Universidades, hospitales y mano dura en delitos: el Gobierno anuncia cambios en el regimen migratorio, sin aclarar cómo lo hará

El gobierno de Javier Milei informó que impulsará una reforma del régimen migratorio, que incluirá el arancelamiento de la salud púplica para extranjeros y de las universidades para estudiantes extranjeros no residentes. Además, sumará más delitos para impedir el reingreso al país. Así lo indicó el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa en Casa Rosada. “El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado y, en este caso, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, sostuvo el portavoz.

“Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, justificó Adorni, quien añadió, a modo de ejemplo, que “uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Se trata de una medida que ya había sido contemplada en la ley Bases, pero que fue retirada durante las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, tras el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario, Milei decidió retomarla, pese a que en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes.

En octubre, a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano había sostenido que “el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”. En el oficialismo, aseguraron a elDiarioAR que el principio de gratuidad continuaría vigente para los estudiantes argentinos y residentes permanentes, mientras que las universidades podrán establecer convenios con otros países e instituciones para fomentar intercambios educativos y otorgar becas a estudiantes extranjeros bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, Adorni también confirmó el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros. “Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”, apuntó el vocero. “Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó el 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos”, añadió.

El vocero presidencial además anunció que se incorporán más delitos “como causa para impedir el ingreso o que sean justificativos para expulsar a un inmigrante del país”. Y explicó que “si aun delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea, se lo atrapa cometiendo el delito, o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”.

“Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan por o hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”, detalló.

DM/PL