La última reunión de la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, celebrada el martes 21 de marzo, fue sin duda la más peculiar hasta el momento. Nadie esperaba que uno de los secretarios letrados de la Corte Suprema de Justicia, Federico Morgenstern, se apersonara con la actitud de quien viene a lidiar con los toros en la plaza. Fue el síntoma que faltaba manifestarse en el proceso de juicio político contra los cuatro jueces del tribunal, que hasta ahora parece reducirse a sólo uno de ellos -Horacio Rosatti, el presidente- y con escasos avances y tropiezos.
Esta semana, por primera vez desde que comenzó a funcionar, la comisión no se reunirá y aún no se oficializó cuándo retomarán las declaraciones a los testigos. El oficialismo quiere que declaren los periodistas que escribieron en 2017 sobre el trasfondo del fallo del 2x1 a favor del represor Luis Eduardo Muiña y de un supuesto acuerdo de tres de los jueces del tribunal con el entonces gobierno de Mauricio Macri para que el fallo viera la luz. Se esperan las citaciones a Jorge Lanata, Martín Granovsky e Irina Hauser, entre otros.
Esta semana, el bloque del Frente de Todos está concentrado en la presentación del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y su informe de gestión. Entre los integrantes oficialistas de la comisión hay fricciones por ciertas decisiones tomadas y en el espacio admiten que los desafíos del oficialismo no son muy ambiciosos: buscan avanzar de a poco sobre los 14 pedidos de juicio político, ceder lo justo y necesario para garantizar que la oposición continúe participando en las reuniones de comisión y lograr que el tema permanezca en la agenda de los medios.
Uno de los desacuerdos fue sobre la denuncia por presunto falso testimonio contra el juez federal Sebastián Ramos luego de su declaración como testigo ante la comisión. Mientras el fiscal Carlos Stornelli se niega a comparecer ante los diputados y los exfuncionarios y un senador de Juntos por el Cambio pegan el faltazo, haber denunciado a Ramos, quien no opuso resistencia a su citación, fue para algunos un error de cálculo. La denuncia fue archivada en los tribunales, finalmente
El escenario se complejiza con el inicio de la campaña electoral, que cambia las prioridades de los diputados, especialmente de quienes deben viajar a sus provincias para actos y actividades en busca de los votos del electorado. Después de todo, se trata de un juicio político testimonial, que no avanzará más allá de la comisión parlamentaria ante la falta de los dos tercios de los votos que necesitan en Diputados para acusar a los jueces y en el Senado, para destituirlos.
Hasta el momento, el oficialismo se ha centrado en recolectar la mayor cantidad de pruebas o indicios posibles para sostener una acusación contra el verdadero objetivo del intento de juicio político contra la Corte: el juez Rosatti, presidente del tribunal.
¿En qué consiste la investigación contra Rosatti? En los dos meses que lleva la comisión, en intentar demostrar que Silvio Robles, vocero y mano derecha del juez, habría cometido irregularidades -al menos presunto tráfico de influencias, dice el kirchnerismo- en el ejercicio de sus funciones como director de la vocalía del magistrado.
Las presuntas irregularidades implican que Robles haya adelantado al ex ministro porteño Marcelo D’Alessandro el resultado del fallo del máximo tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación de impuestos; o la intervención de Robles en una supuesta negociación con el entonces gobierno de Mauricio Macri para que el juez votara a favor del 2x1 otorgado al represor Muiña; o su supuesto acceso al sistema interno del Poder Judicial donde puede acceder a información sensibles de los expedientes a pesar de no pertenecer a un área abocada a la tarea judicial; o una nueva pista que surgió el 14 de marzo sobre una presunta empresa con fines non sanctos.
Si lograran probar esas supuestas irregularidades cometidas por Robles, ¿cómo llegarán a probar un mal desempeño de Rosatti por las acciones de un tercero, aún siendo su principal colaborador?
No tengo idea de nada extrajurídico, mi experiencia en la Corte desmiente absolutamente esa cosa espuria que se está insinuando.
En el oficialismo ensayan un paralelismo con el caso Vialidad: “Rosatti no podía no saber lo que Robles (supuestamente) hacía”, dicen en el Frente de Todos, parafraseando una de las bases de la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en relación a las adjudicaciones irregulares a 51 obras viales al empresario Lázaro Báez -entonces socio del matrimonio Kirchner- en la provincia de Santa Cruz.
Cómo sigue
Por ahora, el oficialismo se propone citar a declarar a Robles como testigo ante la comisión durante la campaña electoral, después de avanzar con otros testigos e investigar la empresa Moro Media y si existió canalización de fondos públicos a través de esta compañía, entre otras líneas de investigación contra Rosatti. Luego, una posibilidad es elaborar un primer dictamen de acusación sólo centrado en Rosatti y presentarlo en Diputados antes de las elecciones.
¿Y los otros tres jueces denunciados? Se podrá continuar con la investigación en su contra tras la campaña electoral.
A pesar de que la oposición planteó que la investigación de la comisión no podía extenderse más allá de los seis meses o 90 días, no hay nada que así lo indique en el reglamento interno de la comisión. Pero, ¿podrán continuar con el objetivo después de las elecciones? ¿Contarán con los integrantes necesarios para formar una mayoría propia en la comisión que les permita seguir adelante con la investigación?
