La impericia política de la Casa Rosada en una cuestión tan sensible como es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) llevó al oficialismo hacia una derrota política de consecuencias todavía insondables. El contundente rechazo de la Cámara de Diputados al DNU que incrementó en $100.000 millones los fondos reservados para el flamante nuevo-viejo organismo no solo expuso, de manera descarnada, la debilidad legislativa de Javier Milei. Por sobre todo, le demostró a Santiago Caputo, el todopoderoso asesor presidencial, que a veces no todo marcha acorde con el plan.
Finalmente, ni Edgardo Kueider ni Martín Goerling, los dos candidatos opositores que auspiciaba La Libertad Avanza, lograron alcanzar los votos necesarios para alzarse con la presidencia de la estratégica comisión bicameral de Inteligencia, conformada este martes y que se erige como contralor de la SIDE ya que cuenta con la potestad de auditar lo que haga el Poder Ejecutivo con sus partidas presupuestarias secretas. La titularidad de ese órgano clave quedó en manos del senador radical Martín Lousteau, que se vendió ante los legisladores kirchneristas —con Leopoldo Moreau a la cabeza, con quien terminó acordando— como una garantía de oposición al Gobierno.
“Me gustaría ver un bloque radical que mañana baje, que dé el debate y vote en contra de este DNU”, lanzó el martes el actual titular de la UCR apenas salió de la reunión de comisión en la que fue entronado con el voto de siete de los 14 legisladores que conforman la bicameral. Las declaraciones de Lousteau, y el posterior aporte del radicalismo al rechazo del decreto en Diputados, ahuyentaron las sospechas, que comenzaron a circular la semana pasada, acerca de un supuesto pacto subterráneo entre Santiago Caputo y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, con el fin de dilatar el debate a cambio de conformar la bicameral y colocar en su presidencia al exministro de Economía.
Lousteau comparte la hipótesis, extendida en gran parte de la opinión pública y en la oposición, de que el incremento de los fondos reservados de la SIDE está directamente vinculado a una estrategia de hostigamiento por parte del Gobierno. “Hay indicios lo suficientemente fuertes de que están siendo utilizados para perseguir periodistas, para hacer campaña, para perseguir opositores y entonces me parece importante controlar eso”, apuntó, sin mayores vueltas.
Mientras tanto, en Balcarce 50 acusan de “irresponsables” a quienes acompañaron la moción impulsada originalmente por el diputado Nicolás Massot de Encuentro Federal, la bancada encabezada por Miguel Ángel Pichetto, entre los que figuró el grueso del bloque PRO que responde a Mauricio Macri. “Lo que hicieron atenta contra la seguridad de todos los argentinos”, sostenían este miércoles fuentes oficiales, sin disimular la indignación por el inédito 156 a 52 en contra. Repetían, además, que tal aumento presupuestario tiene como fin adquirir nuevo equipamiento y “fortalecer” así el “diezmado” sistema de inteligencia. “¡Los narcoterroristas festejan!”, tituló, por su parte, un comunicado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En el oficialismo, por lo bajo, tampoco dudan en echar mano a una justificación un tanto más inquietante. Es la que da cuenta, según pudo saber elDiarioAR, de una advertencia de los servicios de inteligencia de Israel, ocurrida a mediados de julio, acerca de la inclusión de la Argentina entre los potenciales objetivos de ataque de Hamas. Milei agregó esa organización al listado de entidades terroristas el 12 de julio. Durante la semana posterior a esa fecha, en la que tuvo lugar el acto por los 30 años del atentado a la AMIA, pudo vérselo al Presidente rodeado de una custodia reforzada. El polémico DNU 656/24 de los $100.000 millones se publicó pocos días más tarde, el 23 de julio.
A algunos miembros en la oposición aliada no deja de llamarles la atención un dato: la decisión del Gobierno de girar tamaña cantidad de fondos a través de un decreto público y no mediante mecanismos que preserven el secreto, algo que el Estado garantiza para casos de extrema gravedad como el que se denuncia. Otros, en tanto, cargan las tintas contra Santiago Caputo, el hombre fuerte detrás de la reestructuración de la SIDE, al que acusan de haber puesto “el carro por delante del caballo”. “Firmar un decreto que asigna miles de millones de pesos en fondos reservados sin previamente garantizarte el control de la bicameral es un error de principiante”, señalan, pedagógicos.
La Coalición Cívica asegura que la SIDE, comandada en los papeles por Sergio Neiffert, ya dilapidó el 80% del dinero que se le asignó hace tan solo menos un mes. En La Libertad Avanza aseguran que eso es falso. Y explican que cuando el Ministerio de Economía transfiere fondos que son de carácter reservado, estos figuran en el Presupuesto Abierto como “devengados” aunque no hayan sido gastados, debido a que no requieren rendición de cuentas. ¿Contará realmente Lousteau, de nexos innegables con el histórico operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, con la voluntad política para auditar esas partidas? ¿O primará, una vez más, la defensa de los contubernios opacos que hace décadas cruzan transversalmente al submundo del espionaje criollo? Más allá de la suerte que corra el DNU de Milei en el Senado, estas incógnitas tarde o temprano se despejarán.
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