Con los tribunales federales de Comodoro Py corridos del centro de la escena, el Gobierno, sectores del kirchnerismo y aliados rotaron el eje del conflicto con el Poder Judicial hacia la Corte Suprema de Justicia, cabeza del sistema, que será este martes el foco de la marcha del 1F, según reconocen oficialistas, opositores y judiciales a elDiarioAR.
Los ministros de la Corte esperan “un año difícil”, confió una fuente del máximo tribunal. Con el diario de hoy, todo indica que serán el “enemigo elegido para la confrontación”, el foco de las críticas y denuncias contra la Justicia.
A los cortesanos también les llegará la hora de decidir sobre los sobreseimientos anticipados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que salieron de los tribunales federales de Retiro en 2021: los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, y una serie de recursos anteriores que pueden modificar el destino del único juicio que comenzó en su contra: Vialidad, la causa por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
Las críticas al llamado lawfare (guerra judicial); los reclamos por la falta de “democratización” de la Justicia; los tiempos y formas de los fallos del máximo tribunal -por ejemplo ante la confirmación de la sentencia contra el exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone-; una nueva mayoría en la Corte que se desmarcó del kirchnerismo; y la elección del nuevo presidente de la Corte, Horacio Rosatti, integran la lista de quejas de los organizadores de la marcha convocada para este martes a las 18. La movilización partirá del Obelisco hacia la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, donde los organizadores leerán un documento único, confirmó a elDiarioAR la jueza Martina Forns, representante de Justicia Legítima en la marcha.
Acá, lo novedoso es que la movilización sea incentivada y difundida por un poder del Estado.
El máximo tribunal venía siendo blanco del oficialismo durante los últimos dos años. Se habló de modificar la integración de la Corte y de ampliar el número de jueces en el marco de la reforma judicial de Alberto Fernández, pero finalmente la intención quedó descartada, aunque se reedita cada tanto en algunos discursos del oficialismo.
“En Comodoro Py ya no están en juego algunos puntos centrales para el kirchnerismo”, dice un juez acostumbrado a las contiendas mudas con el Gobierno. “El conflicto por completar la Cámara Federal (los cargos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) se pospuso; ya quedan pocos frentes judiciales contra la vicepresidenta; no tienen el consenso para nombrar las vacantes en los juzgados de (Claudio) Bonadio, (Rodolfo) Canicoba Corral y (Sergio) Torres, ni la vacante que dejó (Liliana) Catucci en Casación. Por ahora no hay frentes acá”, resumió el magistrado. Los principales expedientes políticos en Retiro giran en torno a las causas por presunto espionaje ilegal contra exfuncionarios de Mauricio Macri.
El último punto de máxima tensión con la Corte fue en diciembre, cuando los jueces declararon la inconstitucionalidad del sistema de integración, quórum y mayorías que rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo complejo y poco atractivo para las crónicas periodísticas pero que encierra el núcleo del conflicto entre el Ejecutivo y la Justicia: se encarga de la selección de los jueces nacionales y federales y del control de su desempeño.
Todos sabemos que no van a renunciar, es un pedido simbólico, una manifestación de hartazgo.
Trasfondo
La decisión de la Corte en diciembre revirtió la ley que había impulsado el kirchnerismo en 2006 y que había modificado la composición del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 miembros. Los cuatro jueces del tribunal entendieron que la actual composición no garantiza el equilibrio de fuerzas entre los integrantes políticos (legisladores del oficialismo y la oposición) y aquellos que representan a los jueces, abogados con matrícula federal y académicos. El fallo también exige al Congreso sancionar una nueva ley; ordena a los consejeros nombrar siete nuevos integrantes del organismo antes de abril; y establece que el presidente de la Corte presidirá el nuevo Consejo —como lo establecía la ley original de 1997— hasta que los legisladores voten la ley.
La elección de Rosatti como presidente de la Corte también impactó en el conflicto, según apuntan en Comodoro Py y el Palacio de Talcahuano. El magistrado conformó una mayoría con sus colegas Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz que le permitió juntar los tres votos -argumentando que podía votarse a sí mismo en base a antecedentes del tribunal- para ganarle la presidencia a Ricardo Lorenzetti, quien ahora mantiene buenas relaciones con el oficialismo.
