El jueves por la tarde, la Corte Suprema de Justicia de la Nación eligió al juez Horacio Rosatti como su nuevo presidente durante los próximos tres años a partir del 1º de octubre, luego de que se cumpliera el mandato de Carlos Rosenkrantz.
En las horas previas, el nombre de Rosatti era el señalado por todos como posible sucesor, aunque también había posibilidades de que Rosenkrantz renovara su presidencia por otro período.
El magistrado santafesino de 65 años fue Convencional Constituyente en 1994, intendente de la ciudad de Santa Fe entre 1995 y 1999, Procurador del Tesoro de la Nación entre 2003 y 2004 y se desempeñó como Ministro de Justicia y Derechos Humanos entre 2004 y 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Nominado como juez de la Corte por Mauricio Macri en 2016, Rosatti contó con el apoyo de sus colegas Juan Carlos Maqueda y Rosenkrantz, al que Rosatti votó durante el macrismo para concluir con el mandato de 11 años de Ricardo Lorenzetti. Se ausentaron el propio Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco.
Rosatti -al igual que Rosenkrantz- fue designado por decreto por el ex presidente sorpresivamente al inicio de su mandato como parte de un mensaje político. La decisión le valió una lluvia de críticas de la oposición: Macri se vio obligado finalmente a enviar los pliegos al Senado, donde fueron aprobados por una holgada mayoría en junio de ese mismo años.
La jugada de Macri fue considerada un retroceso institucional. En su libro Primer tiempo, Macri reconoce que el nombramiento de Rosatti fue uno de los grandes errores de su gestión: “Terminó fallando sistemáticamente en contra de las reformas y la modernización que impulsamos, favoreciendo así el statu quo populista”.
El juez fue uno de los que impulsó el fallo que impidió que el gobierno de Macri pudiera ejecutar exitosamente el primer tarifazo de gas sin haber llamado a audiencias públicas, lo que fue considerado como una de las fallas de su mandato.
Además, al conocer que su nombre era el que más resonaba para reemplazar a Rosenkrantz, Macri criticó duramente a Rosatti, aseguró que sus fallos tienen “un sesgo ideológico” y lo tildó de “anticapitalista”, luego de que la Corte fallara contra Axion y a favor de la municipalidad de Quilmes al obligar a las empresas a pagar tasas de seguridad e higiene sobre la base de los ingresos brutos del contribuyente.
Rosatti ocupó la Procuración del Tesoro -jefe de los abogados del Estado- en 2003. Su vínculo con Kirchner se remontaba a la Constituyente de Santa Fe, casi una década atrás, pero fue Cristina Kirchner quien se formó una buena impresión de él en ese mismo ámbito. Su llegada al ministerio de Justicia fue precedida por la salida de Gustavo Beliz, en medio de un escándalo por las denuncias sobre maniobras ilegales y corrupción en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE, hoy Agencia Federal de Inteligencia). Su corta estadía y el deterioro de la relación con los Kirchner reconoce varias razones: su rechazo a ser candidato a diputado por Santa Fe, su pésima relación con el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y sobre todo, sus cuestionamientos ante el pago de sobreprecios en la obra pública, por los que apuntó contra los entonces secretario de Obras Públicas José López y ministro de Planificación Julio De Vido.
En su última declaración jurada con fecha de 2019 y publicada en su sitio web, el juez manifestó que tiene a su nombre siete propiedades -que incluyen una cochera, una casa y 5 departamentos en CABA y Santa Fe- y que su patrimonio de ese entonces era de 461.525,49 de pesos y 80.045,46 de dólares, con una remuneración anual de 6.754.589,74 de pesos como juez de la CSJN. Además, era titular junto a su mujer de un crédito UVA para la compra de un inmueble en el país por 150 mil dólares.
En la actualidad, Rosatti está siendo investigado en Santa Fe por una denuncia por enriquecimiento ilícito durante su gestión como Procurador General del Tesoro de la Nación y como Ministro de Justicia y Derechos Humanos bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Según el expediente, Rosatti presuntamente recibía sumas de dinero provenientes de los sueldos de los funcionarios de la administración municipal del ex intendente de Santa Fe, Martín Balbarrey (2003-2007). La denuncia primero se realizó en CABA pero fue desestimada y comenzó a tramitarse en Santa Fe ya que los bolsos eran trasladados supuestamente por Carlos Vera, chofer de Balbarrey.
Hace un mes, el magistrado pidió que se archivara la causa y ante la negativa intentó recusar al juez Federal N°1 de Santa Fe que lo investiga, Reinaldo Rubén Rodríguez, argumentando que una posible “parcialidad y enemistad manifiesta” contra su persona y su familia debido a su intervención en una causa, que involucró a su hijo, Emilio Rosatti, quien fue denunciado por violencia de género en 2017.
El hijo del magistrado trabajaba con Rodríguez en el Tribunal Oral de Santa Fe cuando fue acusado de golpear a su pareja y llevarse por la fuerza a la hija que tienen en común. Rodríguez despidió a Emilio Rosatti del Tribunal al enterarse del escándalo.
Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido de recusación y consideró que el archivo de la causa era “prematuro” e “irrazonable”, e incluso pidió una investigación “seria y profunda”. Fue la primera vez en la historia que un juez de la Corte quiso recusar a un juez federal que lo investiga.
SC/WC