En medio del conflicto con las universidades, el Gobierno defendió en el Congreso el presupuesto educativo para 2025. Con fuertes declaraciones polémicas, el equipo comandando por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, admitió ante la Comisión de Presupuesto de Diputados que los salarios de los docentes y no-docentes perdieron ante la inflación mileísta y acusó a los rectores de las casas de altos estudios de hacer lobby para recibir más fondos. Con todo, los funcionarios de la cartera degradada negaron que haya recortes e insistieron que los fondos previstos para Educación el año próximo superarán en porcentaje al de los últimos doce años –a excepción de 2023–.
“La población voto lo que hemos marcado, un deficit cero”, dijo Torrendell en lo que parece ser el mantra que dirige todas las respuestas en torno al dinero que el gobierno de Javier Milei tiene pensado invertir en Educación. Es decir, Torrendell dejó en claro que el presupuesto educativo también se rige por esos parámetros.
“No se trata de sumar recursos, sino de invertirlos para que sean equitativos y lograr que los chicos aprendan”, aseguró el secretario durante la cuarta reunión informativa de la Comisión de Presupuesto.
Torrendell estuvo acompañado por María Inés Brogin, subsecretaria de Gestión Administrativa, y Alejandro Álvarez, subsecretario de Politicas Universitarias. Fue este último quien protagonizó los cruces más fuertes con los diputados de la oposición quienes reclamaron respuestas concretas sobre cómo y cuánto recibirán las universidades públicas.
“El criterio de actualización que se ha aplicado es un indice interno del Estado”, dijo Álvarez sin más detalles al responder porqué el presupuesto universitario incluía un índice de actualización muy por debajo de la inflación proyectada para el año próximo. Y sobre ese punto insistió: “No hubo recorte de salarios, sino una actualizacion salarial que no siguió la pauta inflacionaria”.
Álvarez criticó los reclamos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todo el país y aseguró que “antes el presupuesto se discutía por el lobby que se hacía en esta casa”, dijo, en referencia al Congreso. Retomó la narrativa oficialista de que ahora el Ejecutivo auditará las universidades, pese a que ya existen los controles de la Auditoría General de la Nación y que era el propio presidente Milei el que demoraba una medida para que también la Sigen ponga su lupa sobre las casas de altos estudios. “No hay fuerza sobre la Tierra que impida que nosotros auditemos”, desafió.
Los funcionarios fueron inflexibles ante el reclamo del CIN para que los fondos del año que viene estén más cerca de sus gastos estimados en $7,2 billones y no los $3,8 billones que les destina el Presupuesto 2025. “Si quieren asignar más a educación, pueden redireccionar partidas de otros ámbitos”, le endilgó Torrendell a los legisladores.
Ante el contexto de que el total de los fondos que reciben las universidades el 90% va a los sueldos y apenas el 10% se destina a gastos de funcionamiento, Álvarez contraatacó: “Hoy las universidades en lo que respecta a gastos de funcionamiento están asistiendo a un aumento en la capacidad de compra; no tengo ninguna nota de los rectores pidiendo más fondos para funcionamiento”. En otro tramo, Alvarez apuntó contra los docentes al sostener que “hay mucho crecimiento de la planta que no está frente a cursos y que tenemos que revisar”.
La actitud de Álvarez pareció chocar con las señales que en las últimas horas dio el propio Gobierno al aceptar acordar con la UCR cambiar la redacción del artículo 17 del proyecto de Presupuesto que habla sobre el financiamiento universitario, como publicó hoy elDiarioAR. La modificación puntual sería sobre el apartado que versa sobre las transferencias, que estipula que el ministerio de Capital Humano “podrá interrumpir las transferencias de fondos” en caso de que las universidades no presenten ante la subsecretaría de Políticas Universitarias información oficial “para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto”. Sobre esas negociaciones más reservadas hubo pocos guiños en la comisión.
Entre las chicas del subsecretario de Políticas Universitarias, se llevó una mención la Universidad de las Artes (UNA) que ayer realizó una performance en la estación de Once con el tema de Lali, Fanático. “Es una de las administraciones mas desastrosas”, dijo sobre esa universidad y agregó con ironía: “Me parece bien lo que hicieron en Once, no cabe duda que no son oficialistas”.
Y no faltó tampoco un cruce con el diputado del FIT Christian Castillo, quien le reprochó que el presupuesto universitario del año próximo será el más bajo desde 1996 y utilizó la frase de las marchas estudiantiles “universidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode”. Sin precisiones sobre a qué se refería, Alvarez le respondió: “Creemos que hay que retirar a la univeridad de cierto control de la burocracia y devolvérsela a los trabajadores”.
La exposión de Torrendell, en cambio, se destacó por la parsimonia. A pesar de los cuestionamientos que recibió, el secretario no se movió de su eje y repitió que el presupuesto 2025 incluye un 5% de fondos para educación y que ese porcentaje lo convierte en el más elevado desde 2012, con excepción de 2023, cuando llegó a 6%.
“Todos los programas tienen una reducción de entre el 9 y el 51 %, ¿cuál es el criterio que establecieron para la asignación de recursos?”, comenzó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, al abrir la ronda de preguntas de los diputados. “Estamos frente a un presupuesto que nos averguenza que pone a la educación frente a un desbarranque notable”, siguió la diputada de Unión por la Patria, Blanca Osuna. “Se comieron el 80% del prespuesto destinado a escuelas técnicas. Están haciendo un brutal desfinanciamiento de la escuela tecnica, se comieron”, advirtió su compañero de bloque Germán Martínez.
Ante cada pregunta, Torrendell argumentó que el presupuesto 2025 implica un “manejo eficiente” de los recursos. “El uso inteligente de la inversión, con un cambio de paradigma, de manera de pasar de distribuir recursos de forma atrasada a hacerlo al finalizar cada mes, o los primeros 2 o 3 días hábiles del mes que sigue”, dijo.
Mucho más picante que su jefe político, Álvarez siempre fue con los tapones de punta para responderle a los diputados. Aseguró que el conflicto universitario lleva una “campaña del miedo” y aseveró: “No vamos a cerrar ninguna universidad. No queremos desfinanciar la universidad”.
MC