La elección desencadenó la renuncia de Highton de Nolasco, aliada de Alberto Fernández. Desde entonces, las fuerzas en el tribunal se reacomodaron. Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz conforman ahora el nuevo “bloque de tres”: una alianza a la hora de tomar las decisiones más políticas de la Corte.
Tras el fallo por el Consejo de la Magistratura, a principios de enero, el dirigente Luis D’Elía convocó a una marcha para “echar” a los jueces de la Corte, a quienes calificó de “miserables”. El máximo tribunal rechazó en 2020 un recurso presentado por el dirigente piquetero y ordenó que D’Elía debía cumplir su condena por la toma de la comisaría de La Boca en 2004.
Los jueces de la Corte saben que tienen la lapicera en la mano para condicionar al Gobierno con sus fallos.
Con el paso de los días se sumaron Hebe de Bonafini (presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo), el sindicalista Pablo Moyano (Camioneros) -quien también es investigado en un proceso penal- y el juez Juan María Ramos Padilla. Luego la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y pronto una lista de organizaciones políticas, sindicales, sociales, judiciales y organismos de derechos humanos.
La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo la semana última que “el Gobierno no toma postura sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ningún sector político ni social”. “No son temas sobre los que tenga que opinar el gobierno”, sostuvo. Sin embargo, cuatro miembros del Ejecutivo se manifestaron a favor de la movilización contra la Corte y algunos ya confirmaron su asistencia.
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, confirmó su asistencia para el martes en declaraciones a la prensa y dijo: “Se vienen viendo las mesas judiciales, que las sabíamos, la persecución de los últimos años, un método que el macrismo ha tomado desde su creación y se ha consolidado como un proceso”.
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, afirmó que le “parece sano y necesario que la gente se pronuncie” y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, líder de Justicia Legítima, sostuvo que la movilización es “necesaria” y que “la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda”.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien tiene bajo su cartera a la Policía Federal, encargada de la seguridad del Palacio de Justicia, también se manifestó a favor de la marcha: “Adhiero a que hay que encontrarle una alternativa”, ya que “la Corte sin prestigio no es una Corte”. Ante la consulta de este medio, una fuente del ministerio confirmó que la Federal está a cargo de la garantizar la seguridad en la sede de la Corte, en la calle Talcahuano. En la cartera porteña agregaron que la policía de la Ciudad se encargará del operativo en las inmediaciones del edificio y que coordinará con la Federal.
Adhiero a que hay que encontrarle una alternativa. La Corte sin prestigio no es una Corte.
Distintas asociaciones del ámbito judicial emitieron comunicados contra la marcha del 1F. Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones que representa a los jueces del país, dijo a elDiarioAR que el texto que la entidad distribuyó “no es una oposición a la manifestación popular”. “Acá, lo novedoso es que la movilización sea incentivada y difundida por un poder del Estado”. “La realización de la marcha es legítima y debiera ser en forma pacífica, para expresar una idea. Pero que un poder del Estado promocione la movilización es lo que generó nuestra crítica desde la Asociación de Magistrados”, afirmó Gallo Tagle.
Este martes, cuando la Justicia retome la actividad tras la feria de verano, el funcionamiento de los tribunales y el Palacio de Justicia será “normal”, a pesar de la movilización de la tarde, aseguró el juez del fuero civil.
La Corte también es responsables de las acciones y omisiones que permitieron una Justicia federal en Comodoro Py absolutamente manipulada.
En la Corte, responden que muchas de las críticas del kirchnerismo y del Ejecutivo al funcionamiento del tribunal son problemas generados por el propio gobierno. Mencionan tres de los puntos que les achacan: la Corte no tiene mujeres entre sus miembros desde la renuncia de Highton de Nolasco porque el oficialismo no activa el nombramiento de su sucesora en el cargo; los tiempos del tribunal -agregan- están directamente relacionados con el colapso de recursos presentados por el Estado nacional contra los fallos a favor de los jubilados por recomposición de haberes y reclamos a la ANSeS en su contra; y el Poder Judicial tiene un 30% de vacantes porque el poder político no se pone de acuerdo para avanzar con los concursos en el Consejo de la Magistratura.
