La inflación está convirtiéndose en un tema serio en la Unión Europea. Alemania no baja del 6% anual y los tecnócratas juran que existe riesgo de estanflación. Días atrás, el semanario The Economist jugó en su portada con un título que remitía a la crisis alemana de final del siglo XX: “¿Es Alemania otra vez el hombre enfermo de Europa?”.
España no está mejor. Aunque su inflación es un punto menor, es casi el doble en alimentos: 11% anual. En agosto, los medios informaron que el regreso a la escuela (la compra de libros, hojas, lápices, etc.) fue el más caro de la historia. El aceite de oliva, un ingrediente esencial de la comida ibérica, está tan caro que muchos ciudadanos del país cruzan a Portugal para comprarlo más barato.
En Francia el escenario es muy similar. El índice anual es de un 5%, pero el de alimentos es mayor a 11%. El problema es -en comparación con España-, la sociedad francesa, que siempre está a punto de levantarse en armas, y más si se trata de algo sagrado como la comida.
Para adelantarse a cualquier revuelta, el gobierno de Emmanuel Macron está apelando al instrumental kirchnerista que tiene a mano. Una serie de medidas que Javier Milei no dudaría en considerar marxistas-leninistas y que habilita preguntarse si pondría en riesgo la relación de Argentina con el país de la Libertad (la Igualdad y la Fraternidad).
El punto de partida de las medidas parece salido del escritorio de Guillermo Moreno: un acuerdo de precios con las principales cadenas de supermercados. El primero se realizó en marzo, pero volvió a ponerse en marcha en junio, y ahora se renovó con cinco mil productos de uso cotidiano que congelarán o reducirán su precio. En la negociación reciente, además, el gobierno francés acusó a Unilever, Nestlé y PepsiCo de no ser muy “cooperantes” en la lucha contra la inflación.
Sottovoce se guarda una carta para garantizar este último acuerdo: impedir por ley la práctica del “shrinkflation”, que permite a las empresas de alimentos disimular la suba de precios reduciendo el contenido en envases similares al mismo precio de venta. Días atrás y fruto de una jugada junto a Carrefour y el ministerio de Economía, los franceses empezaron a ver un cartel que advertía la estafa en las góndolas del supermercado galo.
Más indignante aún para los libertarios debe resultar un proyecto de la ministra a cargo de Pymes, Comercio y Artesanías, que propuso esta semana el regreso de las clases de cocina para todos los alumnos de Francia. Si se aprende a cocinar “los productos en bruto” se gastará menos dinero que comprando los que ya vienen procesados, afirmó la funcionaria en una entrevista que sulfuró a la izquierda, cuyo líder, Jean Luc Melenchon, escribió en X: “Ante la escasez de agua potable, los alumnos deberían tomar clases de cata de vino”.
Como si el periodista del diario Le Monde se hubiera extraviado en un super de Buenos Aires, la crónica económica que publica el diario francés esta semana dice: “Los clientes no tienen más remedio que llenar menos sus carritos, bajar de categoría y recortar otros gastos”. “Con 50 euros el carro está vacío”, dice una clienta enojada que deberá conformarse con el equivalente francés de la Manaos ante los precios prohibitivos de las primeras marcas.
Sin embargo, la medida con mayor impacto comercial y simbólico es la de permitir la venta a pérdida de combustible. Francia lo prohíbe desde 1963, pero con la suba de precios del gasoil y el impacto que causa en los alimentos, el Gobierno decidió desempolvar la medida. La idea es ponerla en práctica el 1 de diciembre tras su paso por la Asamblea Nacional.
En principio, duraría solo seis meses y es de carácter voluntario. Cuando el ministro de Economía la presentó afirmó, no sin ironía, que como las empresas se quejaban de no poder ayudar al ciudadano por las trabas del Estado, ahora tenían las manos libres. Se trata de un tiro sin pólvora (la principal empresa del país ya dijo que no lo hará) pero no deja de ser un amague para un sector potente de la economía gala que de esta forma queda avisado.
El escenario está planteado para que Macron siga avanzando con medidas de corte intervencionista. Los medios franceses recogen esta semana un informe del Instituto de Políticas Públicas que vuelve a poner el foco sobre las grandes fortunas del país. La hacienda miró para otro lado y dijo que el estudio es poco serio. Sin embargo, habrá que esperar unos meses a ver si la inflación cede. Si no, el alma kirchnerista del presidente francés podría avanzar sobre las cajas fuertes de los magnates franceses.
AF