La campaña de contención de daños por la filtración del chat de Signal no frena las turbulencias en el equipo de Trump

Donald Trump está aplicando con el Signalgate la misma táctica que usó en los enjuiciamientos por el asalto al Capitolio y el intento de interferencia electoral: atacar y negar. Aun así, la campaña de contención de daños para minimizar el primer escándalo de la nueva administración parece que no está funcionando a nivel interno. A puerta cerrada, aliados del presidente estadounidense han empezado a mostrar sus dudas respecto a las capacidades de algunos de los miembros del gabinete que estaban en el chat de Signal que incluyó por error a un periodista en las conversaciones sobre los bombardeos estadounidenses de Yemen.  

El consejero de Seguridad Nacional, Michael Waltz, ya se responsabilizó en una entrevista en la Fox por añadir por error al periodista de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, al chat donde se compartieron al detalle los planes para bombardear objetivos hutíes en Yemen el pasado 15 de marzo. Aun así, Waltz seguía sin saber explicar cómo el periodista acabó por error en el grupo. La Casa Blanca ha confirmado que Elon Musk está ayudando a descubrir cómo se produjo dicho error. En las capturas publicadas por The Atlantic para demostrar que se compartió información confidencial se puede ver claramente la notificación de “Michael Waltz te ha añadido al grupo”.  

Trump, que en un inicio cerró filas y defendió a Waltz, empezó luego a cambiar el tono. “Mike Waltz, supongo que dijo que se atribuyó la responsabilidad —relató Trump el miércoles por la noche— Supongo que nadie más estuvo implicado. Creo que fue Mike, no lo sé”, dijo, al tiempo que trató de exculpar al secretario de Defensa: “¿Cómo involucrar a [Pete] Hegseth? No tuvo nada que ver... Mirad, todo es una caza de brujas”.  

El cambio en el relato llega en medio de comentarios internos por parte de trabajadores de la Casa Blanca y el Pentágono que creen que quien realmente metió la pata fue el secretario de Defensa, Pete Hegseth.  

Cuando salió a la luz el escándalo, a principios de semana, la Casa Blanca descartó ceses. El mismo Trump los desestimaba el martes y el miércoles la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguraba que el presidente seguía “confiando en su equipo de seguridad nacional”. Para entonces, dentro del gobierno, diversos cargos ya decían que era imposible que Waltz sobreviviera a la crisis. 

Pero la publicación íntegra de los mensajes, que revela que Hegseth envió detallada información de los objetivos o los aviones de caza que participarían, entre otros extremos, ha puesto en cuestión su liderazgo al frente del Pentágono. Fuentes de la Casa Blanca explicaban a Politico que “en privado hay mucha preocupación sobre su actuación, más que con Waltz”. Otra persona del entorno expresaba las mismas dudas al medio: “¿Qué sucederá cuando Hegseth necesite gestionar una crisis real?” 

La simpatía de Trump por Hegseth ya quedó más que probada con su nombramiento. Cuando el magnate anunció al presentador de la Fox como candidato a liderar el departamento de Defensa, no pareció importarle el historial de alcoholismo de Hegseth o la denuncia por agresión sexual que se le interpuso en el pasado. Tampoco escuchó aquellas voces que consideraban que, a pesar de que Hegseth había servido como soldado, no tenía experiencia coordinando a grandes grupos. El mismo interesado llegó a reconocer que, a lo sumo, pudo tener a su mando a un centenar de personas.  

El escándalo del Signalgate llega después de que el secretario de Defensa haya protagonizado otros errores importantes, pero menos mediáticos. Entre ellos, unas declaraciones de febrero sobre las negociaciones de la guerra en Ucrania en Bruselas que tuvo que rectificar —dio por hecho que Ucrania no entraría en la OTAN ni recuperaría sus fronteras anteriores a la invasión rusa— y un fallido intento de enviar a miles de migrantes detenidos a la base militar de Guantánamo.

A la ofensiva sin admitir nada

La táctica de atacar y negar por parte de Trump implica que no puede haber dimisiones. Si una sola destitución ya supondría reconocer la gravedad del error, dos (Waltz y Hegseth) pondrían la credibilidad de la actual administración en juego. Aún peor sería la imagen dada si se tiene en cuenta que tan solo se han cumplido dos meses de gobierno. Pero parece que Trump tendrá que hacer un cálculo de daños para salvar las distancias entre sus ideales y la realidad. Más allá de las críticas internas, también hay en marcha una investigación bipartidista sobre el episodio por parte de los líderes del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.  

El senador Roger Wicker, presidente republicano del comité, y el senador demócrata Jack Reed firmaron una carta dirigida al inspector general en funciones del Departamento de Defensa para solicitar una investigación sobre el uso de plataformas no clasificadas para discutir información sensible y secreta. Por no hablar de la iniciativa que han puesto en marcha los legisladores demócratas que exigen la dimisión del secretario de Defensa. Incluso han aparecido campañas en sitios web progresistas para pedir que se investigue al jefe del Pentágono.  

Paralelamente, el gobierno Trump también está acorralado por los tribunales. El caso Signalgate ha empezado su recorrido judicial y la causa ha ido a parar a manos del juez federal James Boasberg. Se trata del mismo magistrado a quien Trump quiere que se destituya por bloquear el uso de la ley de enemigos extranjeros en las deportaciones de venezolanos a El Salvador. 

El juez federal aún está determinando si Trump ignoró su orden judicial al deportar 200 migrantes venezolanos a El Salvador el pasado 15 de marzo. La Casa Blanca ha rehusado informarle de a qué hora partió el avión —y así entorpecer la investigación— con el argumento de que se trata de un secreto de estado, pero Boasberg tendrá ahora que escuchar que los detalles para bombardear los hutíes no eran información clasificada.  

Por el momento, el juez ya ha ordenado al gobierno Trump que conserve los mensajes enviados entre el 11 de marzo y el 15 de marzo en el chat de Signal. La medida exige que las agencias federales cuyos líderes participaron en la conversación mantengan todos los mensajes enviados a través de la aplicación. Un abogado de la administración Trump ha declarado que las agencias federales ya están trabajando para concretar qué registros se conservan todavía. 

En esta batalla legal, la Casa Blanca ya se está cubriendo las espaldas. La fiscal general de Trump, Pam Bondi, dijo en la cadena Fox News que es poco probable que se produzca una investigación criminal por el caso. Además, advirtió de que Boasberg no debería involucrarse en el caso Signal ni en otros que impliquen al presidente, y acusó al magistrado de tratar de “entorpecer la agenda de Donald Trump” y de no ser “objetivo”.