Pedidos de renuncia
“Todos sabemos que no van a renunciar, es un pedido simbólico, una manifestación de hartazgo, como cuando fue el 2x1 y la sociedad experimentó que ese fallo se podía revertir”, respondió la jueza Martina Forns, ante la consulta de este medio. La magistrada es secretaria de Justicia Legítima y quien llevará la representación de la organización judicial en la marcha del martes.
Forns trabajó en la Corte Suprema entre 1983 y 1987 y en esos años denunció al entonces ministro del máximo tribunal Carlos Fayt por presunto abuso sexual a sus secretarias privadas, según ratificó a elDiarioAR. El fallecido juez negó entonces las acusaciones y la investigación interna en su contra jamás avanzó. Forns fue trasladada a la Cámara de San Martín, concursó años más tarde y actualmente es jueza federal en esa jurisdicción.
“Piden las renuncias de los jueces de la Corte porque no tienen la capacidad de generar los resortes institucionales ni los elementos para promover la remoción de los ministros de la Corte, y la prueba que no los tienen es que no han hecho nada para removerlos de sus cargos”, aseguró Gallo Tagle. “El apoyo del Ejecutivo a la marcha es otra muestra de falta de idoneidad de la política para cumplir con las funciones de la política, la incapacidad para la virtud de los consensos -remarca Gallo Tagle-. Esto no arranca ahora. No están pudiendo designar un Procurador General de la Nación desde la época de (Mauricio) Macri”.
Piden las renuncias de los jueces de la Corte porque no tienen la capacidad de generar los resortes institucionales ni los elementos para promover la remoción de los ministros de la Corte
Forns respondió: “No todos los que vamos a la marcha tenemos las mismas consignas, pero hay consenso y se han dejado de lado los personalismos, se va con unidad. Las más extremas llevan el pedido de renuncia de los jueces pero también reclaman basta de lawfare, basta de jueces patriarcales y elitistas, reclaman contra el espionaje ilegal y bregan por que haya una Justicia más parecida a la gente”. “Justicia Legítima viene reclamando desde años una reforma y democratización de la Justicia, y en ese marco, una reformulación de la composición de la Corte, un tribunal patriarcal, elitista, sin transparencia en el manejo de fondos ni perspectivas de género”, sostuvo la jueza de San Martín.
“La postura de Justicia Legítima es ir por los caminos legales y democráticos. Suena muy fuerte el pedido de renunciar pero lo que se pide es una reformulación del poder Judicial. Somos profesores de la facultad, jueces y fiscales, jamás vamos a pedir algo que no esté conforme con la ley pero acompañamos los reclamos populares aunque sean fuertes”, aseguró Forns en defensa de quienes irán a reclamar la renuncia de los cuatro jueces de la Corte.
La jueza agregó: “Yo invito a mis colegas a escuchar esta vez a la sociedad, hace bien estar al lado del pueblo y del reclamo de Justicia. Va a ser un antes y un después”.
En los tribunales de Comodoro Py 2002, uno de los jueces referentes de los federales sostiene que “el kirchnerismo necesita buscar con quien confrontar porque la base de su acción política es la confrontación y los jueces no podemos responderles”. Por eso, dice, son un enemigo conveniente. “Están perdiendo terreno, en la calle, en la economía”, dijo el juez consultado. “La marcha coincide con el regreso de la actividad judicial -tras la feria de verano- pero también es posterior a la fecha en la que debían acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si no acordaban y el lunes los mercados se derrumbaban, tenían la marcha para intentar tapar”, analizó uno de los jueces alineados con la Asociación de Magistrados. “Pero incluso habiendo acordado, la necesidad de la señora (sic) de resolver sus problemas judiciales va a seguir existiendo el Presidente ese problema no se lo puede resolver”. Se refiere a Fernández de Kirchner.
¿Por qué la Corte y por qué ahora?