Testigo
El abogado Federico Morgenstern es secretario letrado del juez Carlos Rosenkrantz y el encargado de las causas penales en la vocalía que ocupa el magistrado. Es, además, quien escribió el borrador que terminó convirtiéndose en el fallo que benefició al represor Muiña con el 2x1 y desencadenó en 2017 las reacciones y manifestaciones más contundentes contra una decisión de la Corte.
Aquel fallo que otorgó a un condenado por delitos de lesa humanidad la aplicación de la ley más benigna fue entonces liderado por Rosenkrantz dentro del tribunal, vio la luz con sólo tres votos de cinco integrantes de la Corte (votaron Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Rosatti, con disidencia de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) y le valió a los jueces varios pedidos de juicio político que hasta ahora no habían sido tratados en la comisión parlamentaria.
El martes 21 de marzo, el Frente de Todos citó a Morgenstern y a su colega José Sebastián Elías, otro de los secretarios letrados del juez Rosenkrantz. El objetivo de los interrogatorios era probar supuestos lazos o vínculos de los jueces de la Corte con el gobierno de Mauricio Macri (diciembre 2015-diciembre 2019) y la denominada “mesa judicial” de Cambiemos, ya que el kirchnerismo sostiene que el fallo habría sido previamente acordado entre los jueces y el Ejecutivo para beneficiar a centenares de represores de la última dictadura cívico-militar.
El macrismo siempre negó haber intervenido, Macri se manifestó más tarde contra del fallo y el Congreso se reunió de urgencia para sancionar una ley que impidiera volver a aplicar a condenados por delitos de lesa humanidad el beneficio que permitía reducir su reclusión o prisión.
Ese supuesto acuerdo con el macrismo que sostiene el oficialismo habría implicado beneficios para Rosatti y Highton de Nolasco. En el segundo caso, la jueza se vio beneficiada con una decisión del gobierno, que entonces volvió sobre sus pasos y no apeló una sentencia que le permitía a Highton permanecer en la Corte sin nuevo acuerdo del Senado y el Ejecutivo después de los 75 años.
Morgenstern, quien relató haber participado de la cocina del fallo del 2x1 y haber mantenido reuniones con Highton de Nolasco y Rosatti para argumentar las razones de por qué debían acompañar el voto de Rosenkrantz a favor de Muiña, sostuvo que, hasta dónde conoce, las supuestas negociaciones con el gobierno de Macri no existieron. “No tengo idea de nada extrajurídico, mi experiencia en la Corte desmiente absolutamente esa cosa espuria que se está insinuando”, dijo. “Me parece alocado, porque fue desde el gobierno (de) donde más ataques recibimos”, agregó.
A diferencia de otros funcionarios y empleados de la Corte que también declararon ante la comisión, Morgenstern casi no utilizó las salidas “no recuerdo” y “no lo sé”. Se explayó en sus respuestas, defendió las razones del fallo y descolocó a los diputados con
interrupciones a la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard -quien por primera vez le exigió a un testigo que la respetara y respetara a los diputados-, además de interrumpir a los legisladores que lo interrogaban para corregirlos y hacer acotaciones a sus preguntas, ironizar durante su respuestas, reírse a carcajadas en situaciones de tensión y responder a viva voz a las reacciones y gritos del diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos, Buenos Aires), quien le gritó: “No te hagás el canchero. Bajate del caballo”.
“Finalmente fue quien más colaboró con la comisión”, afirmaron en el bloque ante la consulta de elDiarioAR.
Morgenstern expuso lo que muchos testigos obviaron decir: se quejó durante su declaración de que lo hayan hecho esperar casi cinco horas para declarar. Además, se negó a responder sobre el contenido de las conversaciones y reuniones con los jueces de la Corte, amparado en el artículo 8 inciso b del reglamento de la Justicia Nacional, que sostiene “el deber de guardar reserva y confidencialidad sobre las opiniones que se dieron en el transcurso de la deliberación” de los fallos.
“No puedo relevar el contenido (de las deliberaciones y reuniones con Rosenkrantz, Highton y Rosatti), pero fueron conversaciones exclusivamente jurídicas”, dijo Morgenstern. Gaillard le respondió: “Lo dispenso de ese deber”, pero el secretario letrado retrucó: “Usted no me puede dispensar porque yo tengo una obligación con mis superiores de la Corte”, y luego invitó a los diputados a ordenar su propia detención por 48 horas si no aceptaban su decisión. “No va a ser necesario”, le respondieron desde el oficialismo.
Los diputados más incisivos del oficialismo no perdieron la compostura. Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade hicieron esfuerzos para mantener la calma durante sus interrogatorios mientras Gaillard gesticulaba sus reacciones ante la actitud del testigo, que disputó el dominio de un interrogatorio centrado en demostrar algo que hasta el momento no han podido probar.
Tras la reunión del martes último, en el oficialismo le daba vueltas al espectáculo parlamentario del martes y estudiaban la declaración de Morgenstern en busca de “contradicciones” del testigo.
ED