Más allá de las polémicas propias de la interna peronista en relación a los cambios en el Gabinete nacional después de la derrota en las PASO del 12 de septiembre pasado, que profundizaron heridas en el seno de la alianza del Frente de Todos y generaron chispazos entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, más aún después de la carta que dio a conocer la Vicepresidenta con críticas a la gestión y a la actuación de funcionarios, uno de los nuevos nombramientos más cuestionados fue el de Juan Manzur en reemplazo de Santiago Cafiero al frente de la Jefatura de Gabinete.
Es que el exgobernador tucumano fue apuntado en varias oportunidades por el colectivo feminista por diversas acciones llevadas a cabo durante su gestión en su provincia. En uno de los hechos más relevantes que generaron las críticas de sectores defensores de derechos humanos e igualdad de género fue el rechazo del gobierno de Manzur, en 2019, de otorgarle a una niña de 11 años el derecho de un aborto legal tras haber sido violada por su abuelastro. Esto generó una denuncia penal por parte de la actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con quien el actual jefe de ministros volvió a verse las caras este lunes, en una reunión formal en Casa de Gobierno.
Al ser consultada en una entrevista con Radio con Vos acerca de cómo llevaba esa relación y cómo respondía frente a las voces que aseguran que la llegada de Manzur al Gobierno nacional puede atentar contra las políticas de igualdad y expansión de derechos, la funcionaria sostuvo que como “militante feminista, mis convicciones no varían según en el lugar donde estoy. Hoy, frente a un hecho similar como el de aquel tan atroz de 2019, volvería a hacer lo mismo, siendo o no ministra y sea quien sea que esté involucrado”.
Para Gómez Alcorta, “los derechos están bien resguardados porque hay un movimiento feminista que los garantiza en la calle y porque hay una voluntad política del Presidente y de la Vicepresidenta que nadie puede negar. Este es el Gobierno que con más énfasis ha jerarquizado y ha dado lugar a la agenda de género y de diversidad”, remarcó, al tiempo que sostuvo que la llegada de Manzur al Gobierno “no viene en relación a la agenda de género. No viene a tocar absolutamente ninguna de esas políticas ni la agenda que venimos trabajando con el Presidente para el futuro”.
Con respecto a la actual composición del Gabinete, la funcionaria admitió que hubo “un retroceso en términos de la participación de las mujeres” en los cargos más cercanos al Presidente, “porque quedamos Carla Vizzotti y yo, nada más, y ya le manifesté mi preocupación al propio Presidente, pero nada tiene que ver con la llegada de Manzur al Gobierno”.
Además, la Ministra consideró que hay “un oportunismo de otros sectores, como por ejemplo María Eugenia Vidal, que criticó la perspectiva de género de este gabinete cuando ella tuvo una sola ministra en provincia de Buenos Aires. Todavía todas las fotos del poder, son fotos de varones y eso es una triste realidad”, lamentó.
Sobre el cierre, negó que la renuncia de Cecilia “Checha” Merchán el pasado jueves a su cargo de secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, haya tenido que ver con el arribo de Manzur. “Nada que ver. Todo su equipo se quedó en el Ministerio”, afirmó, sin dar más detalles.
Manzur, Tucumán y los derechos obstaculizados
La ley nacional que insta a las provincias a que haya Educación Sexual Integral (ESI) en el nivel inicial, primario y secundario de sus escuelas se sancionó en 2006. Tucumán, gobernada por Manzur en los últimos seis años, todavía no adhirió a aplicarla. ¿En qué contexto? Según estadísticas de 2015 del Poder Ejecutivo Nacional, en esa provincia el 20% de los nacimientos fueron de madres menores de 20 años, mientras que la media nacional era del 15,5%. Esas mismas estadísticas daban cuenta de que en Tucumán siete de cada diez embarazos no eran intencionales, tal como explica Julieta Roffo en su nota de elDiarioAR.
A la vez, recién en mayo del año pasado, la provincia aceptó adherir a la ley Micaela, promulgada en enero de 2019 a nivel nacional con el objetivo de capacitar en cuestiones de género a todos los funcionarios de todos los poderes del Estado: Tucumán fue la última en incorporarla.
A instancias de Manzur, Tucumán fue declarada “provincia ‘pro-vida’” días antes de que el Senado rechazara la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en agosto de 2018. Por esos días, el gobernador encabezó una marcha en contra de ese proyecto de ley.
El funcionario impulsó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para prohibir el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en caso de que fuera producto de una violación, un derecho garantizado por el Código Penal desde 1921 y ratificado por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012. Ese mismo año, el fallo impulsó la creación de un protocolo nacional para garantizar el acceso a la ILE por causales: casi una década después Tucumán no adhirió a la medida.
En 2019 la gestión encabezada por Manzur fue denunciada por forzar la maternidad de una nena de 11 años. Su embarazo era producto de la violación de la pareja de su abuela y había solicitado la ILE a la que tenía derecho. El pedido fue en enero, pero el sistema sanitario provincial dilató el procedimiento y finalmente se forzó a la víctima a atravesar una cesárea a las 23 semanas de gestación: la campaña en repudio #NiñasNoMadres recorrió la Argentina y Latinoamérica.
“Se llegó a la cesárea porque es una criatura de 11 años; no están preparados los órganos para un abordaje natural”, dijo Manzur en ese momento. La Corte Suprema provincial aseguró que el Ministerio de Salud local “anunció de manera engañosa que llevarían adelante una Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”.
“Recién las referentas del @FtePatriaGrande, denunciamos por abuso de autoridad a Manzur, las autoridades de salud de Tucumán y una fiscal por obstaculizar el aborto legal de la niña Lucía, quién había sido violada”, tuiteó el 6 de marzo de 2019 Elizabeth Gómez Alcorta, actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.
IG