferentes provincias, a Batakis, extitular de Hacienda y a Astarloa, así como funcionarios del Ministerio de Economía que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.
El planteo de Tailhade, aprobado en la reunión, incluye la citación de Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad, al señalar que “es el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles”, este último estrecho colaborador de Rosatti presidente de la Corte.
“Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones”, afirmó Tailhade.
En aquellas conversaciones, figuran conversaciones que D'Alessandro habría mantenido con Silvio Robles. Además, el diputado oficialista pidió que se realicen “tomas de las huellas biométricas de voz de D'Alessandro y se haga un peritaje para cotejar posible identidad de los chats”.
En la Comisión expuso Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien dijo que “la postura del Gobierno Nacional respecto de los 3 decretos queda de algún modo condensada en los considerandos del decreto 2020 que los dejó sin efecto en función de la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo tiene aquella medida” y negó que el Ejecutivo esté incumpliendo con el fallo de la Corte.
“Los vicios se relacionan con que la CABA tenía asignada una coparticipación del 1.4% y que en el convenio de traspaso de las fuerzas de seguridad no fue estimado el costo de la ejecución de esos servicios, ni se estableció ningún control”, explicó Diez, quien destacó que los decretos “nunca fueron aprobados expresamente por el Congreso”.
Tras la exposición de Diez, la Comisión recibió también a Joaquín Alperovich, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte, quien explicó lo hecho por su dependencia en relación a lo resuelto finalmente por los cuatro magistrados en el fallo de coparticipación.
En el trascurso de la reunión, el diputado Pablo Tonelli (PRO) había acusado al Gobierno Nacional de “incumplir” con el fallo que establece que el Estado Nacional debe entregar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos, definida en la Ley 23.548 de Coparticipación.
“Esa cosa de la antinomia Ciudad contra el interior da a viejo y no está bueno. Tengamos en cuenta que el Presidente, el ministro de Economía, el titular del Banco Nación, están incurriendo en un delito penal que en algún momento van a tener que rendir cuentas en la Justicia”, sentenció la diputada Paula Oliveto (CC).
Ese planteo fue rechazado por Germán Martínez, titular del bloque del FdT, al destacar que “estamos con una hipótesis de una connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad y esa connivencia fue la que generó esta sentencia claramente, que tampoco es sentencia, es una cautelar. Todo esto es para abonar una investigación, a la cual se podrá llegar o no al mal desempeño”.
El expediente que analiza la Comisión de Juicio Político se inició luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera el pasado 21 de diciembre que el Gobierno Nacional le pague al Gobierno porteño el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo, sino que avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y suspende la Ley 27.606 que le otorgaba el 2,32%.
LC con información de agencia Télam