Luego de la multitudinaria marcha universitaria que tuvo lugar este miércoles en las principales ciudades del país, el gobierno de Javier Milei no acusó recibo y ratificó su posición originaria: sostuvieron que fue una manifestación teñida de “intereses políticos” opositores, con el fin de perjudicar al oficialismo. En línea con el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, en el que se confirmó el veto a la ley de Financiamiento Universitario, en las filas libertarias consideraron ante elDiarioAR que la protesta fue menos espontánea y “más chica” que la primera, ocurrida en abril.
La marcha universitaria, según La Libertad Avanza, no fue solo una reacción “genuina”, sino que estuvo influenciada por actores políticos que buscarían desacreditar las reformas impulsadas por el Gobierno. Así lo expresó abiertamente el propio Presidente apenas finalizada la movilización que reunió a miles de personas frente al Congreso. “Si para enfrentar a uno sólo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble (en este caso es una forma de ocultar la corrupción de los chorros de siempre) eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía”, escribió el libertario en su cuenta de X. Y remató: “Haremos Argentina grande de nuevo”.
Durante su conferencia de prensa de este jueves, el vocero Manuel Adorni subrayó que el ámbito para discutir las partidas del financiamiento universitario es el Poder Legislativo, pero no a través de una ley específica sino mediante el Presupuesto 2025. “El Gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de lo que estamos en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber de dónde se va a sacar el dinero”, apuntó el portavoz, luego de que Milei dejara sin efecto una normativa que apenas tenía un costo fiscal del 0,14% del PBI.
“Jamás se estuvo ni se estará en contra de la universidad pública porque entendemos el valor que tiene para todos los argentinos”, se atajó Adorni, uno de los participantes de la reunión de gabinete de esta mañana, que estuvo encabezada por el Presidente y de la que se ausentó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya cartera es una de las principales involucradas en el conflicto salarial con las autoridades universitarias. Sin embargo, pocas horas más tarde, Milei compartió un almuerzo junto a Pettovello y el titular de la subsecretaría de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, en un gesto de respaldo total a su ministra favorita.
Posible “judicialización”
Con el veto presidencial consumado, Milei se prepara para la batalla en el recinto de la Cámara de Diputados. En Balcarce 50 están en alerta y hacen números, expectantes del “poroteo”. Aseguran que el PRO no se comprometió todavía a acompañar al oficialismo, lo que podría volver a jugarle una mala pasada en el recinto y dejar expuesta una vez más la extrema debilidad legislativa de La Libertad Avanza. “Lo que vaya a pasar no lo sabemos y cada diputado es dueño de su opinión cuando le toque votar”, sostuvo Adorni, que sin embargo se mostró optimista por el “trabajado en conjunto” que los libertarios vienen llevando adelante con el bloque que comanda Cristian Ritondo.
A partir de la semana que viene, La Libertad Avanza deberá garantizarse su “muralla” de 87 diputados y así evitar que se logren los dos tercios de los votos para insistir con la ley de Financiamiento Universitario. Es que no hizo falta más que la confirmación en el Boletín Oficial del veto presidencial para que la oposición se rearmara y pida una sesión para el próximo miércoles 9 de octubre. El objetivo: rechazar la postura oficial y sostener la norma que garantiza presupuesto para mantenimiento y salarios a las universidades.
“La judicialización es una posibilidad”, indicó el vocero presidencial este jueves acerca de la decisión que podría tomar el Gobierno en caso de que la oposición alcance su propósito. Con la bandera del déficit cero bien en alto, la Casa Rosada ya había manifestado que su postura respecto a la norma que busca asegurar pisos mínimos de financiamiento para la educación pública superior iba a ser la misma que adoptó con el proyecto que buscaba aumentar las jubilaciones. Se abre un nuevo round legislativo, con final incierto.
PL/JJD