El martes 7 de diciembre, la Corte Suprema recibió por primera vez al ministro de Justicia, Martín Soria, tras unos nueve meses de desencuentro. La reunión, de alrededor de 30 minutos, no sólo reavivó el foco de conflicto entre ambos poderes sino que tuvo como fin reeditar la confrontación, sostiene una fuente del Palacio de Justicia. “El Gobierno sabía que se venía el fallo adverso por la ley del Consejo de la Magistratura y por eso Soria pidió la reunión”, opinó un juez con aceitado diálogo con funcionarios de Alberto Fernández.
Soria salió ese día de la reunión y criticó a los integrantes de la Corte en su cuenta de Twitter. “Mantuve una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”.
Forns explicó a elDiarioAR: “El palacio de Justicia - sede de la Corte- es emblemático, es el símbolo de la suma del poder pero creo que, además, es por ida de Highton, por ver cuatro integrantes varones que se autonombran o autovotan, sobre quienes no sabemos muy bien qué opinan. La marcha es contra el sistema y la Corte tiene el poder de decisión no solo de las causas sino la superintendencia de todos los jueces del país”.
“La marcha es a la Corte porque el tribunal acaba de decretar la inconstitucional de la ley del Consejo de la Magistratura. Siempre hay una reacción cuando hay un fallo adverso, y vienen los ataque a la Justicia, con promesas de reestructuraciones y sanciones”, retrucó Gallo Tagle.
“La Corte omite resolver causa en tiempo y forma y resuelve las causas que les interesan de un día para otro. Un ejemplo es la forma en que resolvieron a fines de diciembre y después de 15 años el fallo de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y determinaron que el presidente de la Corte tiene que ser el presidente del Consejo”, afirmó Forns. “La Corte también es responsables de las acciones y omisiones que permitieron una Justicia federal en Comodoro Py absolutamente manipulada”, añadió la jueza.
Forns adelantó que la marcha se replicará en distintas provincias, donde los manifestantes marcharán a la sede de los poderes judiciales locales.
La diputada Margarita Stolbizer (GEN) también cree que el principal punto débil del Poder Judicial es su descrédito y que la Corte no ha tomado cartas en el asunto para restaurar una sana relación con la sociedad. Pero Stolbizer sostiene que el máximo tribunal es ahora foco de conflicto con el Ejecutivo porque “sigue sintiéndose fuerte frente al Gobierno y prefiere mirar para otro lado frente a los ataques”. “Los jueces de la Corte saben que tienen la lapicera en la mano para condicionar al Gobierno con sus fallos”, afirmó la diputada a elDiarioAR.
El Gobierno no toma postura sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ningún sector político ni social.
Además de los fallos que pueden eventualmente revocar los sobreseimientos de la vicepresidenta y ordenar la realización de los juicios en su contra, la Corte interviene en cuestiones de Estado que implican miles de millones de pesos en juego. El tribunal ya dictó dos fallos sobre la coparticipación y tiene pendiente fallar sobre un reclamo de la Ciudad de Buenos Aires contra Nación.
En 2021, los ministros de la Corte determinaron que el Estado nacional debía pagarle $86.000 millones a Santa Fe por una quita de la coparticipación federal. En un fallo anterior había beneficiado también a San Luis por $26.000 millones. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta reclama ante el tribunal que Nación restituya el porcentaje de coparticipación que había recibido durante la gestión de Mauricio Macri para el financiamiento de la policía de la Ciudad y que le fueron quitados por el presidente Fernández.
“Esta marcha es un comienzo. Hay un hartazgo y el único camino posible es comenzar, es importante que se ponga en agenda el tema de la justicia. Distintas organizaciones van a pesar de sus diferentes consignas a constituirse en una marea, en una masa crítica. Va a ser muy concurrida y va a desbordar la plaza de Tribunales. Esa importancia que va a tener se refleja en los ataques”, concluyó Forns.
Este artículo fue modificado el 31 de enero a las 12:09. La norma que establecía que el presidente de la Corte Suprema debía presidir el Consejo de la Magistratura era la ley original sancionada en 1997, tras la reforma constitucional de 1994.
ED